Tribunales
La Audiencia Nacional confirma que varias consultoras se confabularon en una licitación de Calvià 2000: «Master, decidme qué hacer con esto»
El tribunal da por probado que Regio Plus e Hidria participaron con otras compañías en un cártel para manipular licitaciones en toda España y utiliza como ejemplo lo sucedido en el municipio mallorquín
Un informe municipal de 2017 aseguró que no constaba ningún vínculo entre las empresas invitadas, pero el contrato acabó adjudicado a CPC, vinculada a Regio Plus
Camiones de recogida de residuos de Calvià 2000. / Ajuntament
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La Audiencia Nacional ha confirmado la sanción económica a Regio Plus Consulting e Hidria, dos empresas de consultoría que, junto con otras, formaron un cártel para manipular decenas de licitaciones de administraciones públicas en toda España, una de las cuales fue de la empresa municipal Calvià 2000. Las multas, de 33.744 y de 11.979 euros, respectivamente, fueron impuestas en 2021 por la Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Este caso concreto se remonta al año 2016, y la Audiencia Nacional lo destaca, tomando como referencia las conclusiones de la CNMC, como un ejemplo del “elevado nivel de coordinación entre los grupos de empresas con el objetivo de eludir, siempre que les fuera posible, la necesidad de competir para ser adjudicatarias de las licitaciones”.
La sentencia recoge varios correos electrónicos entre Regio Plus Consulting e Hidria a propósito de una licitación abierta por Calvià 2000, a fin de contratar un “servicio de consultoría para elaborar documentación relativa a la estrategia integrada de desarrollo urbano sostenible (DUSI)”. La Audiencia concluye que esos correos “son tan gráficos y expresivos que no permiten una explicación alternativa distinta a la del arreglo de la licitación”.
Así, el 22 de diciembre de 2016, Hidria remitió un mail a un representante de Regio Plus, a través del cual le reenvió la invitación del órgano de contratación para optar a este contrato. “¡Master! Decidme que queréis hacer con esto… para organizarme”, le comentaba en el correo.
“¡Master! Decidme que queréis hacer con esto… para organizarme”
La sentencia recoge otra conversación, en esta ocasión procedente de un correo interno de Regio Plus, el 23 de diciembre de 2016. El mail, enviado a un responsable de la compañía, incorporaba un documento que llevaba por nombre ‘Propuesta DUSI Calvià-Hidria’.
En él se indicaba lo siguiente: “He preparado una propuesta rápida, tal y como habíamos convenido, con únicamente el presupuesto más o menos vestido para que se lo puedas pasar a Geronimo [sic], Coméntale que, como puede ver en la invitación, deberá cumplimentar la Declaración Responsable que aparece como Anexo I a la invitación y que te adjunto también para que lo tenga todo a mano. No podemos hacerlo nosotros porque son los datos de la entidad licitadora”.
“El problema es que tal vez las otras dos empresas tal vez no están operativas el 29, para enviar ellas el mail. Puedes hablar con Geronimo [sic] de Hidria”
Otro correo interno enviado por un responsable de Regio Plus, también de diciembre de 2016, decía: “El problema es que tal vez las otras dos empresas tal vez no están operativas el 29, para enviar ellas el mail. Puedes hablar con Geronimo [sic] de Hidria”.
En su sentencia, publicada el pasado 10 de julio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional considera que éste es un ejemplo de “la familiaridad de la comunicación entre empresas competidoras, los sobrentendidos acerca de la mecánica de la operativa, que evidencian la habitualidad y reiteración de estas prácticas, y la abierta disposición a seguir manteniéndola en el futuro”.
La Audiencia concluye que el contenido de los correos electrónicos (no sólo el de Calvià, sino también de otros ejemplos a lo largo de la geografía española) “constituyen una prueba directa de su participación en la comisión de la infracción”.
CPC se adjudicó el contrato
El contrato menor convocado para lograr un servicio de asesoramiento para Calvià 2000 fue finalmente adjudicado a Consultors de Polítiques Comunitàries (CPC) por 16.900 euros. Ésta era una consultoría de la que Jaume Garau, exjefe de campaña de Més, era administrador. CPC es otra de las empresas mencionadas en la resolución de la Audiencia Nacional.
Cuando estalló la polémica política y mediática por los contratos obtenidos por Garau de administraciones públicas, el Ayuntamiento quiso aclarar, en referencia a este contrato en concreto, que todo se había desarrollado de acuerdo a la legalidad. “No existe vinculación societaria entre las empresas que fueron invitadas a presentar sus ofertas. No consta que exista otro tipo de vinculación entre las empresas invitadas”, esgrimó el Consistorio en un comunicado de 2017.
Nueve años después, la Audiencia afirma que Regio Plus y CPC estaban bajo una única dirección y reproduce comunicaciones que muestran coordinación para conseguir las otras propuestas de la DUSI.
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