La Costa dels Pins, un escaparate de ilegalidades impunes en el litoral del Llevant

El litoral de la Costa dels Pins es, en algunos tramos, un gran escaparate de ilegalidades que se siguen cometiendo sin control cada año que pasa. La instalación sin autorización de pérgolas fijas en pequeñas calas y la aplicación de cemento encima de las rocas para habilitar terrazas o facilitar el acceso al mar están a la orden del día en una zona del Llevant de Mallorca, perteneciente al municipio de Son Servera, en la que son habituales este tipo de actuaciones que en la mayoría de casos quedan impunes. El ejemplo más paradigmático es el de la piscina del periodista Pedro J. Ramírez, símbolo durante muchos años del incumplimiento flagrante de la ley de Costas y de la permisividad institucional. Finalmente y tras un largo recorrido judicial incentivado por la iniciativa popular, una sentencia judicial obliga a demoler la instalación, aunque la ejecución de esta orden aún está pendiente.

La entidad ecologista Gadma ha denunciado la proliferación de ilegalidades a lo largo de todo el litoral de la Costa dels Pins y la impunidad con la que los responsables actúan, modificando a su conveniencia los espacios naturales con el objetivo de privatizar los tramos de costa ubicados enfrente de sus propiedades. “El problema es que se hacen leyes pero después no se comprueba si se cumplen o no, todo el mundo hace lo que quiere y no pasa nada”, lamenta Bernat Fiol, portavoz del colectivo con sede en Binissalem, que subraya el “paralelismo” entre esta apropación indebida de la costa mallorquina con la usurpación de caminos públicos por parte de propietarios adinerados. “Se creen que toda la tierra que va desde sus casas al mar es suya”, destaca.

Gadma lamenta además el escaso interés que demuestran las instituciones competentes a la hora de obligar a cumplir las leyes a los responsables de estas irregularidades urbanísticas. Fiol explica que tras haber consultado esta cuestión con la conselleria del Mar y el Ciclo del Agua del Govern, los técnicos han constatado que “no consta ninguna autorización” del ejecutivo para llevar a cabo las actuaciones denunciadas por la entidad ecologista, pero que en estos casos el citado departamento “no tiene competencias para abrir expedientes sancionadores”, aunque sí para elaborar un informe que después se remite a la demarcación territorial de Costas. “Si el Govern no tiene competencias alguien debería hacer algo porque a este paso nos quedaremos sin costa, todo será cemento; los mallorquines debemos ponernos las pilas”, denuncia Gadma, que anima a acudir a la manifestación de este domingo contra la saturación turística.

Este diario intentó ayer conocer la versión de la Conselleria sobre esta cuestión, aunque declinó hacer valoraciones.

Por su parte, fuentes de la demarcación de Costas explicaron a este medio que no tienen constancia de haber recibido ninguna denuncia ni ninguna otra comunicación por parte de la entidad denunciante, Gadma, en relación a estas presuntas irregularidades, aunque aseguran que algunos de los casos “ya habían sido objeto de denuncias previas y actualmente están sometidos al correspondiente procedimiento sancionador, con los expedientes en tramitación”.

Además, añaden que la demarcación territorial de Costas “desarrolla de manera continuada tareas de vigilancia y control del litoral de Balears, usando todos los medios materiales y de personal de los que dispone”. Asimismo, apuntan las fuentes consultadas, “la colaboración de la ciudadanía, de las entidades y del resto de instituciones es fundamental para la protección y preservación del litoral balear”, por lo que insta a denunciar formalmente casos como estos porque la comunicación de posibles infracciones “permite reforzar las tareas de vigilancia y facilitar la adopción de las actuaciones que, si es preciso, correspondan”.

Suscríbete para seguir leyendo