La Responsabilidad Social Corporativa y sus beneficios fiscales

Y para animar a las empresas españolas a desarrollar este tipo de políticas, el Estado tiene una serie de herramientas eficaces. Tal y como indica Orencio Vázquez, del Observatorio de RSC, organización sin ánimo de lucro, fundada en 2004, "todos los actores del panorama empresarial y económico se dejan guiar por incentivos", y esto permite a las distintas Administraciones Públicas guiar a las empresas hacia un modelo de negocio responsable, incentivándolo, por ejemplo, con el acceso a una financiación ventajosa, el acceso a la contratación pública o a la posibilidad de ver reducida su contribución fiscal.

Los beneficios fiscales, comenta Vázquez, son uno de los instrumentos más eficientes que posee el Estado,a veces más que la propia legislación. En un modelo de beneficios fiscales son las propias empresas quienes deberán demostrar que están aplicando determinadas políticas de RSC para obtener, por ejemplo, unas reducciones fiscales en el Impuesto de Sociedades. Sin embargo, en España desde la Administración General del Estado, no existe una normativa sobre este tipo de beneficios aplicados a empresas que incluyen políticas de RSC, tal y como comentan desde Observatorio RSC.

"Debe existir un sistema robusto y sólido que acredite o que permita acreditar que una empresa está aplicando políticas adecuadas en el ámbito de la RSC"

Estos sistemas de carácter autonómico se podrían aplicar de manera global a todo el territorio nacional, por parte de la Administración General del Estado. Sin embargo, existen todavía algunas dificultades para diseñar una política para el conjunto de España. Y es que promover beneficios fiscales por las políticas empresariales de RSC "tiene muchas implicaciones, y estas pueden ser positivas y negativas", comenta Orencio Vázquez, ya que existe el riesgo de que se vean beneficiadas empresas "que realmente no están produciendo el impacto que se desea por parte de la filosofía de la norma, por lo que para aplicar esos beneficios antes debe existir un sistema robusto y sólido que acredite o que permita acreditar que una empresa está aplicando políticas adecuadas en el ámbito de la RSC, y generando impactos positivos".

Responsabilidad y transparencia

Sin embargo, sí hay algo por lo que las políticas para impulsar Responsabilidad Social Corporativa y otros nuevos marcos legislativos, como la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 (LCSP), están luchando es por la transparencia en todos los ámbitos empresariales, incluída la propia fiscalidad de las empresas. Algunos informes elaborados por el Observatorio de RSC, señalan el cada vez mayor número de investigaciones que indican la relación existente entre fiscalidad y derechos humanos. En dichas investigaciones, se pone de manifiesto cómo ciertas prácticas empresariales, como la evasión y la elusión tributaria, tienen impactos negativos en los gobiernos y en su capacidad recaudatoria. Esto se traduce en la falta de financiación de los servicios públicos y en la dificultad de los Gobiernos para obtener los recursos necesarios que garanticen los derechos humanos en sus países.

Teniendo en cuenta que dos de los mayores aportes que hacen las empresas responsables son la creación de empleo estable y la contribución a los Estados a través del pago de impuestos, se puede hablar de una fiscalidad responsable beneficiosa para empresas.

En este sentido, los expertos Miguel Gutiérrez, Socio Deloitte Legal, Jorge Martín Girola, Asociado senior, y Susana María Romero, Asociada, ambos también de Deloitte Legal, destacan los beneficios fiscales que las empresas obtienen al integrar distintas políticas de RSC, y que van desde una mejora en la gestión del riesgo reputacional y de la imagen de la empresa, hasta la prevención de riesgos potenciales asociados a las actividades desarrolladas por la compañía. Además, para los expertos, disponer de un modelo de gestión y control de riesgos fiscales puede mejorar las relaciones y canales de comunicación con las administraciones tributarias.