Si la señal está en rojo, ¡alto!, piénseselo, va a comprar o a engullir un producto alimenticio con muchos peros desde el punto de vista de la salud. Vamos, que puede ser dañino, sobre todo si se consume en abundancia y de continuo. Sin embargo, ¿qué sucede si ese mismo color es utilizado para alertarnos sobre el aceite de oliva, santo y seña de la gastronomía mediterránea y sobre el que hay consenso generalizado en relación a sus bondades para nuestra salud. ¿En qué quedamos? Más confusión: ¿Y si resulta que muy cerca de la tonalidad verde, aquella que deja paso libre para el consumo, aparece un refresco de cola, aunque no tenga azúcar? ¿Cortocircuito? Pues algo parecido está empezando a suceder con la regulación que la Unión Europea proyecta implantar hacia 2023 para dar, uniformada, una información general y muy gráfica de los valores nutricionales de los alimentos. Muchos consumidores y algunos productores han empezado a ejercer de ‘lobby’ para tratar de poner coto a esta iniciativa, sobre todo si les resulta lesiva. Ahí están el aceite de oliva, el jamón ibérico o algunas denominaciones de origen.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí?. El jefe del departamento de Derecho Alimentario del Instituto Tecnológico de Industria Alimentaria (Ainia), José María Ferrer, explica que hay que remontarse a 2011, cuando la Comisión Europea reguló el etiquetado de alimentos y estableció la opción de incluir en los envases una información adicional y voluntaria a la obligatoria. En la década transcurrida, han surgido «diversas iniciativas que se plantean cómo diseñar sistemas para que el consumidor sepa de forma visual las características del producto», apunta. Una de ellas es la del semáforo, propia del mundo anglosajón, con tres colores:rojo, verde y ámbar. Es «muy simple y no cumple un abc del reglamento de la UE, que es que no induzca al error al consumidor, que no sea ambiguo o confuso y se base en datos científicos».
A continuación han salido otros sistemas, de manera especial Nutriscore, ideado en Francia, que es más completo, porque incluye cinco letras, de la ‘a’ a la ‘e’ y cinco tonalidades de color del verde al rojo que indican las mejores o peores bondades para la salud de un alimento. Es voluntario y en España hay productos que incluyen esa información. El año pasado, el Ministerio de Consumo anunció que estaba trabajando en un decreto para aplicar Nutriscore. También la UE concluyó en 2020 que es necesario crear un sistema «obligatorio y armonizado para facilitar el trabajo de la industria y la compresión por parte de los consumidores». Prevé tener en 2023 un reglamento sobre la materia.
Mientras llega ese momento -y a la vista de la experiencia del semáforo anglosajón y el Nutriscore galo-, los productores de diversos alimentos han empezado a ejercer una labor de ‘lobby’: «Dicen: ‘mi producto no puede ser tratado como otros, no puede ser mejor una coca-cola que el aceite’ [la primera en la ‘b’ de Nutriscore si no tiene azúcar (casi bien) y el segundo en la ‘d’ (casi mal) y exigen que les excluyan o que les den un trato diferenciado», afirma Ferrer. No solo es el aceite -en esa posición por ser una grasa- o los productores de ibéricos -también penalizados por la grasa y la sal-, sino las denominacione de origen y la indicaciones geográficas protegidas, que «no se consideran industrias alimentarias al uso». Aunque Bruselas no se ha definido claramente, «todo indica que seguirá el modelo Nutriscore, que apoyan,entre otros, Francia, Alemania, Holanda y España».
El directivo de Ainia considera que el nuevo sistema tiene a su «favor que es un intento de facilitar al consumidor de forma visual herramientas para que haga una compra mejor informada y que su dieta sea más saludable, pero hacer las cosas simples y sencillas puede llevar a la injusticia de penalizar a determinados alimentos y beneficiar a otros que no lo merecen, ya que puedes penalizar un producto que es bueno para su consumo».
Es un visión que coincide con la que expresa el sector. Así, el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), Cristóbal Aguado, «rechaza rotundamente que el semáforo Nutriscore se aplique a los productos agrarios porque es una herramienta que únicamente tiene sentido en alimentos procesados con varios ingredientes donde, en función de su método de fabricación, pueden contener más o menos sustancias no recomendables para la salud».
«Los productos cultivados en Europa como la naranja, la uva o el aceite son naturales, producidos bajo las condiciones más garantistas del mundo en seguridad alimentaria, trazabilidad y sostenibilidad ambiental, y forman parte de una dieta mediterránea que la comunidad científica avala como la más sana y equilibrada. Nos parece intolerable que venga ahora un algoritmo, creado al calor de la industria alimentaria, a decirles a los consumidores que los productos naturales no son mejores que los manufacturados», añade Aguado.
Así las cosas, AVA «se opone a la obligatoriedad de un semáforo nutricional que antepone las fórmulas matemáticas a la calidad real y a la frecuencia de consumo recomendada de los alimentos. Además, resulta incoherente con las políticas alimentarias de la Unión Europea y puede tener unas repercusiones muy negativas sobre el prestigio, la comercialización y el consumo de determinados productos agrarios sin mejorar, asimismo, la salud de los consumidores».
Cristóbal Aguado añade que la Unión Europea «peca de exceso de regulación y amenaza con convertir la alimentación en un galimatías normativo, cuando lo que tiene que hacer es simplificar, evitar confusiones y enseñar a la sociedad madurez a la hora de elegir productos de proximidad que garantizan los máximos estándares de salud y calidad».
Por su parte, el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, pidió «sensatez, equilibrio y mesura», antes de apuntar que «el Consell aboga por una alimentación saludable e impulsa que los consumidores tengan una información completa y veraz sobre los alimentos. Pero no es este el caso. Si se llevan las cosas hasta extremos obsesivos, pueden degenerar en situaciones paradójicas, cuando no absurdas. Lo vimos recientemente en el caso del zumo de naranja natural al que se pretendía subir el IVA por interpretar que se trataba de una bebida azucarada. Por tanto, hay que manejar con cuidado ciertos conceptos para no caer en un confusionismo a menudo interesado».
En línea con Aguado, Llanes opina que, «en temas como el que nos ocupa, no puede tomar la decisión un algoritmo que pasa por alto otro tipo de consideraciones igual o más importantes. No podemos convertir a nuestros agricultores y ganaderos en el blanco de la diana y en el chivo expiratorio de cierto desconocimiento e incluso de un puritanismo alimentario».
