VIVIENDA
Una vecindad de Madrid se organiza como “bloque en lucha” frente a un fondo de inversión
Los residentes del edificio, situado en pleno barrio de Malasaña, denuncian desalojos progresivos y falta de alternativas habitacionales tras la compra del inmueble por Vencar Capital

Movilización en Valverde 42. / Pilar Ruiz Costa
Gloria Barrios
La vecindad del número 42 de la calle Valverde, en el barrio madrileño de Malasaña, ha decidido organizarse y constituirse como "bloque en lucha" tras la compra del edificio por un fondo de inversión. La operación, realizada el pasado 6 de noviembre, ha encendido las alarmas entre los residentes, muchos de los cuales llevan más de veinte años viviendo en sus casas.
Según han explicado los vecinos y vecinas afectados, el nuevo propietario, el fondo Vencar Capital, comunicó tras la adquisición su intención de desalojar todas las viviendas de manera progresiva, a medida que fueran venciendo los contratos de alquiler. Una estrategia que, denuncian, se está planteando “en plazos incompatibles con una alternativa habitacional”, sin tener en cuenta la situación personal y económica de quienes habitan el inmueble.
La vecindad alerta de que este tipo de prácticas son cada vez más habituales en zonas céntricas de Madrid, especialmente en barrios como Malasaña, donde la presión inmobiliaria y la especulación han provocado un aumento sostenido de los precios del alquiler y la expulsión de residentes históricos. “No se trata solo de un edificio, sino de un modelo de ciudad que prioriza la rentabilidad frente al derecho a la vivienda”, señalan desde el bloque.
Ante esta situación, los residentes de Valverde 42 han comenzado a organizarse colectivamente para visibilizar su caso, apoyarse mutuamente y exigir soluciones que garanticen su permanencia o, al menos, alternativas dignas antes de cualquier desalojo. La creación del bloque en lucha busca también tejer alianzas con otros colectivos y vecindades afectadas por procesos similares en la capital.
El conflicto de Valverde 42 se suma así a una larga lista de tensiones entre fondos de inversión y residentes en Madrid, reabriendo el debate sobre la necesidad de políticas públicas que frenen la especulación inmobiliaria y protejan el derecho a la vivienda, especialmente en los barrios más castigados por la gentrificación.
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