Las administraciones se dan un plazo de ocho años para terminar con los realojos de la Cañada Real

La Cañada Real vuelve a tener hoy el mismo problema que hace un año. Escuchando a los vecinos, parece que el tiempo se ha parado y que no ha habido avances. Las autoridades piensan en los realojos. Los vecinos en tener luz y calefacción ahora que el frío ya se ha instalado en Madrid; pero algunos no quieren saber nada de viviendas fuera de este enclave. Lo urgente frente una reparación a largo plazo. Parte de los vecinos, hastiados precisamente porque consideran que nadie atiende sus necesidades inmediatas, hacer frente al invierno, han pedido amparo a Europa y creen tenerla de su lado, pero la argumentación recibida es también utilizada por las autoridades nacionales a su favor.

"Hace 20 años las cosas estaban igual, es un problema recurrente para las administraciones madrileñas y tiene muy difícil solución", recuerda un funcionario de la Comunidad de Madrid que lleva años viendo cómo este asunto vuelve a los medios invierno tras invierno. Sin embargo, en la propia Comunidad alguien le lleva la contraria: la diferencia entre lo que pasaba hace unos años y ahora es que hay "sintonía" entre las distintas instituciones, gobierne un partido u otro en cada una de ellas. Y ese entendimiento apunta en una dirección: hay que realojar a los vecinos en viviendas dignas y devolver la Cañada a lo que era "en los años 60", explican desde el comisionado de la Comunidad para la Cañada Real.

Nuevo protocolo en marcha

Para conseguir ese objetivo, Gobierno de la nación, Comunidad de Madrid y los tres ayuntamientos implicados (Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada) trabajan en un protocolo en el que quede negro sobre blanco cuánto dinero tiene que invertir cada uno de ellos, cómo y en qué se va a invertir, y en qué plazo. El intercambio de documentos se ha intensificado en las últimas fechas y, según distintas fuentes, en pocas semanas podría ver la luz ese protocolo capitaneado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) en el que se especifica que harán falta alrededor de 330 millones de euros para las 1.600 viviendas que aproximadamente se necesitarán para los realojos de la Cañada. Con este presupuesto, la idea es que el plan global de realojos se ejecute en los próximos 8 años, es decir, que el objetivo de las instituciones es que el problema de la infravivienda en la Cañada pueda solucionarse entre 2023 y 2030. Los realojos, explican las fuentes consultadas, están pensados para los sectores 3, 4, 5 y 6.

División por sectores

La Cañada Real es un espacio de 15 kilómetros en el que se han ido sumando asentamientos ilegales en el que conviven infraviviendas y chabolas con otras edificaciones prácticamente integradas en la ciudad. Son 6 sectores muy diferenciados entre sí, en los que, según el último censo oficial de 2017, viven más de 7.000 personas, y más de la mitad de ellas, 4.535 personas de las que 1.812 son niños, concentradas en el sector 6. Precisamente, una de las iniciativas de la administración ha sido lanzar una licitación que les permita antes del próximo verano tener un nuevo censo actualizado.

Según se acordó ya en 2017 en el Pacto Regional que firmaron todas las formaciones con representación en la Asamblea de Madrid, los sectores 1 y el 2, entre Coslada y el sur de Madrid (Vicálvaro y Vallecas, aproximadamente) se consolidarán con el tiempo e inversión por parte de las administraciones. En los sectores 3, 4 y 5 la consistencia de las viviendas varía de un lugar a otro, pero el problema, según las autoridades, es que se sitúan cerca de vías ferroviarias y viarias que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos allí asentados. Y el sector 6, donde se ubican la mayor parte de las infraviviendas, está destinado a desaparecer. Pero aquí donde los realojos están claros para las administraciones, es donde los vecinos más se quejan.

Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid: "Se está produciendo un desalojo forzoso y sin precedentes prohibido por Naciones Unidas"

"Desalojos forzosos"

Ese plan global que se detallará en el protocolo y que sobre el papel resulta tan satisfactorio para las administraciones implicadas, no lo es tanto para vecinos y formaciones políticas que dan voz a sus quejas. "Se está produciendo un desalojo forzoso y sin precedentes prohibido por Naciones Unidas", denunciaba esta semana Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. "Nos están coaccionado. La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid están enterrando restos tóxicos y cierran el camino a los que viven allí", explica a este diario Houda Akrikrez, presidenta de la Asociación Tabadol del sector 6 de la Cañada Real. Se refiere a lo que se conoce como "zona sin asfaltar" en ese sector, un espacio de 3 km situado junto a la incineradora de Valdemingómez, ya de por sí polémica por los niveles de contaminación detectados en el entorno y su afección a la salud de los vecinos.

Precisamente Unidas Podemos ha dado cobijo estos días a Akrikrez y su organización en Bruselas, a donde han acudido acompañadas por los eurodiputados María Eugenia Rodríguez Palop y Miguel Urbán a denunciar la discriminación que sufren los cerca de 4.000 residentes de este enclave que llevan dos años sin luz. La portavoz de esta formación en Madrid denuncia que "el corte de suministro de electricidad" es una forma de "coacción directa para que los mas vulnerables abandonen sus casas" y que esta acción tiene un fin evidente: "Los desarrollos urbanísticos de sureste" de Madrid. A eso suma Jacinto lo dicho por Akrikrez, "los vertidos ilegales de escombros y de tierra que están cercando a la población", produciendo que sea un lugar "invivible" donde incluso "se cierra el paso de las ambulancias".

Reforestación ambiental

Markel Gorbea, comisionado de la Comunidad para la Cañada Real, niega tajantemente la premisa que contienen las denuncias que vierten Podemos y los vecinos: "No se busca especular". Y apunta a que, por el contrario, el objetivo es cerrar el círculo a través de lo que llama "restauración medioambiental"; cuyo punto de inicio es precisamente el "camino sin asfaltar" en el área cercana a la zona sur de Vallecas a la que hace referencia Akrikez. ¿Y eso qué significa exactamente? Desde el Comisionado explican que en el kilómetro largo de esos 3 sin asfaltar que se ha cerrado ya al tráfico "para reconfigurar la Cañada", esta misma semana, precisamente, se prevén plantar "8.000 unidades de plantas, arbustos, etc. "Es un tema urbanístico que genera problemas sociales y el ciclo previsto es el siguiente: se organizan los realojos con viviendas normalizadas, se demuelen y reciclan las chabolas que van a quedar vacías y el espacio que dejan se rellenan con tierra fértil para que vuelva a ser vía verde ciclable y no un foco de problemas".

Junto a esta iniciativa que acompaña a los realojos, fuentes del equipo que participan en los trabajos conjuntos de las distintas instituciones aseguran que en este último año se ha avanzado también en otros aspectos de los distintos sectores de la Cañada real para que la vida allí, dicen, sea un poco más fácil. Se han realizado obras en el asfaltado, se han incluido pictogramas de control de la velocidad en el suelo, se ha intervenido sobre los tendidos eléctricos para que el tráfico rodado sea más seguro, hay un nuevo punto de acceso a internet vía satélite para los deberes escolares, se han colocado cámaras de vigilancia para evitar vertidos y controlar las matrículas de vehículos asociadas a esos vertidos, y se ha procedido, también, a acciones en la seguridad pilotadas por la Delegación de Gobierno en Madrid. Pero sin luz, estas iniciativas no son suficientes para Akrikrez y los vecinos que representa.

Involucración del Gobierno estatal

El Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado una partida de 8,38 millones para los gastos derivados de los realojos, según explicó hace poco la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González. Pero esa cantidad se elevará hasta más de 100 en los próximos cuatro años, cuando se firme el protocolo entre las distintas administraciones. González retomó este problema hace más de un año con la intención de que los tres niveles de la Administración implicados que hasta ese momento se habían estado dando la espalda empezaran por fin a trabajar juntas, y así se constituyó en septiembre de 2021 el Grupo de Trabajo Interministerial que ella misma coordina como respuesta a un requerimiento de Naciones Unidas para dar una solución al problema de esta población. 

A pesar de las diferencias evidentes entre las máximas responsables de la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno, sus equipos mantienen una relación totalmente distinta en los grupos de trabajo y solo hay buenas palabras para la otra parte por la labor que se está realizando. Pero una cosa es el trabajo a medio largo plazo que se está haciendo para los realojos, y otra muy distinta la petición de los vecinos de tener acceso a la luz ya. Y para esto último, los tres grupos de izquierdas de la Asamblea de Madrid, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, registraron el 16 de noviembre una Proposición no de Ley para exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid "que se adopten de manera inmediata soluciones estables y duraderas para devolver el suministro eléctrico a los hogares de la Cañada Real Galiana, que el pasado mes de octubre cumplieron dos años sin electricidad". Esta iniciativa, en apoyo a la Plataforma Cívica ‘Luz Ya para la Cañada Real’ que concentra su labor especialmente en el Sector 6, solo busca "cumplir con los derechos humanos", explican desde Unidas Podemos.

Respuesta a Europa

Akrikez advertía hace unos días en sus redes sociales que el Gobierno tiene escasos días para informar al Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa la solución que tiene prevista para la Cañada Real. Este comité de expertos independientes instó a las autoridades españolas a adoptar "medidas inmediatas" en la Cañada Real y a "garantizar que todas las personas afectadas tengan acceso a la electricidad y la calefacción, teniendo en cuenta, en particular, las necesidades de los grupos vulnerables afectados (incluyendo niños, personas con discapacidades, personas con condiciones médicas, personas de origen extranjero, personas mayores y de etnia gitana)".

También que España debe ofrecer "un alojamiento alternativo adecuado a las personas afectadas cuando no es posible garantizar con seguridad el acceso a la electricidad y la calefacción". Y precisamente a esto último se agarran las autoridades españolas para poner en marcha su plan de realojos, porque aseguran que en muchos puntos de la Cañada no es posible garantizar con seguridad y sin peligro para los residentes el restablecimiento de la luz o hacer una nueva electrificación, y además, recuerdan, están en una zona no urbanizable de especial protección.