La última vez que fueron preguntados, un 70% de los estudiantes de la UIB aseguró haberse dejado copiar alguna vez durante los exámenes de la licenciatura. Algo más de la mitad reconocía haberlo hecho, mientras que un 52,4% confesó haber tirado de ´chuleta tradicional´ en un momento dado. Asimismo, un 76% admitió haber ´fusilado´ –sin citar fuentes– fragmentos de internet para hacer sus trabajos. Incluso un 10% aceptó haber llegado a descargar uno completo para presentarlo después con su nombre.

Reveladoras estadísticas, resultaron del pionero estudio sobre ciberplagio realizado en 2008 por Jaume Sureda y Rubén Comas, docentes del departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la universidad Balear. Su informe, por primera vez en España, calibró el grado alcanzado por las "prácticas deshonestas universitarias", las mismas sobre las que los profesores de la UIB todavía carecen de un protocolo de actuación. Y a las que la Hispalense de Sevilla quiere hacer frente, con una nueva normativa que permitirá que los alumnos pillados ´in fraganti´ puedan terminar sus exámenes, o dejará de reconocer como "requisito indispensable" para aprobar la asistencia a las clases teóricas.

Derivando del caso de la universidad sevillana –cuyo rector ha convocado para el lunes un consejo de gobierno para rectificar el polémico protocolo reguladora–, el propio Jaume Sureda confirmaba ayer su "preocupación" por las estadísticas alcanzadas por esta "deshonestidad académica". También su convencimiento sobre la necesidad "tomar conciencia" y "poner fin a esta situación", algo que sí se ha sabido hacer en el "mundo aglosajón". "Allí hace años que tienen estrategias para terminar con el plagio. Con el involuntario, formando mejor al alumnado para que no incurra en él, y con el voluntario, donde ya está muy claro que el que la hace la tiene que pagar".

"Regular la deshonestidad académica en las universidades, donde se supone que tenemos que dar lecciones de ética, es totalmente imprescindible", entiende Jaume Sureda, quien extiende las malas prácticas más allá del alumnado y del plagio; "también presentes en el campo de la gestión y en el de la docencia". Él, partidario de aplicar "la mano dura" cuando se localiza un caso, y todavía a la espera de un protocolo, seguirá dando a los copiones que pille (y lo hace) la posibilidad de elegir entre dos vías: apertura de expediente académico o ir directo a septiembre, la opción ´favorita´.

Asimismo, el profesor matiza lo escrito estos días sobre la normativa de la Hispalense, "que no propone el escándalo publicado en muchos titulares". "No se trata de legalizar el que se pueda copiar. Decir lo contrario es una exageración".

La voz del estudiante

"Muchos alumnos no tienen la sensación de estar haciendo algo malo". Marcos Augusto, representante de los alumnos en el Consejo de la UIB, no desmiente las prácticas académicas deshonestas entre sus representados, aunque las matiza y las reduce en número; "más habituales en secundaria y bachillerato". Respecto al caso de los trabajos plagiados –un problema que percibe "mayor" que el de las prácticas de copia en los exámenes– entiende que "los profesores, a veces, carecen de la pedagogía necesaria para enseñar a diferenciar entre un plagio y lo que no lo es".

"Cada profesor actúa de la forma que cree más conveniente". Marcos Augusto, que también cita septiembre como castigo recurrente y preferido, confirma que cada docente de la UIB aplica su criterio cuando localiza a un ´copión´, algo que, solicita, se "debería unificar y normativizar". En este sentido, cree "importantes y positivas" las intenciones protocolarias de la Hispalense de Sevilla.