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Diario de Mallorca

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Medio ambiente

El Ministerio aplaza al verano el cierre de los regadíos ilegales en el Mar Menor

La ministra Ribera prometió que en marzo estarían precintadas todas las bocas de riego de estas fincas y solo se ha actuado sobre el 16,5%

Cultivo de cítricos regados de forma ilegal en Los Nietos (Cartagena).

Era difícil cumplir el calendario, pero la vicepresidenta del Gobierno central y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se comprometió en su visita a Murcia el pasado mes de noviembre que la mayor parte, si no toda, de los regadíos ilegales del Campo de Cartagena estarían desconectados de la red de suministro de agua a las explotaciones agrarias de la comarca en cinco meses.

Vencido el plazo, ese compromiso no se ha cumplido ya que de las 8.500 hectáreas regadas sin autorización en la cuenca vertiente al Mar Menor solo se ha intervenido en 1.400 de ellas, es decir, en un 16,5% de la superficie denunciada, la mayoría con el consentimiento de los dueños.

Los regadíos ilegales en la cuenca del Mar Menor han sido un arma arrojadiza entre el Ministerio y la Comunidad. Las competencias sobre ellos han bailado en los últimos años, concretamente desde 2018, cuando comenzó la campaña de denuncias a raíz de los graves vertidos de salmuera cargada de nitratos a las ramblas, a la laguna o al acuífero.

La Comunidad tiene la potestad para obligar a los propietarios a restituir los terrenos señalados, una competencia que le otorga la Ley del Mar Menor. Por otro lado, la CHS debe iniciar los expedientes de sanción identificando a los dueños de los terrenos y proponiendo una multa por regar de forma ilegal.

"Los calendarios de actuaciones que implican a distintas administraciones tienen siempre cierto grado de variabilidad", señala el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, "uno puede controlar más o menos sus tiempos, pero hay que contar también con los tiempos y las circunstancias de otros".

Ahora el organismo de cuenca se pone una nueva meta: este verano. Urrea prevé que entre julio y septiembre se pueda concluir todo este trámite. "Es un proceso complejo en el que, además, dependemos de factores externos. Pero entendemos que, si no hay incidencias sobrevenidas, la desconexión de los expedientes en curso finalizaría en el tercer trimestre del año".

El presidente de la CHS, Mario Urrea, defiende que el ritmo para cerrar los expedientes "no ha hecho sino crecer

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Avisos a los propietarios

Ya en febrero, durante la siguiente visita de Ribera, esta vez a San Pedro del Pinatar, la ministra admitió que habría un retraso en concluir estas acciones debido a los recursos que habían presentado los propietarios. La vicepresidenta matizó que a lo que se refería hace cinco meses es que en marzo estarían concluidos los expedientes de ejecución subsidiaria, algo que tampoco se ha cumplido.

Los datos de la Confederación facilitados a este periódico señalan que el número de apercibimientos a fecha del 23 de marzo para proceder al sellado y precintado de las bocas de riego se corresponden con 3.300 hectáreas, cuando en febrero eran 2.141 hectáreas. Urrea remarca que "lo importante de esto es el ritmo, que no ha hecho sino crecer. En este mes se han intensificado las actuaciones de sellado y precintado" de las conducciones de agua a las fincas.

El presidente del organismo de cuenca justifica el retraso con otro argumento, y es que los funcionarios de refuerzo que se sumaban al equipo de inspectores para agilizar el trámite de los expedientes "no se incorporaron en su totalidad hasta primeros de marzo". Esta era una de las promesas de Ribera a la Confederación para desatascar esas ejecuciones forzosas.

Sanciones

Por otro lado, los expedientes tramitados por la Confederación del Segura desde 2018 en lo referente a las sanciones por uso privativo de aguas sin autorización ascienden a 524, que se corresponden con 7.562 hectáreas de las 8.500, es decir, "ya se está actuando sobre el 90 % y quedarían pendientes del entorno de 1.000 hectáreas". Tras este trámite, los expedientes son enviados a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente para que proceda a hacer su parte, el levantamiento de los terrenos para que vuelvan a su estado original.

La Comunidad tiene en sus manos 226 expedientes y 38 de ellos ya tienen una sanción fijada. De estos, en una treintena de casos tramitados ya se ha cobrado la sanción, que en total asciende a 142.024 euros, como avanzó este periódico.

Más allá de lo referente a las multas, la Consejería también ha constatado que 202,09 hectáreas correspondientes a 15 expedientes han dejado de emplearse y se han restaurado a su estado original. La lentitud también en este proceso se justifica, según el departamento que dirige Antonio Luengo, en que los propietarios terminan por recurrir a los tribunales, aunque recientemente se conocía que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia obligaba a una firma agrícola de Los Nietos a levantar casi cinco hectáreas de regadío ilegal, una sentencia que marca el recorrido al resto de recursos que se han presentado.

La CHS intensifica las inspecciones en balsas de purines y aguas residuales

La Confederación Hidrográfica del Segura ha apretado las tuercas en la labor de inspección del Campo de Cartagena. En los últimos meses los agentes medioambientales del organismo de cuenca han intensificado las campañas de vigilancia y control sobre las actividades contaminantes prohibidas en el entorno de la laguna.

Estas inspecciones se centran, por ejemplo, en actuaciones sobre balsas de purines de explotaciones ganaderas que incumplen la normativa y cuyo estado daña el dominio público hidráulico, competencia de la Confederación.

Al mismo tiempo, también han centrado esfuerzos sobre las aguas residuales urbanas que terminan por llegar a cauces o ramblas que controla la Comisaría de Aguas de la CHS. Con el apoyo de agentes del Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, ha inspeccionado y sancionado a varias ganaderías de la comarca que mantenían en muy mal estado sus almacenes de excrementos, lo que ha derivado en vertidos que pueden dañar incluso los acuíferos del Campo de Cartagena.

El pasado mes de febrero también se llevaba a cabo una operación policial importante con apoyo técnico de la CHS en más de 140 parcelas agrícolas de una firma con sede en la población de Pozo Estrecho, en Cartagena, que cuenta con viveros por la comarca, especialmente en Cartagena y Fuente Álamo. En concreto, la sanción se impuso por usar fertilizantes prohibidos y por llevar a cabo captaciones ilícitas de agua.

La Consejería de Medio Ambiente, dentro de su Plan de Inspección de Explotaciones ganaderas para el bienio 2022-2023, llevará a cabo 368 inspecciones en explotaciones ganaderas en los municipios ubicados en la cuenca vertiente del Mar Menor, con especial atención a las granjas porcinas.


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