Avícola Son Perot exige al Govern que le pague los daños por prohibir la granja de gallinas en Sineu

La empresa avícola Son Perot ha presentado una reclamación contra el Govern, exigiéndoles una indemnización por los daños y perjuicios económicos que ha supuesto la prohibición del proyecto para construir una granja de gallinas en la finca de Son Vanrell, en Sineu. Un proyecto al que se opuso, no solo el Ayuntamiento de esta localidad, sino también los vecinos. El conflicto se resolvió a principios de año a través de la aprobación, por parte del Govern, de un decreto ley de medidas urgentes, que prohibía la instalación de nuevas explotaciones intensivas de cría de gallinas en Baleares. Este decretó frustró la futura explotación prevista en la finca de Sineu.

La empresa avícola se considera perjudicada por esta iniciativa legislativa y ahora pretende que el Govern asuma los daños y perjuicios que ha sufrido como consecuencia de la prohibición del proyecto. Por ello, ha presentado una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Govern, como paso previo a la demanda judicial que tiene prevista presentar la empresa. Reclama una indemnización de 60.756 euros, con la esperanza de que el Govern acepte este pago, sin la necesidad de acudir a los tribunales para cobrar este dinero.

Justifica esta reclamación en los gastos que supuso el derecho de compra de la finca de Son Vanrell, en Sineu, más la contratación de los servicios técnicos para presentar el proyecto y la entrega de la documentación que se exigía en el procedimiento de autorización ambiental. Y denuncia que mientras estaba en curso esta autorización administración, el Govern reaccionó aprobando el decreto ley, que se unió a la decisión del Ayuntamiento de Sineu de suspender cualquier autorización o licencia relacionada con la actividad de cría de animales en suelo rústico, como era el caso de la finca de Son Vanrell.

Al tratarse de una demanda patrimonial contra el Ejecutivo balear, dentro de la tramitación y antes de su contestación, es necesario que el Consell Consultiu se pronuncie sobre el asunto. El órgano de consulta legal realiza un informe, que no es vinculante, pero sí orientativo, puesto que analiza desde el punto de vista jurídico los hechos que se reclaman, como en este caso los perjuicios por no autorizar la explotación de cría de gallinas.

En el análisis que realiza el autor del dictamen del Consultiu, que en este caso ha sido el presidente de la institución, el catedrático Felio Bauzá, se resalta que uno de los hechos que denuncia la empresa es la rapidez con la que actuó el Govern para prohibir el proyecto de Sineu a través de un decreto ley, que en este caso además contó con el apoyo del partido Més per Mallorca. También se argumentó que no existía ninguna normativa, nacional o europea, que limitara la capacidad máxima de una granja agrícola, sobre todo teniendo en cuenta que el caso de Sineu se proyectaba la cría de 750 mil gallinas en un mismo espacio. Asimismo, la empresa también denunció que el decreto solo afectaba al sector avícola, mientras que no tocaba otras industrias, como por ejemplo la porcina o la bovina. Bajo estos argumentos, la empresa incluso alegó que el decreto ley podría ser incluso anticonstitucional.

El Consell Consultiu ha llegado a la conclusión de que esta reclamación económica al Govern no tiene ningún sentido desde el punto de vista legal. Por lo tanto, propone que no se le pague el dinero que exige la empresa, con independencia de que puede reclamarlo en la demanda judicial que va a presentar, donde existe la posibilidad de que los jueces le den la razón.

El catedrático Felio Bauzá ha analizado el motivo de dicho decreto, que se aprobó para adoptar las medidas que garantizaran la preservación de los recursos naturales y la sostenibilidad medioambiental. Y el Govern justificó su aprobación porque interpretó que una explotación ganadera intensiva, como era la de Sineu, con la presencia de un elevado número de animales, podía “ocasionar problemas medioambientales, de calidad de vida en los núcleos de población y rechazo social”,

En el informe jurídico se asegura que no se aprecia ningún daño económico que tenga que soportar de una manera ilegal la empresa de cría de gallinas. Se recuerda que la mera solicitud para el ejercicio de una actividad (una granja de gallinas) no consolida derechos adquiridos. Se señala además que precisamente este tipo de actividades de cría está sometido a muchas variaciones, por su conexión directa con los intereses públicos que afectan a la economía, al medio ambiente y bienestar. Y se concluye que el decreto no prohíbe la cría de aves, sino lo que hace es imponer una serie de limitaciones.

Por lo tanto, la propuesta que presenta el Consultiu es que se desestime la reclamación que propone la empresa Avícola Son Perot, porque interpreta que este decreto ley está justificado y descarta que hubiera ocasionado perjuicios que debe indemnizar la administración.

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