Medio ambiente

Los regadíos ilegales continúan en el entorno del Mar Menor

La CHS sigue detectando en cada campaña de cultivo nuevos riegos sin autorización en el Campo de Cartagena por el entramado de redes de distribución del agua, en ocasiones «oculta»

Fincas denunciadas por regadío ilegal en Los Nietos (Cartagena).

Fincas denunciadas por regadío ilegal en Los Nietos (Cartagena). / Iván Urquízar

Alberto Sánchez | @asanchez777

El regadío ilegal continúa en el Campo de Cartagena. Una de las principales batallas que se libran para la recuperación del Mar Menor parece no tener fin. Pese a los cientos de expedientes sancionadores abiertos en los últimos años contra los agricultores que llevan a cabo riegos sin autorización en sus cultivos, esta práctica no ha cesado en la comarca. La Confederación Hidrográfica del Segura detecta en cada campaña de cultivo, sobre todo de productos hortícolas y en el entorno del Mar Menor, nuevos «usos privativos de agua sin autorización», una práctica que intentan atajar con la suspensión temporal de la actividad agrícola, el corte del suministro de agua y precintado de las conexiones con la red principal. 

Estas tuberías de distribución son el elemento clave: "Es tal el entramado de redes de distribución y su interconexión, en muchos casos oculta, que es relativamente fácil proporcionar agua a parcelas sin autorización a pesar de los esfuerzos de nuestros agentes medioambientales", señala el organismo de cuenca a preguntas de este periódico. Desde que se comenzó a cuantificar los regadíos ilegales en la cuenca hasta ahora, la Confederación ha abierto 802 expedientes para propietarios de terrenos de la cuenca del Mar Menor. De este total, el 72% son por riego ilegal de la parcela (577). Por este tipo de acciones, la CHS ha impuestos sanciones por un valor de cuatro millones de euros, incluido las multas por dañar los terrenos públicos hidráulicos. 

Hasta ahora, se ha cortado el agua a 7.913,83 hectáreas del total cuantificado, que ascendía a 8.460 hectáreas en la cuenca. Esto lleva a una disminución de la presión de la actividad agrícola sobre el entorno de la laguna salada, un objetivo que se habían marcado las administraciones. De los 577 expedientes abierto, el 1,73% de ellos corresponden a regadíos ilegales en parcelas de más de 100 hectáreas, el 4,6% a terrenos de más de 50 hectáreas y un 13% a fincas de más de 25 hectáreas. El resto corresponde a parcelas más pequeñas. "La extensión media de las fincas denunciadas es de 13,64 hectáreas", apunta la Confederación. Otro dato destacado es que más de la mitad de los expedientes sancionadores (56,3%) han ido dirigidos contra empresas del Campo de Cartagena, y el resto a particulares. 

El TSJ retira una multa de 24.000 euros por falta de pruebas

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha librado a la empresa Agromark, con sede en Torre Pacheco, de una sanción de la Confederación Hidrográfica del Segura cuya multa ascendía a 24.000 euros por llevar a cabo riego sin autorización. El tribunal, que ha estimado el recurso de la empresa, considera que no existen pruebas suficientes que vinculen a la firma agrícola con el riego ilegal de unas parcelas que suman más de cinco hectáreas de terreno. En concreto, el organismo de cuenca multó a la compañía porque durante la visita de un agente, uno de los operarios indicó que lo que se cultivaba en dichos campos era para Agromark. "No se aporta ningún documento que avale que la recurrente es la que explota y efectúa un uso privativo de aguas sin autorización". El TSJ ha condenado a costas a la CHS.

«No podría decirse o darse por terminado el cese de suministro mientras existan nuevas denuncias realizadas por el Servicio de Policía y Cauces de la CHS en sus labores de inspección», apuntan desde el organismo de cuenca. A esto se añade que, actualmente, la mayoría de los propietarios de regadíos ilegales que tienen expedientes en fase de tramitación y sin resolución no lleva a cabo el cese de suministro de forma voluntaria hasta que no finaliza el proceso administrativo. 

Por otro lado, la CHS determina que "también" se ha detectado «un cambio en la concienciación del agricultor ante la problemática del Mar Menor» con expedientes de los últimos años. Las desconexiones voluntarias de suministro con asistencia de los agentes medioambientales de la Confederación ascendieron a 3.518 hectáreas y los ceses voluntarios por parte del propio agricultor a otras 2.437 hectáreas.

La CHS ha revisado sólo el 7,6% de los expedientes de los regantes

La Confederación Hidrográfica del Segura ha revisado hasta ahora el 7,6% de los expedientes remitidos por los regantes del Campo de Cartagena para certificar que cumplen con las medidas de protección del acuífero cuaternario. Hasta ahora, por las manos de los técnicos han pasado 213 expedientes de los 2.778 que la comunidad de regantes del Campo de Cartagena remitió al organismo de cuenca para lograr el visto bueno a los cultivos. La superficie que abarca la reflejada en esos documentos llega a las 19.065 hectáreas, de las que estrictamente en la zona afectada por las citadas medidas se corresponden 12.307. 

Para las superficies en las que se ha detectado, en principio, un incumplimiento formal en la documentación presentada, el organismo de cuenca ha requerido a los propietarios que «procedan a su subsanación» a través de la comunidad de regantes. Entre aquellos que deberán aportar documentación extra, son agricultores que tienen un total de 7.940 hectáreas dentro de los perímetros de los comuneros del Campo de Cartagena. Al resto de los afectados se les ha comunicado a título individual, explica la Confederación. 

El presidente de la CHS, Mario Urrea, no se plantea por el momento modificar estas medidas de protección, como pidieron las organizaciones agrarias, ya que, de momento, el control de la CHS en la zona "no puede ser suplido por otros equivalentes en la administración autonómica». En referente a esto, la Confederación remarca que el Gobierno regional "aún no tiene operativos ni los programas de actuación en zonas vulnerables ni la Entidades Colaboradoras de la Administración Regional para el control de las prácticas y medidas que en ellos se contemplen, ni los correspondientes a la Ley del Mar Menor."

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