Lletra menuda
El choque de la convivencia impuesta

Vista de la finca de Son Bosch. / Joan Mora
La mera ubicación de Es Bosch, en Escorca, con el Torrent de Pareis, el Nus de sa Corbata y sa Calobra como coordenadas, con todos los valores paisajísticos y medioambientales que ello comporta, hacen apetecibles sus 560 hectáreas desde el punto de vista del patrimonio y el interés público.
Por eso mismo, llama poderosamente la atención la fórmula de silencio unilateral utilizada por el Govern para hacerse con el 67% del conjunto de la extensión.
A la vista del conflicto generado, cabe preguntarse si se han seguido los cánones atribuibles a una administración pública, sobre todo porque queda en evidencia una inoperatividad que a nadie beneficia. Con participaciones indivisas de por medio, propiedad privada y pública chocan sobre un gran desencuentro que se estanca en la incógnita. No se observa por el momento posibilidad de conciliación y sí un perjuicio económico para las copropietarias que conservan en sus manos el 32,76% de la finca. El Govern ha comprado más de la mitad de Es Bosch por 1,1 millón de euros cuando antes toda la extensión había salido al mercado por 6 millones. Una eventual venta de la parte no adquirida queda notablemente devaluada por efecto de la operación que el Govern selló ante notario el pasado día 19.
La representación legal de las copropietarias de la participación indivisa que no ha pasado a titularidad pública no repara en descalificaciones. Hablan de «oscurantismo, alevosía y nocturnidad» para referirse a los modos utilizados por la administración autonómica para hacerse con una porción sustancial de Es Bosch. Desde la lógica del ciudadano, que en definitiva es el usufructuario del grueso de la possessió, no se entiende la metodología utilizada en la adquisición ni la ausencia de explicaciones posteriores.
En estas condiciones, no importa tanto si el Govern la ha comprado o la ha dejado de comprar. Importa, eso sí, cómo queda Es Bosch y que se podrá hacer con él. La protección medioambiental ya viene determinada por la normativa vigente. Asegurando este punto, quedan en el aire los usos prácticos.
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