26 de noviembre de 2014
26.11.2014

"Nos decían que si no firmábamos un fichaje era el caos para el club"

Los administradores concursales declaran en el segundo día de juicio por la demanda de Claassen contra Serra y Cladera por un desvío de ocho millones en la 2011/12

26.11.2014 | 09:06
Sebastià Frau, Pedro Mir y José Miguel Creguenzán, en una imagen de archivo en Son Moix.

Encontronazo entre Serra y Claassen

  • La tensión que se venía palpando durante casi dos largas jornadas de juicio entre las dos partes (Serra Ferrer y Cladera, por un lado, y Pedro Terrasa y Utz Claassen, por el otro) estalló al finalizar la sesión de ayer. Durante el interrogatorio del último testigo Serra y Cladera sorprendieron al alemán pasándole un papelito a su abogado a escondidas. El gesto no es ilegal, pero va contra el ‘fair play’ en estos casos, y los dos demandados intentaron denunciar el hecho durante el juicio. La sesión continuó y al concluir Serra se fue hacia Claassen gritándole “¡Lo he visto, lo he visto!”. El juez les mandó sentar y a puerta cerrada les exigió que no trasladaran al juzgado las “batallas” que mantienen en el club.
El segundo día del juicio por la demanda de acción social de Utz Claassen contra Llorenç Serra Ferrer y Jaume Cladera por un desvío presupuestario de ocho millones de euros en la temporada 2011/12 trató de explorar en las causas de aquel desfase. Los administradores concursales que tutelaron la gestión del club durante parte de aquel ejercicio – Pedro Mir, Sebastià Frau y José Miguel Creguenzán– desfilaron por el juzgado número 1 de lo Mercantil de Palma. Asumieron que el presupuesto de aquella temporada partía con deficiencias, lamentaron haber tenido que autorizar fichajes "bajo presión" y reconocieron "irregularidades" en el contrato de Alejandro Alfaro con Impera.

"Dijimos que no queríamos autorizar contrataciones aceleradas. Todo se hacía bajo presión, pero nos contestaban que si no firmábamos el jugador se escaparía y todo sería caos y abismo", declaró Frau. "En realidad nunca sabíamos el coste de un fichaje porque al cabo de quince días de cerrar la operación te llegaba el pago al intermediario. Era una mecánica viciosa", añadió el abogado.

El economista Creguenzán indicó que el presupuesto de aquella temporada estaba "mal confeccionado". Por ejemplo, contemplaba un gasto de 840.000 euros para pagar abogados, procuradores y sus propios honorarios por tutelar el concurso, pero al final esta partida se disparó hasta los 2,3 millones de euros. Al cierre del ejercicio también hubo notables diferencias en el capítulos del gasto financiero, provisiones y amortizaciones.

En todo caso, Mir asumió como "razonable" que el presupuesto sufriera una primera desviación por los gastos derivados de la destitución de Michael Laudrup y la contratación de su cuerpo técnico. "La tendencia fue superar el 70 por ciento de gasto permitido sobre los ingresos con la contratación de Caparrós. Ese caso era razonable porque la llegada del nuevo entrenador supuso un vuelco y la permanencia en Primera División, que era el mayor activo del club", defendió el economista. De hecho, el relevo en el banquillo obligó a hacer un nuevo presupuesto en noviembre. "Opino que por regla general no es admisible hacer correcciones, pero el fútbol es un mundo muy especial", valoró Frau.

Aquellos presupuestos fueron elaborados por Pedro Terrasa, entonces director general. Aunque su relación con Serra Ferrer ya había deteriorado notablemente por haber denunciado la operación de Alejandro Alfaro y se "sentía apartado de la gestión", dijo Mir. "La mayoría de los contratos venían firmados por Serra y Cladera", añadió.

Terrasa alertó a los administradores sobre la operación de Alfaro y, particularmente, de un pago de 500.000 euros a Impera, una sociedad radicada en Suiza. "Nos llamó la atención", declaró Mir. "Nos reunimos con Serra, el futbolista y el administrador de Impera, Luis Pereira. Trasladamos un informe a la juez del concurso para la reintegración de la cantidad y recomendamos al Mallorca que pusiera una demanda", explicó el economista.

"No nos dio tiempo a poner nosotros la demanda porque en marzo cesamos como administradores", recordó Frau.

Otro tema a debate fue la minuta que percibió Miquel Coca por su asesoramiento jurídico durante el concurso (fase común y convenio): 329.000 euros. El abogado, que declaró como testigo de la parte demandada, aseguró que estos honorarios eran incluso inferiores al baremo que establece el Colegio de Abogados.

El juicio finaliza hoy con la declaración de los peritos y las conclusiones.

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