No parece que sea preciso recordar que los seres humanos tenemos derechos reconocidos como tales en los códigos de todos los países democráticos. Fue en tiempos de la Ilustración cuando apareció la idea de que todas las personas cuentan con unos derechos inalienables incluso si los gobiernos que regulan sus condiciones de vida se los niegan; unos derechos que se conocen como humanos e universales desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó su existencia en 1948.
Más difícil de manejar es el asunto de los derechos que podrían tener seres de otras especies, aunque el movimiento en favor de la defensa de los animales ha ido avanzando en la incorporación de los seres vivos no humanos a la categoría de los poseedores de derechos. Suele invocarse en contra de la idea de que un animal pueda tener derechos tanto el detalle técnico-filosófico de que no puede haber derechos sin deberes como la cuestión difícil de resolver acerca de quién y cómo debería defender a un animal cuando sus derechos son conculcados. ¿En qué medida, por ejemplo, cabría intervenir a favor de un antílope perseguido por un leopardo, o viceversa? Pero, por supuesto, siempre que nos preocupamos de los derechos de los animales es porque somos nosotros, los humanos, quienes cometemos los atropellos. De ahí que haya pensadores reacios a considerar a los animales como poseedores de derechos, proponiendo para poder defenderles que se plantee el derecho (y el deber) de los seres humanos a lograr un mundo en el que no se maltrate a ningún otro ser vivo siempre que sea posible evitarlo. El debate taurino, o el vegetariano, son buenos ejemplos de las dificultades que hay para llegar a un acuerdo pero que existan los problemas no es coartada para dejar de buscar soluciones.
Por extensión, la naturaleza podría ser considerada el sujeto más amplio con derechos de ese estilo que debemos proteger aunque sólo sea por el bien de las generaciones humanas siguientes. Un artículo aparecido en la revista Science y firmado por Gullaume Chapon, Yaffa Epstein y José Vicente López-Bao plantea una vez más los problemas medioambientales causados por la mano humana y la necesidad de legislar para proteger a la naturaleza de los peligros que corre, dando por sentado que las leyes podrían revertir el deterioro medioambiental creciente. Los autores ponen ejemplos de iniciativas en favor de la naturaleza por medio de leyes que se han aprobado en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, India, Nueva Zelanda e incluso los Estados Unidos (en el condado Tamaqua en Pensilvania). Es cierto que siempre es bueno dar un primer paso pero, en este asunto, no parece que el de aprobar una ley sirva de mucho. Tenemos ejemplos, como el de la incapacidad para luchar contra el calentamiento global, que ponen de manifiesto que con las leyes e incluso los acuerdos internacionales no basta.
