Derechos sociales
Casi 36.000 personas habrán fallecido en 2024 en las listas de espera de la dependencia, una cada 15 minutos
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales explica que, a este ritmo, se tardará unos cinco años en lograr la plena atención

Una mujer mayor dependiente y su cuidadora pasean por la ciudad. / EP
María G. San Narciso
Alrededor de 214.000 personas con solicitud de dependencia fallecerán en 2024. El 83,2% estarán siendo atendidas y el 16,8% a la espera. Esto quiere decir que unos 35.920 dependientes habrán muerto este año esperando su asignación o, lo que es lo mismo, unas 98 personas mueren al día en las listas de espera de la dependencia (una cada 15 minutos).
Desde 2017, el número de personas fallecidas en las listas de espera asciende a casi 389.000; unas 900.000 en total desde que se aprobó la Ley de Dependencia en 2006, tal y como se desprende del informe del Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Esta Asociación muestra que, si bien este año habrá menos personas fallecidas a la espera que en 2023 -unas 4.056- "este buen dato no puede nublar la cruda realidad de que volverán a fallecer cerca de 36.000 personas esperando ser atendidas por el sistema de la dependencia".
Además, unas 131.000 personas se encontrarán en el llamado 'limbo de la dependencia', es decir, esperando a que le asignen un servicio pese a tener concedido un grado de dependencia, cuando termine el año. A este ritmo, aseguran, se tardarían unos cinco años en lograr la plena atención.
Servicios 'low cost'
Porque, según indican, se necesita más presupuesto para los servicios, pero también para reducir el limbo. Por ejemplo, partiendo del dato de que en octubre de este año había 291.649 personas que se encontraban "desatendidas", "el sistema necesitaría 1.750 millones adicionales para poder absorber la lista de espera con un coste medio por persona dependiente de 6.000 euros anuales".
Otra denuncia que hacen es que la atención se está abaratando al tiempo que se reduce la intensidad de los servicios. "Resulta muy preocupante que cada vez se reduzca más el gasto por persona atendida, de manera que si en el año 2010 ascendía a 8.145 euros, 14 años después, a pesar del incremento de costes (IPC) de los servicios, esta cuantía se ha reducido a 5.982 (-26,6%)", afirman. Esto, en opinión de la Asociación, evidencia que la reducción de la lista de espera y el incremento de personas atendi. [;ariano]das se está llevando a cabo "a costa de reducir las cuantías de las prestaciones o de apostar por servicios 'low cost'".
"El 31 de diciembre del 2013, [Mariano] Rajoy plantea un decreto donde baja las intensidades de la ayuda a domicilio, reduce las prestaciones económicas y hace incompatibles los servicios entre sí. De esta forma, vamos a un sistema low cost de la dependencia. Cada vez las prestaciones son más ridículas y cada vez la intensidad de los servicios son más pequeños", explica José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación, a este periódico.
En mayo de 2023, el Gobierno recuperó las prestaciones económicas de estos recortes, además de las intensidades de la ayuda al domicilio. "Lo que pasa con esto último -prosigue- es que hay que solicitarlo por parte de las personas usuarias y elaborar un nuevo procedimiento, que muchas comunidades autónomas todavía no han establecido, con lo cual seguimos con intensidades medias de 33 horas al mes para atender a una persona dependiente".
Todo esto, denuncia, hace que muchas personas dependientes no puedan terminar su proyecto de vida en sus propias casas.
Tramitación lenta
El trabajo también expone las diferencias entre las comunidades autónomas. Por ejemplo, la inversión más alta por persona potencialmente dependiente en España la hacen La Rioja (1.825 euros) y Castilla-La Mancha (1.702 euros), mientras que las que menos invierten son Galicia (848) y Asturias (806).
Por lo general, el gasto medio en España son unos 1.378 euros.
Asimismo, exponen que la tramitación de un expediente de la dependencia dura en torno a un año (330 días), aunque en cinco comunidades autónomas este plazo es superior: Asturias (339 días), Galicia (387), la Región de Murcia (514), Canarias (574) y Andalucía (618).
Los retrasos, 18 años después de la publicación de la ley, los achacan a dos causas fundamentales: los sucesivos recortes sufridos en la financiación de la ley, y el "disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones".
A ese tiempo hay que añadir el que se tarda en hacer efectiva la prestación o servicio concedido que, como se ha observado, no siempre es rápida.
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