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Religión

De Rusia a Pontevedra por persecución religiosa

Un total de 13 rusos, Testigos de Jehová y afincados en el área Vigo, han huido de su país tras la prohibición de su congregación

Boris Kozlov, en la Plaza Compostela.

El 20 de abril de 2017 es una fecha que jamás olvidará Boris Kozlov (29) –nombre ficticio para proteger su identidad– y sus otros doce compañeros que a día de hoy están afincados en el área de Vigo. Pero en total, en la provincia de Pontevedra ya son 20. Aquel día, hace más de tres años, el Tribunal Supremo de la Federación de Rusia, ordenó la disolución de la congregación de los Testigos de Jehová, calificándola de “extremista”, aunque en aquel momento, la libertad de seguir practicando su credo estaba garantizado. No fue así en la práctica. Comenzó entonces un asedio en forma de redadas en los domicilios de los Testigos, que en muchos casos han acabado en torturas. “Algunos compañeros en Rusia han sufrido torturas en forma de golpes, amenazas de introducirles objetos por el recto, cogerles del pelo y arrastrarlos, pegarles desnudos”, relata Josué Tizón, delegado provincial de Testigos de Jehová.

“Muchos están sufriendo torturas por practicar su religión”

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Para Boris, su mujer, y sus padres no ha sido fácil el camino hasta recalar en Cangas, donde se sienten totalmente integrados, y muy agradecidos de haber sido tan bien acogidos. Un año después de que su congregación fuese prohibida, tomaron la difícil decisión de coger un avión con destino a Madrid. “Yo no me vine buscando una vida mejor porque yo tenía un buen trabajo, mi propio coche, y vivienda. Pero vivir con miedo no es vivir. Temer que te llamen a la puerta a las 5 de la mañana, te saquen de tu cama para interrogarte, pegarte o torturarte, y todo, para finalmente acabar en la cárcel, como les ocurrió a varios compañeros, no era opción para mí. Vendí mi coche para reunir algo más de dinero para los billetes, y pasar los primeros días aquí”, explica.

Boris Kozlov, en primer plano, y Josué Tizón, en la Plaza Compostela. Pablo Hernández

Ley extremista, ley para todo

Reunirse, tanto presencial como virtualmente, organizar encuentros para leer la Biblia o cualquier otra actividad que pueda asociarse al ejercicio normal de su práctica religiosa, es considerada extremista. “Ya en la Unión Soviética, más de 9.000 Testigos fueron deportados a Siberia. Durante los años 90, la situación se alivió, pero en 2002, tras los atentados del 11 de septiembre, se aprobó la Ley Extremista que es muy inespecífica y en el que cabe todo aquello que no comulgue con las ideas del gobierno. La ONU, a través de su alta comisionada, Michelle Bachelet, pidió hasta en tres ocasiones que fuese revisada, y por contra, fue modificada y ampliada para aplicarla de manera arbitraria”, sostiene Tizón. En 2017, en el encuentro que Ángela Merkel, en aquel entonces, presidenta de Alemania, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantuvieron en Berlín, la canciller manifestaba su apoyo a las minorías que conviven en Rusia. “Le he pedido a Putin que ejerza su influencia para que se respeten las minorías y a los Testigos de Jehová”, aseguraba Merkel.

“Registraron la casa de mis padres; se llevaron a mi padre. Lo interrogaron, y después lo dejaron a dos horas andando de su casa"

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Boris, junto con su mujer, fueron los primeros en llegar a España. Un año después lo harían sus padres. “Pedimos asilo político en la policía. Estuvimos al principio en Madrid. El Samur nos ayudó con el alojamiento hasta que la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) nos metió en un programa social que dura seis meses en el que te ayudan a alquilar una vivienda, cursos de español, y con tus necesidades básicas. A partir de ahí te asignan un destino en el que empezar una vida”, destaca. Fueron destinados a Vilagarcía, pero el coste de los alquileres eran altos y fue entonces cuando decidieron trasladarse a Cangas. “Los precios son más razonables y Vigo está al lado. Podía encontrar trabajo más fácil”. Mientras, en Rusia las cosas empeoraban para sus compañeros, y también para su familia, que ha tenido que padecer las consecuencias de las actuaciones policiales rusas, por el hecho de ser Testigo de Jehová. Boris relata un episodio en el que su padre acabó en el hospital durante dos semanas tras una redada en su casa. “Registraron la casa de mis padres, y se llevaron cosas tan absurdas como unas notas de mi madre en español porque estaba haciendo un curso básico de castellano para cuando viniesen a visitarme. Pero también se llevaron a mi padre. Lo interrogaron, y después lo dejaron a dos horas andando de su casa. Tiene 70 años y muchos problemas de tensión. Cuando llegó a casa, estaba muy mal y tuvo que pasar dos semanas en el hospital”, lamenta. Es cuando sus padres deciden también irse de Rusia. “Para ellos ha sido más difícil la adaptación. El idioma, la burocracia... Siempre digo que tengo dos hijos, una de 50 y otro de 70 años. Pero ahora ya están mucho mejor. Estoy muy agradecido a este país”. Recuerda, que al aterrizar en Madrid, antes de buscar alojamiento, buscó las direcciones de los salones de reunión de los Testigos. “Tenía ganas de sentir esa libertad en comunidad”, matiza. No tardó mucho Boris en encontrar trabajo. Actualmente se dedica al sector de las TIC, y trabaja para una empresa desarrollando aplicaciones web.

“Ahora practico mi religión en libertad. Mi vida está aquí y puedo ser útil a este país”

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En Rusia hay, aproximadamente, 175.000 Testigos, y su posición ante la vida social y política en cualquier país del mundo es siempre la misma, ser neutros. “No votamos, pero aceptamos el Gobierno que gane, respetamos sus normas, y pagamos nuestros impuestos como todos”, dice el delegado provincial de la congregación. Y creen que es esa posición neutra la que molesta a un ejecutivo autoritario que está “atentando contra los derechos humanos de un modo flagrante”. “Ahora practico mi religión en libertad. Mi vida está aquí y puedo ser útil a este país”, subraya. Debido a la situación de persecución que están viviendo los miles de integrantes rusos de la congregación, los Testigos de Jehová han interpuesto 66 demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y muchas de ellas se encuentran paralizadas hace años. “De este modo, sin que ningún organismo se pronuncie a nivel legal, contribuye a que esta situación se enquiste y se agrave todavía más y esté lejos su final”, insisten desde la delegación provincial.

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