Llaman a la puerta de casa en una rutinaria mañana de verano. Nada más abrir, una pareja de inspectores del gas saluda a la dueña del piso. Los operarios, equipados con carpetas, acreditaciones, publicidad y folletos informativos, se presentan de buenas maneras a la moradora. Después de facilitar sus datos y el nombre de la empresa para la que trabajan, entran en la vivienda y revisan las instalaciones del butano. En cuestión de escasos minutos, hacen la reparación y extienden a la dueña la correspondiente factura.

En ocasiones, los precios son abusivos ya que el trabajo sólo ha consistido en un simple servicio de cambio de la goma o el regulador de las bombonas. Y, al final, a la clienta no le queda más remedio que pagar un importe de entre 120 o 30 euros. Luego, los empleados abandonan el domicilio y se dirigen a otras viviendas de la finca con el mismo procedimiento.

Estos hechos vienen repitiéndose desde los últimos cinco años en Mallorca. Pero lo más grave del caso, según fuentes de la dirección general de Consumo de la conselleria de Salud y Consumo del Govern, es que los revisores acuden paulatinamente a los mismos inmuebles sin respetar el plazo y la vigencia de las anteriores reparaciones.

Estas empresas, conocidas popularmente como 'los tuberos', rozan la ilegalidad. Según fuentes policiales, es muy difícil poder probar que su actividad es ilícita y que han cometido una estafa a los propietarios de los pisos afectados. Otra de las características de estas sociedades es que constantemente cambian de nombre y tienen una gran movilidad tanto por la península como por las islas.

Una comunidad de vecinos de Cala Major, en Palma, ha alertado que en los últimos días varios inspectores han realizado costosas reparaciones en los inmuebles. "Vinieron tres instaladores del gas. Les pedí la documentación y dos me la entregaron mientras que el otro se marchó de la finca a toda prisa. Apunté sus datos y subieron a las viviendas", explica el portero del edificio, identificado como R. G. B.

"Lo curioso es que el año pasado ya habían estado en la misma comunidad de propietarios, aunque en muchas de las facturas no figuran las fechas. Una de las vecinas, una anciana extranjera, me dijo que le habían hecho la revisión en 2002 y 2003. Hace dos años pagó unos 102 euros por 'arreglos y servicios', que consistieron en un simple cambio del regulador. Es una vergüenza porque tendrían que venir cada cinco años que es cuando caducan las inspecciones", detalla el portero.

"Normalmente, se dirigen a pisos en los que vive una sola persona, casi siempre una señora mayor y de otra nacionalidad que no recuerda cuándo fue la última vez que pasaron. Estos vecinos no quieren líos y, por seguridad, autorizan a los operarios a que revisen las instalaciones del butano", comenta R. G. B. con tono indignado mientras muestra dos facturas de años anteriores dirigidas a la misma clienta. El portero de la finca de Palma cree que estas empresas no informan de que sus servicios no son obligatorios, sino opcionales, por lo que se "aprovechan de la buena fe de los vecinos". No obstante, la actividad de este tipo de sociedades es legal y pueden actuar libremente por las viviendas. "Lo principal es que los vecinos sepan que se pueden negar a las revisiones", concluye el hombre.

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denuncias

Consumo gestionó 65 reclamaciones en 2003

La dirección general de Consumo, dependiente de la conselleria de Salud del Govern, contabilizó 65 reclamaciones en 2003 por supuestas inspecciones irregulares del gas en domicilios de Balears. En lo que llevamos de año, el servicio de reclamaciones del organismo ha gestionado ocho denuncias por la misma causa. Consumo alerta de los precios abusivos y la falta de información a los clientes por parte de 'los tuberos'.