Al margen del debate judicial, diez años después, continúa el debate sobre si persisten los efectos de la catástrofe, con repercusión todavía en la cadena trófica, según las organizaciones ecologistas, y si se está preparado para evitar otro siniestro similar.
Sobre ello, en su informe 'Otro Prestige es posible', Greenpeace España alerta de que continúan navegando buques monocasco por aguas comunitarias. Además, esta organización ha pedido "cambios legislativos" para depurar las responsabilidades en el ámbito económico, legal y político y para prohibir circulación de este tipo de buques, que sí tienen prohibida la entrada en puertos europeos.
En otro informe, la organización denuncia que en el juicio deberáin estar sentados más personas de las imputadas. En este sentido, Greenpeace ha explicado que Mariano Rajoy tenía la responsabilidad de gestionar la crisis y, según ha apuntado Caballero, la gestión que se hizo "ralla la negligencia". Además, según ha apuntado Greenpeace, Rajoy "no informó adecuadamente a la sociedad sobre los datos reales de la catástrofe".
Además, el informe subraya que Alvarez-Cascos respaldó la decisión de alejar el barco de las costas gallegas "ignorando" así, según señala el estudio, el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental, y provocando, según añade, el hundimiento del petrolero el 19 de noviembre de 2002.
El texto apunta también como responsables al entonces y ahora ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, por "minusvalorar la dimensión ambiental de la catástrofe"; al exministro de Medio Ambiente Jaume Matas, por la "ineficacia" de la "limpieza de la costa y las playas"; al entonces delegado del Gobierno en Galicia Arsenio Fernández de la Mesa, por su "política de desinformación" y su participación en la decisión de alejar el buque de las costas gallegas"; y al capitán marítimo de A Coruña hace diez años, Angel del Real, por "no comunicar a sus superiores que había opciones viables para no enviar el Prestige a alta mar.
Igualmente, el informe responsabiliza de la catástrofe a la entonces ministra de Sanidad, Ana Pastor, -por menospreciar el potencial tóxico vertido- , al entonces director general de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) Javier Gárate Hormaza, al exsubdirector general de Tráfico y Seguridad Marítima Manuel Nogueira Romero, al entonces inspector de Capitanía Marítima Serafín Díaz y al exconsejero de Pesca Enrique César López-Veiga.
Caballero ha insistido en que si se hubiera seguido el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación, el petrolero se hubiera llevado al Puerto de A Coruña pues, según ha precisado, tenía calado para entrar, y el vertido de fuel "se hubiera contenido ese mismo día".
En el marco del citado plan, según recuerda el informe, el 19 de septiembre de 2001 se hizo un simulacro frente al puerto de A Coruña en el que se ensayaba el hundimiento de un petrolero y la Dirección de Marina Mercante así como la sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima adoptaron la decisión de llevar el barco a puerto y allí extraer el petróleo.
El informe de Greenpeace destaca que el vertido de fuel, que afectó a 2.600 kilómetros de costa española, fue debido a los "fallos y negligencias institucionales a la hora de tomar decisiones" así como a las "deficiencias en la legislación y régimen de responsabilidad en el transporte marítimo" que, hoy en día, según apunta Greenpeace, "siguen protegiendo los intereses de la industria petrolera".
