Polémica municipal
El PSOE de Llucmajor acusa al PP de incumplir el compromiso de devolver 16 millones de la tasa de residuos
Los socialistas critican que el ejecutivo municipal rechace ahora revisar la tasa pese a haberlo apoyado por unanimidad hace diez meses

Imagen de un pleno reciente celebrado en Llucmajor. / J. Frau
El grupo municipal del PSIB-PSOE en Llucmajorha denunciado este miércoles la decisión del equipo de gobierno de desestimar la iniciativa socialista para revisar y devolver a la ciudadanía el exceso de tasa de basuras cobrada durante los últimos siete años, un sobrecoste que cifran en cerca de 16 millones de euros.
El portavoz socialista, Jaume J. Oliver, ha explicado que esta cantidad corresponde a la diferencia entre lo recaudado por el Ayuntamiento a través de la tasa y el coste efectivo del servicio abonado a la empresa concesionaria. Según Oliver, este desequilibrio vulnera el principio legal de correspondencia, que impide que una tasa genere superávit, especialmente cuando el servicio no se presta de manera adecuada.
El regidor ha subrayado la contradicción del gobierno municipal, que hace apenas diez meses aprobó por unanimidad una propuesta idéntica de revisión. “No se entiende que en octubre votaran a favor y hoy en contra; los ciudadanos no merecen pagar una tasa por un servicio que no se está prestando mientras cada mes se genera superávit”, ha afirmado.
Asimismo, Oliver ha denunciado la “inacción” del ejecutivo local, que, a su juicio, ha permitido acumular durante años una recaudación indebida mientras persistían deficiencias en la prestación del servicio. “Han recaudado casi 16 millones de euros y eso es cobrar de más, teniendo en cuenta además que no se está prestando el servicio”, ha señalado.
El portavoz socialista también ha recordado que el municipio se encuentra en situación de emergencia sanitaria, después de que el pleno aprobara la declaración a instancias de los cuatro partidos de la oposición en una sesión celebrada la semana pasada.
Por último, ha acusado al equipo de gobierno de cambiar el sentido de su voto sin justificación y de evidenciar una falta de compromiso con la ciudadanía. Según ha indicado, el ejecutivo también se niega ahora a encargar un estudio técnico que permita revisar la tasa y determinar el alcance real del sobrecobro. “Sabían que el servicio no se estaba prestando y que se estaba cobrando de más”, ha concluido.
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