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Desapariciones

Lobatón: "180.000 denuncias en 10 años por desapariciones son un problema social"

A día de hoy quedan activos un total de 12.330 casos - "No es pertinente hablar de desapariciones voluntarias salvo que haya una constancia expresa", dice Lobatón

El periodista Paco Lobatón.

Hace 12 días que se daba la voz de alarma por la desaparición de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa, que acudió el pasado sábado 24 de agosto al Valle de la Fuenfría de Cercedilla a caminar y que ha sido hallada muerta este mismo miércoles en el conocido como Pico de la Peñota. No es la primera ni la última persona que desaparece durante días, muchas de ellas sin llegar a una resolución. Actualmente en España, según datos del Ministerio del Interior, 12.330 denuncias están activas por desaparición. Desde el año 2010 hasta 2018, han sido un total de 176.063 casos. Unos datos bastante alarmantes que en los últimos años han ido subiendo como la espuma. Según el Informe 'Personas Desaparecidas 2019', "de las 12.330 denuncias activas presentes en el sistema Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin identificar (PDyRH), 271, es decir, un 2,19%, se consideran de alto riesgo (confirmado y no confirmado). Por lo tanto, casi el 98% restante se encuadra dentro de las denuncias de riesgo limitado".

Pero, ¿se sabe cuántos casos no son denunciados? En palabras del periodista y vicepresidente de la Fundación Europea por las personas desaparecidas, Paco Lobatón, "no es posible cuantificar lo que no se registra como denuncia en una base de datos. En cualquier caso, que las denuncias de desaparición registradas desde 2010 a 2018 sean casi 180.000 es un dato suficientemente importante como para considerarlo un problema social relevante. Lo siguiente - y en eso trabaja la Fundación- es reclamar a la Administración medidas acordes y proporcionadas con la magnitud del fenómeno".

Así pues, son muchas las hipótesis sobre la desaparición de la medallista olímpica, aunque según el periodista experto en el tema, antiguo conductor del televisivo 'Quién sabe dónde', no es correcto hablar de desapariciones voluntarias. "En la fundación hemos debatido mucho sobre la cuestión de la voluntariedad y nuestra posición es clara: no es pertinente hablar de desapariciones voluntarias salvo si hay una constancia expresa, y en ese caso sería más apropiado llamarle ausencia voluntaria", señala para añadir que "en consecuencia, creemos que no cabe la presunción de voluntariedad en una desaparición, porque ello puede comportar la demora en la respuesta o la limitación de los recursos para la búsqueda. Así que, en principio y por principio, toda desaparición debe ser considerada de riesgo o incluso de alto riesgo si median determinados elementos que puedan afectar a la integridad del desaparecido".

El especialista, pese a esto, sabe que "aunque cuesta trabajo aceptar que alguien desaparezca voluntariamente sin dejar rastro, es evidente que ocurre". Y si hay que ponerse alerta para conocer un supuesto 'modus operandi' de las personas que deciden dejarlo todo atrás, Lobatón no lo tiene claro. "No hay una pista, tan solo la ausencia detectada por la familia y el entorno. No hay una escena de la que partir. Eso es lo que convierte en tremendamente compleja la investigación de una desaparición en el plano policial. Y también en el judicial, porque, de entrada, una desaparición no es un delito. De ahí la necesidad de cuerpos especializados de una Ley específica, un Estatuto de la Persona Desaparecida que cubra el enorme vacío actualmente existente en ese campo".

Ayuda a las familias

En este sentido, desde la fundación de Lobatón se encargan de hacer un seguimiento de los casos y ayudar, en primera y única instancia, a las familias. "Nuestra primera tarea es ofrecer ayuda a las familias en el plano legal, en la difusión y en la atención psicológica. Es una función que ejercemos coordinadamente con el CNDES (Centro Nacional de Desaparecidos) creado en 2017 precisamente para promover la coordinación policial , la relación con las organizaciones del sector y la atención a las familias". Pese a la existencia de este organismo, Lobatón asegura que aun faltan cosas por hacer. "Tenemos tres prioridades, que el CNDES incremente su labor en la coordinación de las FCSE y, sobre todo, en la atención a las familias de personas desaparecidas; que se completen los pasos necesarios, especialmente en el ámbito parlamentario, para elaborar y aprobar el Estatuto de la Persona Desaparecida y que se inviertan recursos en el apoyo a las asociaciones y organizaciones y en la generación de una más amplia conciencia social sobre las desapariciones", asevera.

El mito de las 48 horas

Según Lobatón, lo primero que tienen que hacer las familias es "acudir a la oficina policial más cercana y presentar la denuncia. Todo ciudadano tiene derecho a que le sea tomada la denuncia y a recibir una copia de la misma que será imprescindible para las siguientes actuaciones. Los máximos responsables de la Seguridad, incluidos los últimos Ministros de Interior, han repudiado públicamente el mito de las 24 o 48 horas de espera; sin embargo, la inercia sigue imperando en algunos casos. Por eso, es vital un plan de formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad sobre el recién adoptado (marzo 2018) nuevo Protocolo para la búsqueda de desaparecidos".

El periodista, tras muchos años al pie del cañón con este tipo de casos, pedía hace unos días calma ante el caso de la famosa deportista, aunque sabe que son muchas las personas de las que se sigue sin saber nada y que no cuentan con tanta difusión mediática. "Entre los casos sin resolver, se encuentran algunos de larga duración como el de David Guerrero (1987), Jesus Martínez (1985), Gloria Martínez (1992) o Cristina Bergüa (1997) que demandan un seguimiento especial. Las familias de estos desaparecidos no han dejado de pedir Unidades especializadas, en su defecto, incremento de efectivos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) dedicados a esta tarea".

Provincias y comunidades

En cuanto a los datos por comunidades y provincias, según el informe del Ministerio, se puede apreciar que Andalucía y Cataluña son las Comunidades Autónomas que más denuncias registran, mientras que a nivel provincial, son Madrid y Barcelona las que aglutinan más hechos sobre desapariciones. Así, según el estudio y por lo que respecta a las denuncias activas clasificadas en el nivel de alto riesgo, la distribución territorial indica que las Comunidades Autónomas de Cataluña, Andalucía, Canarias y Galicia son las que anotan una incidencia más alta. Además, en las que se contabilizan un mayor número de denuncias activas (incluyendo todos los niveles de riesgo existentes) por personas desparecidas son Andalucía, Cataluña, Murcia y Canarias.

Gráfico: Izaskun Garaizabal

Por su parte, Barcelona, Las Palmas, Illes Balears, Murcia y Málaga son las provincias que tienen una mayor cifra de hechos conocidos por desaparición de personas clasificadas en nivel alto riesgo. Por su parte, Cádiz y Granada son las provincias en las que se han conocido más hechos de desapariciones en todos los niveles de riesgo.

Gráfico: Izaskun Garaizabal

El documento elaborado por Interior pone de manifiesto que un 58% de las denuncias corresponde a varones y un 41% a mujeres. Además, la mayoría de las desapariciones de alto riesgo denunciadas en España recaen sobre nacionales, constituyendo casi el 78,67% de éstas. Las que afectan a ciudadanos de origen extranjero suman un total de 21,33% de las desapariciones de alto riesgo.

Gráfico: Izaskun Garaizabal

Por otro lado, en referencia a los menores de edad (teniendo como referencia la edad actual que tendrían las personas desaparecidas), los datos ponen de manifiesto que las denuncias activas de alto riesgo confirmado (12) alcanzan solo el 5,33% del total de las denuncias clasificadas en este nivel (un total de 225). No obstante,partiendo de la edad de los menores desaparecidos en el momento de la ocurrencia de los hechos, (20 casos de alto riesgo confirmado), el dato alcanza el 8,88%. "La mayor parte de las denuncias en situación activa relativas a desapariciones de menores pertenecen a ciudadanos extranjeros (95,79%), (solo 519 denuncias de las 12.330 activas pertenecen a menores de nacionalidad española). Sin embargo, si partimos de la edad en el momento de la fecha de desaparición el dato se eleva ligeramente hasta los 773 casos", reza el documento del Ministerio.

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