Litoral
Cuatro establecimientos de Can Picafort se enfrentan a multas por ocupar sin permiso parte del paseo marítimo
Las cantidades reclamadas inicialmente por el Consell ascienden a 43.665 euros entre multas y el beneficio económico atribuido a la actividad, según ha desvelado el GOB
Sobre la posible responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento, el alcalde de Santa Margalida asegura que los servicios jurídicos municipales están estudiando los expedientes
Una vista del Passeig Enginyer Toni Garau, en Can Picafort / GOB
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El Consell de Mallorca ha iniciado cuatro procedimientos sancionadores contra otros tantos establecimientos por ocupar sin autorización de zonas sometidas a las servidumbres de protección y tránsito de Costas en el paseo Enginyer Antoni Garau de Can Picafort (Santa Margalida), según informó este lunes el GOB en un comunicado. Las cantidades reclamadas inicialmente en los cuatro procedimientos ascenderían en total a 43.665 euros.
De esta cifra, explicó el GOB, 13.245 euros corresponden a multas provisionales por las ocupaciones en las zonas de servidumbre de protección y tránsito, mientras que otros 30.420 euros corresponden a la devolución del beneficio económico que los expedientes atribuyen a la actividad desarrollada sin autorización.
En concreto, según comunicó la entidad ecologista, al Restaurante Chocolate, explotado por Laumae Garrido SLU, se le reclaman inicialmente 10.330 euros; al Hotel Vent i Mar, de la misma sociedad, 12.030 euros; a la Cafetería San Remo, explotada por San Remo Can Picafort SL, 8.350 euros; y al Bar La Playa, cuyo promotor figura como Miguel Mauricio Gelabert Mayol, 12.955 euros.
El GOB vinculó la sociedad Laumae Garrido SLU con Eugenio Garrido Vivas, concejal de Obras, Servicios e Infraestructuras del Ayuntamiento de Santa Margalida, en representación del partido local Convergència. Según consta en una resolución del BOIB del pasado 7 de julio de 2025, entre sus funciones figuran la organización y explotación de las playas. A partir de esta circunstancia, la organización reclamó transparencia en la tramitación de los expedientes.
Inspecciones técnicas
Según el GOB, los procedimientos tienen su origen en una denuncia presentada el 22 de junio de 2026. A partir de ese momento, se realizaron inspecciones técnicas que detectaron diferentes elementos instalados en la vía pública sin contar con la correspondiente autorización. La entidad señala que los expedientes se dirigen contra los promotores de las actividades y, de forma subsidiaria, contra el Ayuntamiento de Santa Margalida como titular de los terrenos públicos afectados.
Por parte del gobierno municipal de coalición, el alcalde Martí Torres (PP) aseguró tener conocimiento de los expedientes sancionadores del Consell contra estos negocios por tener mesas y sillas en la zona de servidumbre de costas, una franja de seis metros. Torres aventuró que estas sanciones se han empezado a tramitar a partir de la denuncia de algún particular y dijo que desconoce quién ha podido ser.
Respecto a la posible responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento, el alcalde señaló que los servicios jurídicos municipales están estudiando el caso, aunque remarcó que en esa zona de servidumbre el margen de actuación de la administración municipal es estrecho.
"Nosotros no hemos autorizado nada ahí como Ayuntamiento", subrayó Torres, quien recordó que, a principios del mes de julio, el Consistorio envió una circular a todos los establecimientos que pudiesen estar afectados por la normativa en materia de litoral, en la que se les informó de que debían enviar su autorización para que la administración local pudiese efectuar las correspondientes liquidaciones.
Torres agregó que las revisiones municipales dentro de este trámite se suelen efectuar una vez iniciado el verano, entre julio y agosto.
Denuncias anteriores
La entidad ecologista, por su parte, apuntó que las ocupaciones del frente marítimo de Can Picafort ya habían sido objeto de actuaciones anteriores. El GOB denunció esta situación en 2024 y una inspección realizada por el Consell en abril de 2025 constató, según la organización, ocupaciones en zonas sometidas a servidumbre de protección o tránsito en más de una treintena de establecimientos, además de algunos casos que alcanzaban el dominio público marítimo-terrestre.
El GOB advirtió también de que la actual regulación municipal es "incompatible" con la servidumbre de paso que marca la Ley de Costas, que establece una franja de seis metros que debe quedar permanentemente expedita. En cambio, indicaron los ecologistas, en el tramo del paseo Enginyer Antoni Garau donde se han abierto esos expdientes la ordenanza municipal de 2016 sólo exige dejar cuatro metros libres, lo que durante años ha permitido la ocupación de esos dos metros restantes con mesas y sillas.
La organización ecologista consideró insuficiente la apertura de estos cuatro procedimientos y reclama que se revisen el resto de ocupaciones detectadas anteriormente y que los controles sobre las servidumbres costeras se extiendan a otros puntos del litoral de Mallorca. "La costa es un espacio público y las administraciones tienen la obligación de garantizar que continúe siéndolo", argumentó.
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