La Fiscalía de Madrid pide al Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid que archive la querella presentada por Francisco Franco Martínez-Bordiú contra la jefa del servicio de conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Pilar Benito García, al considerar que el informe que redactó sobre la titularidad de los bienes conservados en el Pazo de Meirás “estaba amparado judicialmente” y no concurrió ningún ilícito penal en su elaboración.

El Ministerio Público se adhiere al recurso de reforma presentado por la Abogacía del Estado y reclama el archivo del procedimiento. Coincide con los argumentos de los servicios jurídicos del Estado en que los hechos descritos en la querella “no son constitutivos de los delitos denunciados y por ende debe revocarse el auto impugnado que admite la querella y acuerda la práctica de diligencias”.

La familia Franco dirigió acciones legales contra PiIar Benito por la presunta comisión de un delito de prevaricación, estafa procesal y falsedad documental en relación con la elaboración del informe de fecha 27 de noviembre de 2020 y un delito de revelación de secretos en relación con la difusión de dicho informe en el diario. Afirmaron que hizo un informe falso con ánimo de perjudicarles y que se remitió a los medios de comunicación, en referencia al inventario de bienes muebles conservados en el Pazo de Meirás.

La jefa del servicio de conservación aseguró en el documento que los muebles relacionados en el mismo e inventariados en el Pazo de Meirás, proceden “sin género de dudas” de Patrimonio Nacional y de fundaciones u organismos dependientes de aquella entidad, y que por tanto, serían titularidad de dicho ente público.

La Fiscalía entiende que el informe elaborado por la directora “estaba amparado judicialmente, en el seno del referido procedimiento, sin que quepa sostener cualquier tipo de arbitrariedad en su elaboración, al ser consecuencia de un mandato jurisdiccional en relación a un procedimiento concreto y sin que quepa por tanto argumentar la concurrencia de ningún ilícito penal en su elaboración”. Sobre la difusión de dicho informe el fiscal cree que “no se ha podido indicar ningún tipo de participación de la investigada en la filtración” .