Zamora, que fuera joya de la corona de la primera energía renovable producida en España, la hidroléctrica, desde tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, se proyecta como una de las provincias con mayor proyección en las fotovoltaicas, además de seguir sumando parques eólicos. Según el Ente Regional de la Energía, la producción de energía en la provincia supera anualmente los 3 millones de megavatios, de los que 1,9 tienen origen en las presas de las cuencas del Duero y sus afluentes. La potencia eólica cada día es más relevante: los 485 aerogeneradores ya instalados en las distintas comarcas zamoranas desarrollan 518 megavatios. Otros siete parques están en proyección con una inversión de 300 millones de euros para desarrollar una potencia de 350 megavatios. Las previsiones de crecimiento de los molinos en toda la región de Castilla y León, sumados todos los proyectos, permitirían suministrar energía limpia, en condiciones ópticas de viento, a 2,85 millones de hogares, el triple de núcleos familiares que el INE registra en Castilla y León.

Al agua y al viento se une ahora la fiebre por la producción solar. Zamora es una de las provincias españolas con más horas de sol al año, casi 3.000, y la galopante despoblación deja, como huella visible, la de miles de kilómetros cuadrados de campos baldíos. Las grandes compañías eléctricas se han lanzado a por los propietarios de terrenos que, difícilmente, se sustraen a las ofertas por terrenos improductivos de hasta 1.600 euros por hectárea. La potencia instalada de las plantas fotovoltaicas en Zamora alcanza ahora los 85 megavatios, la décima parte del conjunto de Castilla y León, pero hay una decena de proyectos que están en vías de tramitación. Dos de los más avanzados se instalarán en 250 hectáreas en pueblos cercanos a la capital y una segunda está prevista, precisamente, junto al que fuera el primer salto del Duero en la presa de Ricobayo en Aliste.

La “fiebre” es acogida con entusiasmo por los particulares que arriendan sus terrenos por un mínimo de 25 años y por los ayuntamientos, la mayoría de escasos habitantes, que verán multiplicar sus ingresos con las nuevas instalaciones. Pero, al mismo tiempo, surgen movimientos en contra y no sólo por el impacto visual y medioambiental de las nuevas infraestructuras. Muchos temen que se repita el mismo agravio que en la época de los grandes embalses: las tierras fértiles fueron anegadas condenando a la emigración a los habitantes de los pueblos sin que, a cambio, existiera una rentabilidad real para la provincia. Todavía hoy en día permanecen vivos los litigios entre ayuntamientos y compañías eléctricas al reclamar los primeros tasas por ocupación de terrenos. El único cobro que se había establecido, el denominado canon eléctrico, desapareció con la entrada del IVA, sin que hasta ahora se haya compensado de ninguna otra forma a los pueblos que generan energía para que se consuma a muchos kilómetros de esta parte de la “España vaciada”.

Energía gratis

Otros, en cambio, ven la oportunidad de resucitar el debate de la creación de una discriminación fiscal positiva a través de tarifas más baratas para las empresas que se asienten y creen empleo en el territorio productor. Ya hay quien ha dado el primer paso en este sentido: Muelas del Pan, municipio que concentra la presa de Ricobayo y donde se pretenden instalar parques eólicos y fotovoltaicos ya ha puesto sobre la mesa de la compañía eléctrica la exigencia de que sus vecinos tengan acceso gratuito a la energía que generan.

El impacto de los molinos ha generado plataformas que reúnen a los que se posicionan en contra del parque eólico proyectado en otra de las comarcas más despobladas, Sayago. Y en Sanabria, un colectivo vecinal del municipio de Cobreros, integrado por 13 pueblos, acaba de anunciar que llevará a los tribunales el proyecto de planta fotovoltaica que se instalaría en una zona declarada Reserva de la Biosfera, muy cercana al Parque Natural del Lago de Sanabria. Frente a los detractores, los que defienden cualquier inversión que llegue a una provincia que pierde unos 2.000 habitantes cada año por falta de puestos de trabajo.