La oposición de Llucmajor pide declarar una emergencia sanitaria por los residuos acumulados en s'Arenal y urbanizaciones

Los cuatro grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Llucmajor han presentado una propuesta conjunta para reclamar la puesta en marcha de un plan de choque ante la acumulación de residuos en s’Arenal y las urbanizaciones costeras del municipio. La iniciativa, registrada por PSIB-PSOE, MÉS per Llucmajor, Llibertat Llucmajor y S’Ull, será debatida en el pleno municipal del próximo miércoles 29 de julio.

La propuesta insta a la alcaldesa, Xisca Lascolas (PP), a declarar formalmente una situación de grave riesgo para la salubridad pública y a recurrir a la tramitación de emergencia prevista en la Ley de Contratos del Sector Público. El objetivo, según los grupos firmantes, es contratar de manera inmediata un servicio extraordinario que refuerce los medios personales y materiales destinados a la recogida de residuos.

La oposición sostiene que la acumulación de basura ha provocado malos olores y la proliferación de insectos y roedores, especialmente en s’Arenal y las urbanizaciones. Los grupos aseguran que las deficiencias en la recogida se remontan a 2015 y que se han agravado desde 2024, tras la finalización del contrato con FCC Medio Ambiente y la continuidad provisional del servicio.

El acuerdo propuesto plantea mantener el dispositivo extraordinario hasta que entre en funcionamiento el nuevo contrato municipal de recogida. También reclama un plan de limpieza, desinfección y control de plagas en las zonas afectadas, así como la ampliación de los horarios de los puntos verdes y las áreas de aportación.

Medidas provisionales

Los cuatro partidos consideran que el actual procedimiento de adjudicación difícilmente permitirá que el nuevo contrato entre en vigor antes de un año. Por este motivo, defienden que el Ayuntamiento debe adoptar medidas provisionales para garantizar la prestación continua de un servicio que es de competencia municipal.

La propuesta establece además que el equipo de gobierno deberá informar al pleno, en un plazo máximo de dos meses, sobre las actuaciones realizadas y el estado de tramitación del nuevo contrato. Los grupos de la oposición responsabilizan al gobierno municipal de la situación, al considerar que no ha reforzado el servicio para responder al aumento estacional de residuos.