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Tribunales

El juez autoriza que los polémicos libros LGTBI de Castellón se pongan a disposición de los alumnos

El titular del Juzgado de la Contencioso número 1 levanta la medida cautelar

Imagen de los libros de la polémica.

El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Castellón levanta la medida cautelar adoptada por otra magistrada que suspendía la entrega de los polémicos libros LGTBI y acordaba su retirada. De esta forma, los libros podrán volver a estar a disposición de los alumnos en las bibliotecas de los institutos hasta que se resuelva el contencioso-administrativo o se acepten el recurso a esta decisión que presentará Abogados Cristianos.

Según fuentes jurídicas, tras analizar las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento y el Ministerio Fiscal, el magistrado entiende que la actuación administrativa impugnada "tiene un fundamento legal directo en la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana".

Según recoge la resolución, que puede ser recurrida en apelación, "no se ha aportado prueba alguna, siquiera indiciaria, de que concurra la ilegalidad que la actora denuncia en la actuación municipal", así como tampoco "de que el contenido de los materiales (libros donados) atente contra los derechos humanos".

"No se ha probado, en definitiva, que la actuación impugnada pudiera causar perjuicio alguno (...). Acordar la medida cautelar en este caso equivaldría a dejar la aplicación de las leyes vigentes al arbitrio de los intereses o valoraciones subjetivas de los particulares", concreta el auto.

La posición de Abogados Cristianos

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Castellón levanta la medida cautelar que obligaba a la retirada de los libros de ideología de género de los institutos públicos de la ciudad, pese a la oposición del Fiscal (adjunto auto y escrito del Fiscal). La Fundación Española de Abogados Cristianos recurrirá esta decisión. Su presidenta, Polonia Castellanos, asegura que "la resolución incurre en varios errores cuando dice, por ejemplo, que las bibliotecas de los institutos son de titularidad municipal". Afirma además que "el juez en este auto desoye el informe del Ministerio Fiscal, que apoya la medida cautelarísima". Y destaca: "se trata de un ataque contra la religión, la libertad de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y contra el interés del menor instruyéndoles en pornografía, prostitución y sexo con drogas".

La asociación Abogados Cristianos ha lanzado una campaña para pedir a la alcaldesa del consistorio, Amparo Marco, a que cese a la concejala de cultura, Verónica Ruiz. En dicha denuncia relatan algunos fragmentos de los libros por los que deberían retirarse de los alumnos.

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