Dos lobos de los Picos de Europa serán los primeros ejemplares a abatir con el nuevo marco legal de la especie en Asturias, que ayer fue presentado en el Comité Consultivo de la especie. Esa es al menos la aspiración del Gobierno del Principado, que la semana que viene elevará la propuesta al Ministerio para la Transición Ecológica. Ganaderos y cazadores aplauden el "esfuerzo" del Ejecutivo de Adrián Barbón para seguir aplicando medidas de control poblacional al lobo, pero dudan de que con la especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y las numerosas condiciones y exigencias del departamento que encabeza Teresa Ribera para eliminar ejemplares sea posible aminorar las bajas de animales domésticos.
El Comité Consultivo del Lobo aprobó el programa marco de gestión de la especie para el período 2022-2023, que como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, medio del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este diario, ya no contempla cupos de extracción. El Principado asegura que cumple así su compromiso de dar continuidad al Plan de Gestión de la especie, ajustado a la situación derivada de su inclusión en el Lespre. El consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, reveló que las primeras intervenciones se desarrollarán en el parque nacional de los Picos de Europa, donde se plantea matar dos ejemplares. El Ejecutivo autonómico ya gestiona el expediente técnico-administrativo que remitirá al Ministerio.
Calvo resaltó que el Principado mantendrá el recurso contra la inclusión del lobo en el Lespre, presentado en la Audiencia Nacional junto a Galicia, Cantabria y Castilla y León. Pero añadió que, "por responsabilidad" y para "dar soluciones", ha decidido dotarse de instrumentos de gestión "y no quedar instalados en la protesta".
"Sólo había dos opciones: aprobar nuestro programa o seguir sin controlar la población del lobo, y los ganaderos no pueden permitirse que no hagamos nada”, dijo. "Así será hasta que los tribunales fallen, esperemos, anulando las decisiones del Gobierno de España y permitiéndonos volver a la situación anterior", añadió. Subrayó que el nuevo estatus del lobo y las numerosas exigencias para eliminar ejemplares han venido a "complicar la situación" y supondrán una "mayor carga administrativa", que no recaerá sobre los ganaderos, sino sobre la Administración autonómica, prometió. "Ante la situación actual de daños continuados al ganado y la creciente conflictividad social", el Gobierno de Asturias juzga "muy positivo" haber recuperado con el Programa "la seguridad jurídica para efectuar controles poblacionales en el marco del plan autonómico de gestión", indicó.
El Programa marco del lobo incluye una estimación de la población de la especie en Asturias, 314 ejemplares. El Principado señala en el documento que desde 1997 se eliminó cada año, por término medio, el 8,9 por ciento de la población de la especie, sin que ello haya provocado una merma en su número total. De ahí que señale que eliminar cada año hasta 28 lobos, el 9 por ciento del total, mantendría "una población estable y sostenible". Pero las extracciones deberán afectar a ejemplares concretos que se demuestre que provocan daños al ganado y como último recurso, después de que todas las medidas de prevención hayan fallado.
Mercedes Cruzado, de COAG, admite que la aprobación del Programa es "una buena noticia", pero no cree que solucione los problemas de los ganaderos. Al contrario, las exigencias del Ministerio provocarán que haya "más daños", porque "al ser todo muy farragoso y con mucho papeleo se va a hacer muy poco". En la parte positiva, que con el Programa "tenemos la sensación de que no estamos abandonados, de que nos escuchan y reconocen el problema". Pone su esperanza en que la Audiencia Nacional declare ilegal la orden ministerial que protege al lobo.
Geli González, de ASAJA, está convencida de que el Programa marco acabará en el Juzgado por denuncias ecologistas. Le preocupa es que la judicialización del conflicto paralice las extracciones, y genere "un aumento de los daños". Cree que la obligación de informar y resolver cada extracción y la eliminación de los cupos "ralentizará mucho" las actuaciones. Arremetió contra el Ministerio, al considerar que la protección del lobo "no tiene ni pies ni cabeza" y se hizo "a calzador" y "con datos de daños de 2014 que no se corresponden con la realidad actual". Frente a las promesas de indemnizaciones por daños fue contundente. "Los ganaderos no queremos dinero, queremos que no maten a nuestros animales".
Valentín Morán, presidente de la Federación Asturiana de Caza, manifestó su respeto por las personas que elaboraron el Programa pero cree que será "muy difícil" justificar las extracciones. Cree que la "burocracia" impedirá que se controles la población de lobos como antes de la inclusión de la especie en el Lespre. "Si antes ya era muy complicado, ahora lo será mucho más. Antes miraban la extracción de lobos con lupa, ahora la mirarán con veinte prismáticos", comentó.
Este periódico intentó también sin éxito hablar ayer con representantes de UCA y los ecologistas en el Comité Consultivo del Lobo.
Adrián Pumares, secretario general de Foro, indicó: "Plegarse a los deseos de Teresa Ribera como hacen Barbón y Calvo supone renunciar al control del lobo en el Principado y abandonar a nuestros ganaderos".
