El decreto de reconstrucción en La Palma genera dudas por temor a la "especulación"

La repercusión sobre el territorio y la ordenación de la planificación que provocará el nuevo decreto canario sobre la reconstrucción comienza a generar dudas ante la posibilidad de que se convierta en un "instrumento para la especulación". Así lo denuncia Izquierda Unida Canaria (IUC) en La Palma, que lamenta que el decreto de medidas urgentes en materia urbanística para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales, aprobado la semana pasada por el Gobierno de Canarias, provoque esa reacción negativa.

IUC rechaza que no se haya tenido en cuenta la opinión de los afectados, ni de sus representantes, sean asociaciones de vecinos o plataformas para la elaboración de la norma, como tampoco del conjunto de la ciudadanía, al tramitarse como Decreto ley.

Por esta razón consideran que el decreto "no plantea una solución de conjunto para la reconstrucción de las viviendas afectadas, sino individual", añadiendo además que "el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de los municipios afectados renuncian a la planificación urbanística de la reconstrucción".

Desde IUC consideran que, al permitirse la construcción de nuevas viviendas en cualquier tipo de suelo (urbano, rústico de asentamiento, rústico común, rústico de protección agraria o rústico de protección paisajística), el precio del suelo rústico, "sometido hace años a un encarecimiento por la posibilidad de construir en él viviendas de uso turístico, se verá notablemente encarecido". Por tanto, denuncian que "solo una minoría podrá acceder a la compra de terrenos" para construir una nueva vivienda. Y señalan que la norma no permite que los afectados que tuvieran parcelas en otros municipios con anterioridad a la erupción puedan construir allí su vivienda manteniendo los parámetros de edificación originales.

Tampoco entienden que no se tenga en cuenta el riesgo volcánico como factor en la nueva planificación territorial y urbanística de las zonas afectadas y subrayan que la norma incluye unos plazos "de difícil cumplimiento" para los ayuntamientos, como son la resolución de la solicitud en dos meses, y para los afectados, un plazo máximo de 18 meses para presentar una solicitud.

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