"Quería denunciar una situación injusta". Este fue el propósito de Fátima Rubiales, la cacereña que esta semana ha hecho visible en primera persona una problemática que afecta a todas las familias con hijos contagiados en todo el país. Su testimonio, recogido por El Periódico Extremadura, ha generado gran impacto en la opinión pública, en medios y en redes y ha abierto el debate sobre el limbo legal en el que se encuentran las madres y padres y tutores legales para conciliar con los cambios en el protocolo, ya que no son considerados contactos estrechos y por tanto, no tienen derecho a causar baja laboral para cuidar de sus hijos si tienen coronavirus.
La jornada en la que la cacereña denunció su caso, su hija de 5 años acababa de dar positivo y manifestaba a este diario su "angustia" al no poder compatibilizar su cuidado ya que la pequeña tenía que permanecer aislada en casa y ella tenía que acudir a su puesto de trabajo. Tiene un empleo cara al público en una tienda de la firma Inditex, por tanto, no tenía opción de teletrabajar ni tampoco la alternativa de dejarla al cargo de los abuelos por el riesgo de que pudieran contagiarse. "Uno de mis hijos tiene Covid y a mí me mandan al trabajo, pedí que me hicieran un justificante pero me dijeron que no", lamentaba.
Ante esa circunstancia, avanzó a la empresa que no acudiría a su puesto hasta al final de semana bajo el riesgo de poder ser amonestada. Ya compatibiliza el cuidado de sus tres hijos de 10, 5 y un año con una jornada reducida. Finalmente, este viernes acudió de nuevo a su puesto y cumplió su jornada de las 10 hasta las 13.30 horas. Lo hizo, reconoce a este diario, respaldada por el aluvión de muestras de apoyo que ha recibido en los últimos días. "Estoy súper agradecida y me he sentido súper protegida, he tenido mucho apoyo", manifiesta. De hecho, entre los numerosos gestos de respaldo que ha recibido se encuentran el de la cantante extremeña Soraya, que ha compartido su testimonio en sus redes. También lamenta que, aunque haya sido de forma minoritaria, ha recibido críticas de personas que han cuestionado si el padre no podía hacerse cargo de los menores. "Yo no tengo que justificarme, la conciliación la llevamos al cincuenta por ciento", sentencia.
Por el momento, la empresa no se ha pronunciado sobre su situación. Este rotativo preguntó a Inditex sobre si contempla este tipo de casos y si tiene alguna fórmula de conciliación en la pandemia pero no ha respondido a las preguntas. Rubiales sí precisa que su caso se encuentra en ‘stand by’ y plantea como última baza acogerse al plan Me cuida que diseñó el gobierno central que permite solicitar excedencias en este tipo de situaciones. Al margen de las consecuencias que pueda tener haberse ausentado de su puesto, muestra su satisfacción tanto por la reacción generalizada como por su decisión de hacer pública su denuncia. "Yo me he plantado, hay que tener valor y contarlo porque no podemos consentir que esto siga así, los políticos tendrán que legislar una ley que ampare esta situación", sostiene.
Como Fátima, en Cáceres atraviesan la misma situación las familias de 456 escolares de entre 5 y 14 años que han dado positivo en la última semana. Los menores deben permanecer al menos una semana de cuarentena sin que la ley ampare que sus progenitores puedan quedarse en casa a su cuidado si dan negativo.
Este problema de conciliación se extiende al país y ya cuenta con denuncias a nivel nacional. De hecho, los primeros casos ya han llegado a los tribunales y los juzgados han dictado ya las primeras sentencias favorables a los familiares, la más reciente la de un juzgado de Logroño que reconoce el derecho de un padre a faltar a su trabajo para cuidar de su hijo mientras estuvo en cuarentena.
Más de 260.000 firmas
De forma paralela a la denuncia pública de la cacereña, a nivel nacional el Club de las Malas Madres ha iniciado una campaña en la plataforma Change.org que recoge ya 260.000 firmas para pedir al gobierno nacional que apruebe bajas laborales y solicitar ayudas económicas a los cuidados para familiares autónomos y facilitar la adaptación de la jornada laboral.
Del mismo modo, exigieron una solución los sindicatos, que se pronunciaron un día después de que Fátima denunciara. Tanto USO como la federación de sindicatos independientes de enseñanza lanzaron un comunicado 24 horas más tarde mostrando su solidaridad y reclamando medidas de conciliación. Dos días más tarde, hizo lo propio Anpe, que de la misma forma reclamó una alternativa.
De momento, la cacereña mantiene la incertidumbre pero no se achanta. Tiene la intención una carta a la Junta para mostrar su malestar por la inacción ante una situación que afecta a centenares de familias en la ciudad. "Una vez que ya lo empezado, ya estoy dispuesta a todo", concluye.
