Cuando se lo llevaron al quirófano, Manuel Quesada albergaba la esperanza, por remota que fuera, de que no tuvieran que amputarle la pierna derecha. “Es algo que pensamos todos cuando nos intervienen”, dice este vecino de Errenteria de 56 años. La trombosis ganó la partida, y cuando despertó, parte de su cuerpo ya no estaba. “Es un golpe muy duro que hay que superar”, asegura este hombre, que al menos no se vio en la tesitura de tener que pensar qué hacer con su miembro amputado. 

No acierta a comprender que “un centro sanitario público” reclame al paciente que se haga cargo de su extremidad, poniéndose en contacto para ello con la funeraria y asumiendo el coste económico que todo ello conlleva. “Si estamos diciendo que tenemos una salud pública gratuita, no te pueden obligar a llevarte una pierna amputada que, voluntariamente, has dicho que no quieres”, mantiene. 

El Defensor del Paciente ha pedido modificar el decreto de Sanidad Mortuoria, que regula la gestión de los restos humanos, para que no se vuelva a repetir un “caso tan ridículo” como el que ha llevado al Hospital del Bidasoa a publicar un anuncio para que el dueño de una pierna amputada la retire de sus instalaciones.

La directora médica de la OSI Bidasoa recurrió para ello al Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), que el pasado 29 de agosto publicó este aviso con el fin de que el afectado gestionara la retirada del miembro “adecuadamente” a través de una funeraria. La noticia, que corrió como la pólvora, sorprendió a propios y a extraños.

El despertar de un decreto dormido en el cajón

Quesada es el portavoz de la delegación en Euskadi de la asociación estatal de amputados, Andade. Sabe que la ley contempla la posibilidad de obrar como lo ha hecho estos días el hospital comarcal, pero se muestra sorprendido por un dato: el decreto de Sanidad Mortuoria, por el cual el paciente tiene que hacerse cargo de su miembro amputado, se aprobó en 2004 y “durante quince años ha estado en un cajón”, del que ha salido en tiempos recientes.

Las familias afectadas no supieron de él hasta hace tres años. “Empezamos a tener conocimiento de que el Hospital Donostia aplicaba ese decreto a partir de julio de 2019. Es el único centro sanitario de Euskadi que lo ha venido haciendo durante estos tres años, al que se ha sumado ahora el del Bidasoa”, desvela el portavoz de la asociación, que mantiene contacto con las delegaciones de la asociación en Bizkaia, Araba y Navarra, y conoce a buena parte de su personal sanitario. 

Fuentes del Hospital Donostia consultadas por este periódico indican que “en Osakidetza se respetan las normaspor lo que se debería actuar así en toda Euskadi”. Algo que no comparte Quesada ni la quincena de familias que durante los últimos tres años se han puesto en contacto con él “sin dar crédito” a la situación que estaban viviendo. “Es un poco tétrico todo esto”, resume el portavoz. 

"He llegado a conocer el caso de un joven al que intervinieron, al cabo de las semanas volvieron a someterle a una segunda amputación, y la familia se vio obligada a afrontar lo que vienen a ser dos enterramientos"

En la intervención en la que perdió su pierna derecha, nadie le dijo que se hiciera cargo de ella. Ante este tipo de eventualidades, entiende que “habría que apelar a la voluntad del paciente. Hay quien, por creencias religiosas o el motivo que sea, puede desear tener en un panteón o en cenizas esa parte del cuerpo amputada”, reflexiona. 

Pero lo habitual, al menos hasta ahora, ha sido que los centros sanitarios se encargaran de la gestión de esos restos, que por lo general son incinerados. “Es una práctica que estaban asumiendo los hospitales, y que han comenzado a delegar en los pacientes”, asegura. 

Quesada pone palabras a la incomprensión con la que bregan. “Me llegan los casos porque soy el delegado de la zona norte. Las familias llaman desconcertadas diciéndote que a su hijo o a su hija le han amputado un brazo o una pierna. He llegado a conocer el caso de un joven al que intervinieron, al cabo de las semanas volvieron a someterle a una segunda amputación, y la familia se vio obligada a afrontar lo que vienen a ser dos enterramientos”, desvela. 

Sin pierna de la noche a la mañana

Desde la asociación de afectados tratan de trasladar a la opinión pública el quebranto que todo ello conlleva. “Aunque la intervención sea programada, de la noche a la mañana uno se ve sin pierna o sin brazo. Es algo muy difícil de asumir. El paciente bastante tiene con lo que tiene, por lo que se suele informar a la familia de todo esto”, explica. 

La ley dice que la retirada de restos amputados debe ser gestionada por el paciente, a través de una empresa funeraria, que lleva a cabo el enterramiento o incineración, lo que tiene un coste para el interesado. Según explica El Defensor del Paciente en un comunicado, esta asociación de víctimas de negligencias médicas ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y al lehendakari, Iñigo Urkullu, para que se cambie la actual normativa con el fin de que, en los “casos de petición escrita firmada a modo de consentimiento” en los que la “recogida” de los órganos amputados no se produzca “en el tiempo estipulado”, el hospital afectado pueda deshacerse de ellos “de inmediato”. 

Hay familias que optan por pagar y pasar página cuanto antes. “Yo siempre les he dicho que acudan a atención al paciente y pongan una queja. Y si es posible, que lo denuncien públicamente. Si estamos diciendo que tenemos una salud pública gratuita, no te pueden obligar a llevarte una pierna amputada que no quieres voluntariamente”, remarca Quesada.