El Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado esta semana las Orientaciones Estratégicas sobre Agua y Cambio Climático, un documento clave previsto por la Ley de Cambio Climático para establecer directrices y medidas en planificación y gestión del agua en España frente al calentamiento global con un horizonte temporal que mira al año 2030. En definitiva y en lo que corresponde a la provincia de Alicante representa una nueva ratificación, negro sobre blanco, del futuro recorte del trasvase Tajo-Segura, cuyo caudal se sustituirá por agua desalada a un precio que debe determinarse, y que tanto agricultores como expertos universitarios piden que no supere los 0,25 euros el metro cúbico (la producción supera ahora el euro a pie de planta). La estrategia también incluye el cierre de los acuíferos de la provincia en las comarcas del Vinalopó.
Tras ese primer paso, la intención del Ministerio es llevar al consejo de ministros en otoño la aprobación de los planes hidrológicos del Tajo y Segura que siguen en proceso de evaluación ambiental pero sin moverse una coma: la elevación del caudal ecológico del Tajo. La aprobación supone un paso más -penúltimo antes de que los planes del cuenca del Tajo y Segura lleguen al consejo- en la hoja de ruta del Ministerio para la Transición Ecológica en la gestión del trasvase. Con el cambio de las normas de explotación ya en vigor y el aumento de los caudales ecológicos del río el trasvase se verá reducido en unos 130 hm³ al año, que deberán ser sustituidos por agua desalada en las desaladoras de Acuamed, entre ellas la de Torrevieja.
De momento, el acueducto no se cerrará pero, de entrada, a partir de 2023 se reducirá un tercio sobre los 350 hm³ que llegaban hasta ahora todos los años . Nadie duda ya en el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura que la revisión de los planes del Tajo y el Segura prometida por la vicepresidenta Teresa Ribera se quedará en nada, y llegarán al consejo de ministros tal y como se aprobaron en las juntas generales de ambas confederaciones. Sobre la mesa de la ministra para la Transición Ecológica sigue el planteamiento del Consell de dejar el caudal en 7 m³/segundo y no los 8,5 m³/segundo aprobados.
El Ministerio para la Transición Ecológica reitera que según las conclusiones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), la región mediterránea es especialmente sensible a los impactos del calentamiento global. Existe una probabilidad elevada de descenso de los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas que actualmente soportan los principales problemas de gestión del agua en nuestro país. Por ello, “la nueva estrategia pone el foco en identificar los retos asociados a la gestión del agua y los instrumentos más adecuados para hacerles frente”.
Entre las medidas planteadas destacan la recuperación, restauración y protección de los ríos, lagos, acuíferos, y zonas húmedas, el incremento de la seguridad hídrica, la mejora del saneamiento y depuración en las aglomeraciones urbanas; la lucha frente a la contaminación difusa o el avance en la gestión del riesgo de inundaciones o sequías. Asimismo, el documento apuesta por reforzar la financiación de las administraciones hidráulicas o por impulsar la agenda internacional del agua.
Estas líneas de acción se completarán con el impulso de las nuevas tecnologías, las actividades económicas sostenibles y la construcción de un modelo de gobernanza del agua transparente, equitativo y participativo.
Los instrumentos que permitirán desarrollar las medidas a implantar son los planes hidrológicos de cuenca, los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación o los Planes de Sequía. Además, también se verán apoyados por las iniciativas previstas en el Plan de Acción de Aguas Subterráneas, actualmente en redacción, el Plan DSEAR, el PERTE para la Digitalización del Ciclo del Agua o la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos.
La implantación de estas líneas de actuación tendrá como horizonte temporal el año 2030 y estará marcada por cuatro hitos significativos: La aprobación de 2022 de los Planes hidrológicos del tercer ciclo y de los Planes de gestión del riesgo de inundación. La finalización en 2025 del primer programa de trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.. La finalización en 2027 del tercer ciclo de planificación hidrológica y del segundo ciclo de planificación del riesgo de inundación. La finalización en 2030 de la Estrategia y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética (Ley 7/2021) establece en su artículo 19.2 la necesidad de contar con una estrategia que defina las directrices y medidas que deberá contemplar la planificación y gestión del agua en España para hacer frente a las consecuencias del cambio climático ya que sus impactos sobre los sistemas de gestión del agua son cada vez más evidentes.
Así, la estrategia aprobada hoy da cumplimiento a lo recogido en la Ley de cambio climático, al tiempo que se alinea con las políticas ambientales europeas y nacionales como el Pacto Verde Europeo y la Estrategia Europea de Biodiversidad 2030, la Estrategia Española de Economía Circular, la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible 2030, o el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030.
Mientras, los precios por la nubes
Por otro lado, mientras el Gobierno sigue su hoja de ruta que encarecerá aún más los costes de producción, los precios siguen cayendo en el campo hasta un 50%, mientras en los supermercados suben vertiginosamente, con variaciones al alza que oscilan entre un 25% y 40%, según denuncia Asaja-Alicante. “Este hecho, unido a la actual crisis que ha disparado los costes de producción, deja un escenario cuanto menos preocupante para el agricultor que, al no poder cubrir sus gastos, se plantea cultivar una menor superficie o incluso no sembrar algunas frutas y verduras”.
El presidente de la organización agraria alicantina, José Vicente Andreu, está convencido de que detrás de la evidente subida de precios existe una clara especulación por parte de las grandes cadenas de alimentación y los intermediarios, que buscan enriquecerse aprovechando la actual tendencia inflacionista. Como el agricultor no encuentra salida a su producción, hay menos fruta en el mercado, y por ello los supermercados están utilizando el precio como una barrera para controlar la demanda. En definitiva, “se ha desatado una especie de tormenta perfecta en la que sacar tajada a costa de agricultores y consumidores de una manera desleal y vergonzante”, advierte.
En este sentido, Asaja-Alicante explica que el diferencial entre el precio cobrado por los agricultores y el pagado por el consumidor ha alcanzado unos niveles alarmantes que se sitúan en torno al 1000% -cuando normalmente son del 300%-, lo que provoca inevitablemente un desplome en el consumo de fruta. De hecho, el 62% de los consumidores reconoce que ya ha modificado sus hábitos de compra, y uno de cada cinco admite que ha dejado de comprar alimentos frescos como la carne, el pescado, las frutas y las verduras”, según ha informado recientemente la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Además de la naranja, en concreto de la variedad alicantina “Navelina”, cuyo diferencial entre lo que se paga por un kilo de ellas en el supermercado y el campo alcanza el 1.900%, nos encontramos con el caso de la fruta de verano. Es el ejemplo de la sandía, uno de los productos más mencionados en los últimos meses por su subida de precio: el agricultor recibe de media 0,36 euros por kilogramo, una cifra que llega a los 0,93 euros en la fase de los intermediarios y que aumenta hasta los 2,20 euros en las cadenas de distribución, lo que supone una diferencia entre el origen y el final de la cadena de un 611%.
En este sentido, Asaja-Alicante insta al Gobierno el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, a través de sus administraciones competentes, y denuncia los abusos que se están cometiendo y que llevan a muchos agricultores a no poder cubrir sus gastos, dejándoles totalmente desprotegidos ante la posición de dominio de otros eslabones de la cadena. “No basta con prohibir la venta a pérdidas, se deben de proveer los medios para perseguir y sancionar a quienes incumplen la normativa”, señalan.
