La mitad de los funcionarios han sufrido recortes en su prestación sanitaria "sin previo aviso". Llevan semanas denunciándolo y así lo han criticado esta mañana en Madrid representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y de JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, tras concentrarse frente a la dirección general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface).

"Genera incertidumbre y, lo que es peor, están haciendo caja con los mutualistas", critica desde Madrid a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, Fernando Basanta, profesor de matemáticas, quien, tras sufrir un cáncer hace siete años, recientemente se enfrentó a una nueva sospecha de la enfermedad y vivió las trabas que su aseguradora le puso para hacerse determinadas pruebas.

Hace apenas unos días, CSIF, JUPOL y JUCIL, la organización con mayor representación en la Guardia Civil, presentaban los resultados de una encuesta donde recogen "miles de quejas" por los tijeretazos sanitarios en las mutuas de funcionarios: hasta el 50% de los encuestados denuncian que se les ha recortado esa atención.

Las dos organizaciones han entregado al Defensor del Pueblo innumerables reclamaciones por los recortes que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en las diferentes mutuas de funcionarios del Estado como la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), de la Justicia (MUGEJU) y de las Fuerzas Armadas (ISFAS), en toda España.

CSIF y JUPOL denunciaban esta misma mañana, ante la sede de MUFACE en Madrid, que se está mermando el derecho a la asistencia sanitaria de este colectivo. Es consecuencia, afirman, de la infrafinanciación por parte del Estado. A lo largo del último mes, las organizaciones, han recogido más de 5.000 encuestas donde se han constatado quejas de todo tipo en provincias de toda España. También en Andalucía, donde MUFACE cuenta con más de 315.000 beneficiarios, los funcionarios también se han echado a la calle para protestar por el mismo motivo.

"Nos vemos obligados a salir a la calle para denunciar los recortes en la sanidad de las mutuas sin previo aviso. Como siempre sucede cuando hay una crisis, somos los primeros en sufrir los recortes en nuestras condiciones", ha lamentado el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra.

Pérdida de médicos y especialidades

Las situaciones más recurrentes, aseguran desde las organizaciones sindicales, son la pérdida de médicos y especialidades en diferentes localidades que implican el incremento de las listas de espera y el desplazamiento a otra ciudad para recibir atención. Los ámbitos y especialidades más citadas por los funcionarios son Atención Primaria, Dermatología, Digestivo, Psicología, Fisioterapia, Traumatología, Analítica, Pediatría o las Urgencias durante los fines de semana.

A lo largo del último mes, las tres organizaciones, han realizado numerosas encuestas donde han constatado que, a nivel nacional, se ha producido "pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas. Así lo indicaba a comienzos de este mismo mes de abril el presidente de CSIF quien avanzaba que las quejas también se entregarán a las direcciones generales de las tres mutuas de funcionarios y a los diferentes grupos parlamentarios.

Según los datos recabados por los tres sindicatos, la mitad de funcionarios, policías o guardia civiles han sufrido recortes sin que antes se les haya notificado, han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han sufrido incidencias. Asimismo, un 14 % ha visto limitado el acceso a su hospital habitual y le han propuesto que pague por una consulta médica o por continuar recibiendo un tratamiento. Además, el 25% de los encuestados afirma que le han limitado las pruebas para detección del covid.

Además, el sindicato ha avanzado que estudia acciones jurídicas "ante el incumplimiento de la continuidad asistencial que establecen los conciertos y protestas para revertir esta situación "donde se está mermando el derecho a la asistencia sanitaria de este personal". Explican que, a lo largo del último mes, han constatado, a través de esos testimonios de los mutualistas, que en provincias de toda España se ha producido un notable recorte de la prestación sanitaria.

Atención a pacientes oncológicos

"Es preocupante, porque hablamos de personas y estamos conociendo casos sangrantes, por ejemplo, de pacientes oncológicos a los que les han cambiado sus cuadros médicos. En la Guardia Civil es especialmente sangrante porque trabajamos en un entorno rural y a veces, para una urgencia, hay que acudir a poblaciones situadas a más de 80 kilómetros", criticaba recientemente Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL.  

A finales de enero, CSIF exigía a Muface una reunión urgente tras haber constatado diferentes recortes en la oferta asistencial de aseguradoras como Asisa, DKV y Adeslas en la Comunidad de Madrid. El sindicato denunciaba que se habían reducido los médicos de familia en diferentes distritos, se habían eliminado clínicas, retirado varias especialidades médicas- en concreto en el Hospital Quirón Madrid por parte de Asisa- y se ha eliminado la especialidad de oncología médica y radioterápica en Hospitales Madrid (Grupo HM) por parte de las tres compañías firmantes del concierto.

Desde Madrid, Fernando Basanta, profesor de matemáticas , relata a este diario su particular odisea. Tras padecer un cáncer hace siete años, recientemente ha vuelto a vivir la incertidumbre de enfrentarse nuevamente a la enfermedad y ha estado "seis meses en periodo diagnóstico oncológico, desde octubre hasta hace 15 días". Jubilado precisamente por las secuelas que le dejó la enfermedad, Basanta, asegurado con Asisa a través de MUFACE, asegura que finalmente las sospechas fueron infundadas, pero debe continuar con sus revisiones.

Asegura que durante este medio año, se ha topado en diferentes ocasiones con dificultades "para la autorización" de las pruebas que debían hacerle para confirmar o descartar su diagnóstico. "Otras veces no es que te digan directamente que no te autorizan, sino que no te responden o te dan largas. Te cansas de llamar hasta que te llega el SMS con el código de autorización. A veces ese periodo de solicitud se dilata mucho en el tiempo, hasta el punto de que te ves en un mostrador de una unidad sacando una tarjeta de crédito y, al protestar o decir que vas a acudir a la prensa, es cuando, automáticamente, lo autorizan", describe.

Basanta asegura que, cuando padeció cáncer por primera vez, no sufrió este tipo de problemas, pero admite que "este tipo de problemas se han dado siempre. Lo que ocurre es que, en esta ocasión, me moví más porque las sospechas diagnósticas de una nueva enfermedad, me obligaron a hacerlo con más fuerza".

Añade que, además, a medida que le encargaban pruebas más precisas -y más caras- para confirmar el diagnóstico -por sus antecedentes la posibilidad de una recaída era importante, asegura- más impedimentos le ponían. "Tanto que se habla de diagnóstico precoz y yo me encontraba conque las recepcionistas del hospital me decían: 'Esto no te lo autorizan ni de broma' y que, de hacerlo, no sería en el mismo hospital donde me estaba tratando, sino en otros más baratos".

El problema de la infrafinanciación

Las organizaciones sindicales denuncian que estos recortes se han producido tras la firma del concierto sanitario 2022-2024, el pasado diciembre, entre MUFACE y las aseguradoras sanitarias. "Esto viene derivado de la infrafinanciación del modelo por parte del Gobierno. Las aseguradoras dicen que no tienen dinero suficiente y no pueden llegar a acuerdos con los grupos hospitalarios con los que antes tenían convenios. Con lo cual los pacientes que se atendían hasta ahora no  no pueden acudir a sus centros habituales", criticaba este lunes en Madrid el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra.

El profesor Fernando Basanta admite que la falta de financiación está en el trasfondo de tantas complicaciones para que los mutualistas puedan acceder a las pruebas que necesitan -"el Gobierno ha puesto al modelo en el punto de mira", asegura- pero, añade, también está el negocio que buscan las aseguradoras con los mutualistas. "Quieren hacer caja con nosotros. Al final la sanidad es un negocio. Las entidades privadas se están beneficiando. Desde que se ha firmado este acuerdo, muchos mutualistas valoran cambiarse a la sanidad pública y contratar un seguro privado. Es contradictorio. Uno quiere tener una sanidad a la altura de sus necesidades, ya sea en la pública o privada y, en este caso, ni por un lado ni por el otro", asevera.