Sencelles exige suspender los vertidos de una lavandería industrial por la contaminación del agua potable

El Ayuntamiento de Sencelles ha exigido al Govern y, en particular, a la Dirección General de Recursos Hídricos, la suspensión inmediata y cautelar de los vertidos de la lavandería industrial Elis Mallorca, antigua Lavanderías Diana, hasta que se aclare con garantías el origen de la contaminación detectada en la red de abastecimiento de Son Saletes.

La petición llega después de que las últimas analíticas, comunicadas por la empresa suministradora Aguas Son Company, hayan detectado concentraciones de sustancias PFAS por encima de los valores permitidos por la normativa sanitaria. En concreto, se han registrado 0,12 μg/l (microgramos por litro) en la suma de 20 PFAS —cuando el límite es de 0,10 μg/l— y 0,09 μg/l de PFOS, por encima del máximo de 0,07 μg/l. Como consecuencia, el agua ha sido declarada temporalmente no apta para el consumo humano.

El Consistorio subraya que, a día de hoy, no existen pruebas concluyentes que permitan atribuir la contaminación a una actividad concreta. Sin embargo, considera imprescindible aplicar el principio de precaución y suspender de forma cautelar los vertidos de aquellas actividades potencialmente relacionadas con estas sustancias, mientras se desarrollan las investigaciones necesarias.

Desde el Ayuntamiento insisten en que esta medida no implica una atribución de responsabilidad anticipada, sino que tiene como objetivo proteger la salud pública y evitar que se sigan produciendo posibles filtraciones contaminantes hacia el torrente de Solleric y los acuíferos de la zona.

Más de veinte años de denuncias

El Ayuntamiento de Sencelles sostiene que la situación actual no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una problemática arrastrada durante más de dos décadas. Tanto el propio consistorio como vecinos de Biniali, entidades ecologistas y otras instituciones han denunciado reiteradamente vertidos en el torrente de Solleric y el riesgo que estos suponen para las aguas subterráneas.

Ya en 2001 se cuestionaron públicamente los controles realizados sobre los vertidos de la entonces Lavanderías Diana. Un año después, en 2002, analíticas encargadas por el Ayuntamiento detectaron niveles preocupantes de contaminación en el torrente y en varios pozos cercanos. A pesar de ello, en 2003 la Dirección General de Recursos Hídricos renovó la autorización de vertido de la depuradora privada de la empresa.

Las quejas continuaron en años posteriores, con denuncias por malos olores, aguas residuales e inundaciones en fincas y caminos próximos a las instalaciones. En 2010, varios propietarios dejaron de consumir agua de sus pozos tras detectar sedimentos y espuma, mientras que en 2018 el Ayuntamiento volvió a denunciar la falta de actuaciones por parte de la administración autonómica.

Más recientemente, en octubre de 2025, el consistorio solicitó un estudio urgente tras la muerte de una veintena de árboles en el entorno del torrente. Aunque Recursos Hídricos anunció entonces una investigación, el Ayuntamiento considera que la respuesta ha sido insuficiente, poco ágil y carente de transparencia.

Exigencia de medidas inmediatas

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Sencelles reclama una batería de actuaciones urgentes, entre ellas la inspección exhaustiva de las instalaciones de la lavandería, analíticas específicas de PFAS en aguas residuales, la toma de muestras en el torrente y en los pozos de la zona, así como un estudio hidrogeológico que determine la posible conexión entre los focos de vertido y la captación de Son Saletes.

Asimismo, solicita la revisión de las autorizaciones de vertido, la comunicación inmediata de todos los resultados a la administración local y a la ciudadanía, y la garantía de un suministro alternativo de agua potable para los vecinos afectados.

Denuncia ante la Fiscalía

El Consistorio ha anunciado además que presentará una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente para que investigue tanto el origen de la contaminación como las posibles responsabilidades derivadas de la actuación —o inacción— de las administraciones implicadas.

El Ayuntamiento no descarta exigir responsabilidades penales y políticas si se confirma que, pese a las reiteradas advertencias, no se adoptaron las medidas necesarias para prevenir la contaminación o proteger los acuíferos.

«La inacción ya no es admisible», han señalado desde el consistorio, que insiste en que lleva más de veinte años alertando de esta problemática. «No afirmamos sin pruebas que el origen esté en la lavandería, pero exigimos que se aplique el principio de precaución», añaden.

El Ayuntamiento de Sencelles asegura que continuará informando a la ciudadanía y exige a las autoridades competentes una actuación inmediata, transparente y rigurosa para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad del agua.

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