Llucmajor sigue sin declarar la emergencia sanitaria por la crisis de basuras: “El municipio está lleno de basura”
La oposición ha criticado durante el pleno que el acuerdo aprobado por unanimidad hace una semana todavía no se haya formalizado

Bolsas de basura en la calle. / Llibertat Llucmajor
R.P.F.
El Ayuntamiento de Llucmajor ha adelantado a principios de mes la celebración del pleno ordinario de agosto. Apenas una semana después de la sesión de julio, la crisis de la recogida de basuras ha vuelto a protagonizar parte del debate municipal. Así, el equipo de gobierno ha rechazado una moción del PSOE que reclamaba revisar y devolver parte de la tasa de basuras cobrada durante los últimos años. Los socialistas fundamentaron su propuesta en los superávits generados reiteradamente por este tributo y en las graves deficiencias que presenta actualmente el servicio de recogida. Durante el debate, la oposición ha vuelto a preguntar por qué el Ayuntamiento todavía no ha decretado formalmente la emergencia sanitaria acordada en el pleno de la semana pasada. La propuesta, presentada conjuntamente por los grupos de la oposición en la sesión de julio, fue aprobada por unanimidad ante la acumulación de residuos en las calles y los posibles riesgos para la salud pública. La declaración de emergencia permitiría agilizar la contratación de medios extraordinarios para reforzar el servicio. Sin embargo, una semana después del acuerdo plenario, todavía no se ha formalizado.

Acumulaciones de basura en el municipio de Llucmajor. / Llibertat Llucmajor
El portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar, ha criticado las explicaciones de la alcaldesa, Xisca Lascolas, quien durante el pleno de este miércoles ha manifestado que pretende cerrar previamente un acuerdo con dos empresas y declarar después la emergencia. «No funciona así. Primero se declara la emergencia sanitaria y después se formalizan las contrataciones necesarias», ha criticado Gaffar. Llibertat Llucmajor sostiene que la situación continúa siendo especialmente grave tanto en el núcleo urbano como en las urbanizaciones. Gaffar ha afirmado que el lunes se realizó «un lavado de cara» en algunas zonas, pero este miércoles “el municipio está lleno de basura otra vez».
Cabe recordar que la Dirección General de Salud Pública del Govern remitió la semana pasada un requerimiento al Ayuntamiento para que adopte medidas inmediatas ante las continuas deficiencias en la recogida de residuos. El Govern advirtió al Ayuntamiento que la acumulación de basura puede representar un problema de salud pública, le recordó que la gestión de los residuos es una competencia municipal y reclamó la puesta en marcha urgente de un plan de choque.
Así, la oposición ha cuestionado durante el pleno de este miércoles que el Ayuntamiento no decretara la emergencia tras recibir este requerimiento. De hecho, Gaffar ha llegado a preguntar a la alcaldesa si su actuación podía responder a un enfrentamiento interno con su propio partido tras anunciarse que no sería la candidata ante las próximas elecciones municipales. «Empiezo a pensar que es un pulso contra su propio partido», ha espetado Gaffar.
Incompatibilidades
Por otra parte, en el turno de ruegos y preguntas, Llibertat Llucmajor ha denunciado un posible incumplimiento del deber de abstención y un conflicto de intereses por parte de la concejala de Urbanismo, María Inmaculada Pérez Blázquez, la concejada relacionada con el caso de las polémicas obras en el polígono de Son Noguera. Según el portavoz del grupo, la edil figuró como apoderada de SAMYL Facility Services SL hasta mayo de 2023 y, de acuerdo con su interpretación del artículo 23 de la Ley 40/2015, debía haberse apartado durante los dos años siguientes de cualquier decisión relacionada con la empresa.
La formación sostiene que, durante ese periodo, Pérez Blázquez participó en votaciones para aprobar facturas de SAMYL y presidió una mesa de contratación en un procedimiento al que concurrió la compañía y del que resultó adjudicataria. También critica que esta vinculación anterior no apareciera reflejada en su declaración de posibles incompatibilidades. La concejala respondió que llevaba ocho años sin relación laboral con la empresa y que desconocía por qué su baja como apoderada no se formalizó hasta 2023. Llibertat Llucmajor aseguró concederle “el beneficio de la duda”, pero le pidió que acredite documentalmente que el retraso fue un error de la compañía.
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