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Redes sociales

Expertos apelan al papel de los jueces para frenar las fake news

Ponentes en el Congreso Internacional de Transparencia que se celebra en Alicante consideran que la respuesta del Derecho a los bulos es tibia y que la tecnología que hay detrás debe tener un control

Uno de los talleres del congreso en la UA, en este caso sobre filtraciones periodísticas.

Redes sociales y plataformas de internet se han convertido en altavoces de las fake news, noticias falsas con fuentes no declaradas de las que hacen uso hasta gobiernos que buscan desestabilizar la política internacional, bulos que alcanzaron picos durante el inicio del Brexit, las elecciones de Estados Unidos y la pandemia de covid-19. De ahí que los expertos apelen a la intervención de los jueces para frenar el auge de la desinformación y las lagunas en la transparencia. Este asunto se aborda en el VI Congreso Internacional que se celebra en la Universidad de Alicante con 600 asistentes de 21 países (presencial y online).

Los ponentes consideran que la respuesta del Derecho a las fake news es tibia, que no ofrece todas las respuestas, y abogan por una mayor supervisión. "Detrás de todo esto hay tecnología muy avanzada, inteligencia artificial. Hay noticias que se pueden elaborar con procesamiento del lenguaje natural y sistemas para extraer textos. Si alguien no tiene formación puede pensar que lo ha elaborado un humano", dijo Estrella Gutiérrez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. La ponente se preguntó por la respuesta que está dando el Derecho al uso de inteligencia artificial para causar daños a terceros e incluso conflictos internacionales. En este sentido, citó la propuesta de reglamento europeo en discusión que incluye un artículo sobre la obligatoriedad de la transparencia en inteligencia artificial, pese a lo cual considera que no está bien resuelto el conflicto.

Isabel Serrano, que también es profesora de Derecho Constitucional en la Complutense, señaló que los bulos están "tan bien aderezados" y son tan reales que falla el raciocinio, y puso como ejemplo el pantallazo falso de la web de una televisión belga sobre una explosión nuclear en el país que caló en toda la nación. El también profesor Jorge Abaurrea recordó que la desinformación ha existido siempre pero que ahora no hay detrás una persona autónoma sino "un laboratorio donde se cocina un proceso organizado para que tenga más viralidad".

Ingrid Santos, profesora de Lógica y Argumentación Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia, argumentó que los tribunales deben ser escenario de la discusión sobre las fake news y la interpretación judicial debe tener la última palabra, ponderando el derecho de la sociedad a la información veraz y a la libertad de expresión, contando con peritos que ayuden a los jueces a discernir sobre la existencia real de un bulo. En este sentido, Estrella Gutiérrez apuntó que las periciales empiezan a estar a la orden del día en Europa con tribunales que obligan a facilitar el acceso a los códigos fuente para saber si los sistemas están bien diseñados, aunque recalcó que en España se aplican cortapisas por cuestiones de propiedad intelectual.

Amparo Navarro: "La transparencia es un gran reto jurídico"

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, considera que la transparencia "es un gran reto jurídico" que debe ser estudiado desde las disciplinas de la tecnología, el derecho, la comunicación, la sociología y la pedagogía. Palabras que pronunció durante la inauguración del congreso que se celebra en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en un acto que contó con la presencia del presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez, quien dijo que "queda mucho por hacer" para cumplir el objetivo, dificultado por la situación de pandemia, de ahí que incida en el carácter proactivo que deben tener las instituciones con la información pública. Sin embargo, valora positivamente el trabajo de los órganos garantes a pesar de su escasez de medios y los avances desde la aprobación de la Ley de Transparencia hace 7 años.

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