Varias compañías discográficas independientes, entre ellas Produccions Blau, reclamarán unos 375 millones de euros a la Administración por responsabilidad patrimonial en los daños que le han ocasionado las descargas no autorizadas de archivos en internet y llevarán la reclamación al Consejo de Ministros a través del ministerio de Presidencia.
Los denunciantes anuncian que si no obtienen respuesta iniciarán un procedimiento judicial a través de la jurisdicción económico-administrativa.
