Una oenegé denuncia el acceso sin orden judicial a los móviles de los migrantes

Canarias es uno de los principales puntos de llegada de migrantes a Europa, siendo la puerta de entrada para una de cada diez personas que accede al territorio de forma irregular. Esta condición de frontera sur de la Unión Europea ha hecho del Archipiélago un espacio clave en el despliegue del nuevo modelo europeo de control migratorio: la llamada frontera «inteligente».

Así lo advierte el informe Fronteras «inteligentes», democracias negligentes, elaborado por la Fundación PorCausa y el Centro Delàs de Estudios para la Paz. El documento describe cómo España –y, en particular, Canarias– actúa como escenario prioritario para la aplicación de tecnologías de vigilancia, identificación biométrica e inteligencia artificial en la gestión de la migración, en un contexto marcado por la falta de transparencia y de control democrático.

Según destaca la investigación, la Policía Nacional y la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) están utilizando programas informáticos para acceder sin autorización judicial al contenido íntegro de los teléfonos móviles de las personas migrantes, incluidas herramientas de extracción de datos como el software israelí Cellebrite.

Esta práctica, documentada en el contexto de la gestión de las llegadas irregulares, supone no solo «la violación de la intimidad de personas vulnerables que no han cometido ningún delito», sino que la información obtenida se emplea posteriormente para criminalizar a estas mismas personas en procedimientos plagados de irregularidades.

El Archipiélago es un campo de pruebas para la aplicación del modelo de frontera «inteligente» de la UE

PorCausa alerta también del uso creciente de sistemas de reconocimiento facial por parte de las fuerzas de seguridad. En España, el programa ABIS, desarrollado por la empresa Thales, gestiona ya más de cuatro millones de registros faciales y ha sido utilizado en cientos de investigaciones.

Se trata de una tecnología extremadamente sensible que, sin embargo, «carece de auditoría pública», y cuyo entrenamiento con bases de datos policiales «plantea un riesgo evidente de sesgo racial y discriminación». En Canarias, donde la población migrante registrada en este sistema es mayoritariamente africana, se refuerza la posibilidad de una racialización algorítmica del control, es decir, que el riesgo se asocie automáticamente al origen o al color de piel.

España es un referente europeo en el modelo de frontera inteligente

El informe sitúa estos ejemplos dentro de un patrón estructural que ha convertido a España en uno de los principales referentes europeos del modelo de frontera inteligente. Desde el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), que vigila las costas canarias desde hace más de dos décadas, hasta los proyectos biométricos desarrollados en Ceuta y Melilla, el Estado español combina su condición de frontera exterior de la UE con una estructura tecnológica avanzada y una densa red de contratos con grandes corporaciones de defensa y tecnología.

Desde la perspectiva de la organización, España ha funcionado como un banco de pruebas para Europa, convirtiéndose en pionera en innovación, pero también en falta de rendición de cuentas. Para la elaboración del informe, PorCausa ha analizado 674 contratos firmados por España entre 2018 y 2025 relacionados con tecnología fronteriza, que en conjunto suman 541 millones de euros.

Los contratos se los reparten Escribano, Telefónica y Thales

De ese total, el 44,1% se adjudicó mediante procedimientos negociados sin publicidad, en muchos casos amparados en argumentos de urgencia o seguridad nacional. Las empresas beneficiarias de estos acuerdos se repiten de forma sistemática: las diez principales concentran el 72,5% del gasto, con la empresa española de defensa y tecnología Escribano, Telefónica y la firma aeroespacial y de defensa francesa Thales a la cabeza del ranking.

El sistema de reconocimiento facial ABIS plantea riesgos de sesgo racial y discriminación

La mayor parte de los contratos se destinan a sistemas de vigilancia y control fronterizo, inteligencia digital e infraestructuras tecnológicas vinculadas a la identificación biométrica. No obstante, la propia organización subraya que la falta de información pública dificulta conocer el alcance real de estos proyectos y sus características técnicas.

En este contexto, PorCausa advierte de un escenario de grave déficit de transparencia, ya que la información sobre los contratos públicos asociados al control migratorio aparece fragmentada, resulta «difícil de rastrear» y, en numerosos casos, se tramita sin concurso público ni desglose técnico. Las empresas adjudicatarias se repiten y el lenguaje de los pliegos se vuelve cada vez más impreciso, recurriendo a fórmulas genéricas como «sistemas avanzados de observación» o «soluciones de inteligencia artificial aplicada». Para los autores del informe, esta situación responde a una tendencia estructural: la privatización de la soberanía «no es un accidente, sino un síntoma».

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