La consellera valenciana de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, ha dictado esta mañana la orden para que la policía autonómica abra una investigación para determinar si hubo un organizador de la fiesta ilegal en la azotea de la residencia Galileo Galilei, donde se ha registrado un brote con 120 contagiados por coronavirus. Asimismo la policía dependiente de este departamento deberá investigar si los participantes llegaron a pagar alguna cantidad económica para participar en la fiesta ibicenca. Bravo ha ordenado a la comisaria jefa de la policía autonómica que inste la investigación que llevará a cabo el grupo de espectáculos de la misma.

La organización de este tipo de fiestas sin autorización están tipificadas como muy graves, según del Decreto ley 11/2020 que dictamina las sanciones por incumplimientos de las normas de prevención del coronavirus. Según esta tipificación, la organización puede enfrentarse a una multa de hasta 600.000 euros si se demuestra una acumulación de hasta 10 faltas muy graves.

Asimismo, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig,Ximo Puig ha afirmado, en una entrevista en Onda Cero, que hay 25.000 estudiantes universitarios que no pueden recibir clases presenciales "por la irresponsabilidad de unos pocos" y "eso tiene que tener una respuesta". "Desde luego, va a haber una investigación y se van a adoptar las medidas que correspondan", añadió.

El jefe del Consell ha aseverado que está "convencido de que los jóvenes que estuvieron en esa fiesta no tenían ninguna conciencia probablemente de lo que estaba sucediendo, pero es que puede suceder" y hay que mantener la "máxima prudencia".

Esta investigación también determinará las posibles sanciones derivadas de la aplicación del Decreto ley 11/2020 de Régimen Sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención de la COVID-19.

Esta medida se toma después de que, este martes, la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital pusiera en conocimiento de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública la suspensión de las clases presenciales en la Universitat Politècnica de València como consecuencia de un brote de la COVID-19, que "pudiera tener un origen social en el colegio mayor Galileo Galilei, de titularidad privada".