El Ministerio de Igualdad ha creado un mapa interactivo con los recursos disponibles de atención y asesoramiento en España para las personas pertenecientes al colectivo LGTBI+ (Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales). La iniciativa puede consultarse en la web del ministerio y recoge más de 1.200 recursos ofertados tanto por las administraciones públicas como por más de 220 entidades sociales.

El mapa recoge todo tipo de recursos asistenciales, de socialización, educativos, de salud sexual, de atención a víctimas de delitos de odio, programas de inserción socio-laboral para personas trans, asesorías psicológicas, jurídicas o de atención social.

Se trata de una iniciativa pionera en España que emula el mapa de recursos de la delegación del Gobierno contra la violencia machista pero que ha sido más difícil de poner en marcha dado que las iniciativas de asesoramiento y ayuda al colectivo LGTBI son más dispersas y la mayoría parten de la "energía y voluntariedad" del sector civil, según ha destacado en la presentación del mapa Jesús Generelo, consejero técnico de la Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio.

El teléfono arcoíris

"Ojalá cuando yo salí del armario hubiera habido algo similar para saber donde ir", ha añadido la responsable de la dirección general, Boti García Rodrigo, quien también ha destacado que el mapa se ha creado con un "coste cero, gracias al trabajo y la ilusión" del personal del Ministerio de Igualdad.

El mapa se completará en el futuro con la puesta en marcha del llamado teléfono arcoíris de asesoramiento jurídico y apoyo emocional a víctimas de delitos de LGTBIfobia. Será algo similar al 016 destinado a las víctimas del machismo y su entorno.

Y también está pendiente de aprobación la ley trans y para la garantía de los derechos LGTBI, a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo Fiscal emitan los informes preceptivos desde el pasado diciembre. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha señalado que el Poder Judicial se pronunciará el 20 de abril, pero Boti García ha considerado este plazo "inasumible e inaudito", teniendo en cuenta que por trámite de urgencia tendría que haber aprobado su dictamen en un plazo de 15 días.

Ley 'trans', antes del Orgullo

El Gobierno ha requerido varias veces el informe al CGPJ pero sin éxito. "La ley se ha quedado atascada en un cajón oscuro de un patio interior, en el mismo en el que metieron otras leyes feministas", ha denunciado Boti, poniendo énfasis en que "España no se puede permitir que, por segunda vez, una ley LGTBI se vaya por el sumidero del fin de la legislatura".

Si finalmente el CGPJ emite su informe a finales de abril y el Consejo Fiscal hace lo propio, faltaría aún el informe del Consejo de Estado, con lo que la norma podría aprobarse definitivamente por el Consejo de Ministros, para pasar a las Cortes, antes del de la celebración del Orgullo de 2022, que este año en Madrid tendrá lugar del 1 al 10 de julio.