Ecologistas denuncian que algunas regiones permiten cazar durante el aislamiento

La organización Ecologistas en Acción ha denunciado este martes que algunas comunidades autónomas como Galicia o Asturias "autorizan actividades cinegéticas" durante el estado de alarma decretado por el Gobierno "con la excusa de daños a la agricultura".

En una nota de prensa remitida a la Agencia Efe, Ecologistas en Acción asegura que "además de Castilla y León, que ya ha rectificado, hay al menos dos comunidades autónomas, Galicia y Asturias, que de forma irresponsable autorizan actividades cinegéticas con la excusa de los daños a la agricultura".

Recuerdan que la Junta de Castilla y León autorizó la práctica de la caza "en determinadas condiciones" durante el confinamiento de la población con motivo de la pandemia por coronavirus, pero después rectificó a raíz de la reacción social y las acertadas alegaciones de los agentes forestales".

Para la organización ecologista, la caza "es una actividad de ocio, económica y no de primera necesidad" y añaden que "tampoco forma parte de la actividad agraria, como ha pretendido argumentar la Junta de Castilla y León".

Argumentan además que "las autorizaciones excepcionales que se dan a los cazadores por presuntos daños en los cultivos o en las explotaciones ganaderas se han convertido en algo sistemático que ha generado un nuevo negocio, al margen de la temporada regular de caza que acaba de terminar".

A juicio de Ecologistas en Acción, la caza "no sirve para controlar poblaciones ni para evitar daños a la agricultura y la ganadería" y por ello reclaman que se realice "un análisis objetivo y riguroso del problema" con soluciones a largo plazo "basadas en la gestión del hábitat y en la autoprotección de las explotaciones".

También recuerdan que los agentes medioambientales y forestales, "son un personal escaso, que debiera poder atender asuntos más importantes que vigilar cazadores " y aseguran que carecen "de equipos apropiados para intervenir armas, denunciar o detener infractores en caso necesario".

Por todo ello, la organización reclama que Galicia y Asturias "u otros territorios que las puedan tener, retiren las normas, circulares o instrucciones que permiten la caza en los momentos actuales" o que, en su defecto, el Gobierno central "retire las normas ilegales y denuncie judicialmente a los responsables de su aprobación".