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La lucha de un colectivo invisible

Las internas dicen basta: "Cuidamos a sus hijos y nos tratan como a un perro"

Las historias de estas mujeres inmigrantes, muchas de ellas sin papeles ni contrato, revelan una realidad oculta, dominada por jornadas interminables, racismo y ausencia de derechos

Una empleada del hogar pasea a la mascota familiar.

Nani habla muy bajito. Está en la pequeña habitación que ocupa en la casa donde trabaja como interna y no quiere que “los señores” escuchen lo que dice. Por eso ha escogido un nombre ficticio para contar su historia. Hondureña, aterrizó en España el pasado otoño y acabó en esta vivienda, recién llegada, porque fue el único empleo que encontró. Cobra 900 euros al mes, 100 euros por debajo del salario mínimo, no tiene contrato, tampoco papeles, y su jornada es en realidad dos: de siete de la mañana hasta las diez u once de la noche, unas 15 o 16 horas, con un “pequeño descanso” a las cuatro de la tarde.

“No he tenido vacaciones desde que empecé –explica por teléfono con un hilo de voz-. Las pedí y me dijeron que hasta que no cumpliera un año en la casa, no me las iban a dar. Lo cumplo el mes que viene, pero no lo tengo nada claro. Aún no me han dicho nada. El matrimonio para el que trabajo es como bipolar. A veces me tratan bien y a veces mal. Sobre todo, con los alimentos. No les gusta que toque nada sin permiso. Pero yo también vivo aquí. Una vez, había muchísima comida en la nevera. Yo solo agarré un poquito, y no pensé que lo fuesen a notar, pero se dieron cuenta. Me gritaron, me insultaron. Aquí todos los alimentos están contados. Hasta la fruta”.

Hay historias mucho más duras. Un sondeo con una docena de trabajadoras del hogar internas o que han pasado por este mismo régimen laboral revela algunas buenas experiencias, pero sobre todo una realidad oculta, donde todo ocurre de puertas para dentro. La explotación laboral de estas mujeres, muchas de ellas en situación irregular, suele campar a sus anchas. No hay tareas definidas ni horarios, así que formarse para cambiar de trabajo resulta imposible. Los contratos escasean. El racismo y el machismo están a la vuelta de la esquina. Los episodios de violencia por parte de los empleadores son habituales. Y las internas, inmersas en complejas y a menudo desagradables dinámicas familiares, no tienen apenas opciones. Se ven forzadas a aceptarlo, porque ese es el único trabajo al que pueden optar.

Las amenazas

Está Lizzy Mejía (nombre ficticio), por ejemplo, una mujer hondureña que ha pasado por dos casas desde que llegó a Madrid en 2018. En la primera, el señor mayor al que atendía le tiraba la comida al suelo y le pedía que se vistiera “enseñando más”. En la segunda, donde todavía trabaja, el padre de los niños que cuida le ha llegado a agredir. O Beatriz Flores (tampoco es su nombre real), boliviana, que después de cuatro años reclamando estar dada de alta en la Seguridad Social lo acabó consiguiendo, pero con la condición de que ella misma se pagara las cuotas.

Janice Rodrigues, brasileña, que ha dejado este régimen (ahora limpia comunidades) y no le importa aparecer con su verdadera identidad. Cuenta que estuvo en una casa donde la “señora”, ya mayor, vivía y dormía con siete perros pequeños que defecaban cada noche en la cama. Los sábados le pedían que trabajara, aunque en teoría era su día libre, y cuando reclamó que se los pagaran aparte le tiraron el dinero “a la cara”. O Constanza Cisneros, de Ecuador, quien también abandonó recientemente este trabajo. En una de las casas, su empleadora se dedicaba a martirizarla con frases racistas.

“Era una señora terrible –explica Cisneros-. No tenía ningún filtro. Me decía que los latinoamericanos vivíamos todavía en la selva, que éramos como animales. Una mañana, nada más llegar, me dijo: ‘Seguro que te ha gustado dormir con sábanas, porque en tu país no tienes’. Ella vivía con dos hijos mayores, de 40 y 45 años, que se maltrataban entre sí. Y yo no tenía horario. Trabajaba de siete de la mañana a once de la noche, pero dormía en la habitación de enfrente de la señora, que me llamaba varias veces cada noche: pedía agua, tenía que ir al baño, ese tipo de cosas. Así que no podía descansar. Me fui porque me amenazó con una cuchara de madera. Ella se ponía a veces muy nerviosa. Llevaba la cuchara en la mano y al mismo tiempo la estaba buscando. Cuando le dije que la tenía ella, se enfadó y quiso pegarme”. Cobraba 600 euros al mes, sin pagas extra.

“Pueden pedirte cualquier cosa a cualquier hora del día –continúa-. Como externa, la frontera está más marcada. Pero entre las internas hay mucha sumisión y miedo. Todavía hay casas donde les quitan el pasaporte. Hay algo muy contradictorio en todo esto. Por un lado, nos dan toda su confianza, nos dejan a sus hijos y sus mayores para que los cuidemos. Por otro lado, nos tratan como a un perro. Y así nos vamos dejando la vida. Porque si no tienes papeles, buscas en este trabajo cierto refugio, para no salir mucho a la calle y que la Policía no te los pida. Pero acaba siendo como un presidio. A mí el confinamiento, por ejemplo, no me afectó. Para nada. Ya estaba acostumbrada a vivir encerrada”.  

Los avances

Es domingo y Cisneros cuenta todo esto en el amplio patio de un edificio antiguo en el barrio madrileño de La Latina, a pocos metros del bullicio del Rastro. Del piso de arriba llegan aplausos, vítores. Son sus compañeras de Territorio Doméstico, una asociación de empleadas del hogar. Se han reunido para asistir a un taller sobre redes sociales organizado por ellas mismas y celebran el reciente paso dado por el Gobierno, producto de una lucha de décadas.

El pasado 6 de septiembre, tras dos varapalos de la justicia europea, el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que reconocía por vez primera el derecho de estas trabajadoras a cobrar el subsidio de desempleo y también limitaba su despido. El colectivo aplaudió la nueva norma, que ponía fin a un régimen discriminatorio, pero al mismo tiempo dejó claro que todavía quedaba mucho por hacer. Una parte importante del gremio no se beneficiará de estas medidas.

España es con Italia el país de la UE con mayor número de empleadas del hogar. Según los datos de agosto de afiliación a la Seguridad Social, son 373.121. Pero la última Encuesta de Población Activa va mucho más allá, elevando la cifra a 547.700, la inmensa mayoría mujeres: 487.500. Es decir, el 32% de estas trabajadoras no está dado de alta.

La pandemia ha profundizado en esta realidad. Los problemas en las residencias de mayores que trajo consigo el coronavirus han provocado que se dispare la demanda de cuidadoras. Sobre todo, internas. “Ahora hay más demanda de este tipo de empleo. Y a menor precio, porque la crisis nos ha golpeado a todos. También te piden jornadas más largas, con menos descansos”, explica Carolina Elías, presidenta de la asociación Servicio Doméstico Activo (SEDOAC). Un informe publicado el año pasado por Oxfam Intermón concluyó que el 32% de las trabajadoras del hogar vive bajo el umbral de la pobreza, frente al 12% del conjunto de asalariados.

“Ponte guapa, que no enseñas nada”

Lizzy Mejía comenzó cobrando 700 euros al mes en 2018. “Cuidaba a un señor y limpiaba la casa –explica-. Libraba el viernes a la una y entraba los sábados a las seis. Fue horrible. Cuando no le gustaba la comida, me la tiraba al suelo. Un día se estropeó la plancha. Yo no tenía ninguna culpa, pero el señor me insultó y después me lo descontó del sueldo. A veces me decía que no le gustaba cómo vestía. ‘Ponte guapa, que no enseñas nada’, me pedía. Yo estaba muy mal. Cuando libraba, no paraba de llorar. No llamaba a mi mamá en Honduras porque sabía que no le iba a mentir. No quería que lo supiera. Pero al final ella me dijo que no tenía ninguna excusa, así que la llamé y se lo contó. Ella me apoyó para que me fuera”. 

La segunda experiencia, en la que todavía sigue inmersa, tampoco ha ido mucho mejor. Trabaja para una pareja con tres hijos. Cobra más, 950 euros mensuales, pero continúa sin contrato, trabajando de 7.30 de la mañana a 10 de la noche, y ha tenido que soportar los cambios de humor de él, incluso una agresión que le dejó marcas en el cuerpo. “Cuando él está en casa, estoy en tensión. Pienso que va a volver a ocurrir”, dice. 

Mejía llevaba mucho tiempo queriendo dejarlo, y si no lo hacía era por otra constante en este tipo de trabajos: el apego que le acaban teniendo a las personas que cuidan. “Veo que el pequeño me necesita, es todavía muy dependiente. Y en parte lo he criado yo. Se me hace un nudo en la garganta cuando pienso que voy a despedirme”, señala. Lo mismo le ocurrió a Beatriz Flores, la mujer boliviana que después de cuatro años logró que le dieran de alta en la Seguridad Social, solo que pagando ellas sus cuotas. “En ese momento decidí que lo dejaba. Pero me dio pena la señora, porque se quedó cieguita y no tenía hijos”, cuenta. Tardó otros cuatro años en marcharse. 

Ahora Mejía ha dicho basta. El mes que viene dejará de trabajar para su agresor. Ha encontrado un nuevo empleo, también de interna. “No me ha salido otra cosa”, dice. Confía en que esta vez le vaya mejor.

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