El Govern vuelve a advertir a Llucmajor por la crisis de las basuras y exige medidas urgentes

Segundo aviso serio del Govern al Ayuntamiento de Llucmajor en poco más de un mes a propósito de la crisis de las basuras. La dirección general de Salud Pública ha vuelto a advertir al Consistorio, donde gobierna una alcaldesa del PP, de su mismo color político, de que las actuaciones realizadas hasta la fecha no han solucionado las deficiencias en el servicio de recogida y de que debe adoptar medidas concretas para evitar la acumulación de residuos en la vía pública.

Entre esas medidas, el Ejecutivo autonómico considera prioritario retirar de forma “urgente” todos los residuos acumulados en el entorno de los contenedores, vías públicas y solares; aplicar medidas de control de plagas y realizar tareas de limpieza y desinfección.

En un requerimiento que fue remitido este lunes al Ayuntamiento, Salud Pública usa un tono conminatorio y esgrime que la situación actual “genera un riesgo evidente para la salud pública, dado que favorece la proliferación de roedores e insectos, la aparición de malos olores y la contaminación ambiental, circunstancias agravadas por las elevadas temperaturas propias del verano”.

El departamento autonómico asegura que ha ido realizando un seguimiento de la crisis de las basuras en Llucmajor, tras recibir “múltiples” quejas vecinales procedentes de diferentes zonas del municipio. El pasado 21 de julio, después de haber mantenido una reunión con la alcaldesa Xisca Lascolas (PP), el Ejecutivo autonómico ya envió un primer requerimiento al Consistorio reclamando que se reforzase la recogida de residuos.

Contenedores desbordados

Unos días después, el 27 de julio, el Servicio de Salud Ambiental inspeccionó varias zonas del municipio y sus conclusiones fueron demoledoras. Constató que había “numerosos” contenedores desbordados, con residuos depositados en la calle, y malos olores, todo lo cual podía “favorecer la proliferación de plagas y la aparición de riesgos para la salud pública”.

El 30 de julio, el Ayuntamiento envió un informe con las medidas que había aplicado para atajar la crisis. Entre ellas, figura la declaración de emergencia sanitaria, una medida que acordó la corporación municipal por unanimidad a raíz de una iniciativa presentada por los grupos de la oposición.

Sin embargo, Salud Pública considera insuficiente lo que ha hecho hasta ahora el Ayuntamiento y señala que “continúa recibiendo informaciones y evidencias de que la situación no se ha resuelto de manera efectiva y que persisten acumulaciones de residuos en algunas zonas del municipio”.

"Máxima urgencia"

Por eso, insta al Consistorio a que, con la “máxima urgencia”, adopte medidas que ayuden a restablecer “las condiciones adecuadas de salubridad en el municipio”, empezando por la “normalización inmediata y efectiva del servicio de recogida de residuos urbanos”. Reclama también la retirada de la basura acumulada, la desinfección de los espacios afectados, planes de lucha contra plagas y un sistema efectivo de seguimiento de las medidas que se vayan aplicando.

De igual forma, el Ejecutivo recomienda que se informe a la ciudadanía, a través de los canales municipales, de las medidas que se adopten, de los calendarios de recogida y de las recomendaciones necesarias para “minimizar los riesgos para la salud”. Salud Pública exige al Ayuntamiento que en cinco días hábiles envíe un informe actualizado de las actuaciones ejecutadas para “evitar la repetición de episodios similares”.

El tema de la legislatura

Las continuas deficiencias en el servicio municipal de recogida de basura han marcado la legislatura, provocando numerosas quejas vecinales y también por parte de la oposición, que ha llevado el tema hasta el Defensor del Pueblo. Como exponente de este malestar generalizado con la situación, a principios de mes, los quintos llenaron de bolsas de basura la entrada de la sede consistorial en señal de protesta.

El pasado mes de mayo, en un intento de dejar atrás las críticas por el funcionamiento de la concesionaria, el Ayuntamiento de Llucmajor adjudicó el nuevo contrato del servicio de limpieza viaria del municipio por un importe de casi 30 millones de euros y una duración de ocho años.

Según subrayó en ese momento el gobierno municipal presidido por Lascolas, que ya ha anunciado que no optará a la reelección en 2027, se iban a introducir mejoras sustanciales respecto al contrato anterior tanto en recursos como en exigencia técnica y medioambiental.

Aun así, las críticas han persistido y, durante los últimos plenos municipales, los vecinos han mostrado su malestar por unas deficiencias en el servicio que todavía no se han corregido.

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