Dueños de pequeños barcos se movilizan este domingo para evitar su "expulsión" del puerto de Andratx tras incrementos de hasta el 600% en el precio de los amarres

"Hay un montón de amarres vacíos porque la gente no puede pagar los nuevos precios. Prefieren tener los amarres vacíos que cobrar menos". El conflicto entre la nueva concesionaria del Port d'Andratx y los propietarios de pequeñas embarcaciones continúa. La Asociación de Usuarios y Amarristas del Port d'Andratx ha convocado una manifestación para el próximo 12 de julio, a las 18.00 horas, para reclamar que se garantice el acceso de los residentes al mar ante los incrementos de hasta el 600% en el precio de los amarres tras el cambio de concesionario del puerto.

Tras una turbulenta batalla judicial que se remonta a 2003, IP3M, asumió definitivamente la concesión del puerto, que hasta ahora había sido gestionado por el Club de Vela Port d’Andratx desde 1968. Con el cambio de gestión, varias embarcaciones que durante años habían sido consideradas de base han pasado a clasificarse como transeúntes, lo que ha provocado incrementos de hasta el 600% en el precio de los amarres. La medida afecta alrededor de medio centenar de embarcaciones. Los amarristas critican además las formas de la empresa, que les ha comunicado los cambios con apenas 20 días de antelación en vísperas del verano, cuando encontrar un amarre en Mallorca es misión imposible.

La movilización llega tras varias reuniones y después de que Ports de les Illes Balears (Ports IB), organismo dependiente del Govern, les prometiera buscar una solución en un plazo de 30 días. Dos meses después, los afectados aseguran que siguen sin recibir respuesta por parte de la Administración. El silencio de Ports IB, que debía ejercer como árbitro en el conflicto, ha movilizado a los propietarios de pequeñas embarcaciones, después de acusar al Govern de facilitar su expulsión al no poner freno a las subidas de precios de IP3m.

En este contexto, Toni Oliver, uno de los portavoces de la Associació d'Usuaris i Amarristes del Port d'Andratx, explica que la asociación mantuvo reuniones tanto con la concesionaria como con Ports IB para intentar encontrar una solución. Según relata, la empresa les trasladó que estaba dispuesta a colaborar, pero que cualquier rebaja de las tarifas dependía de una reducción del canon que paga a Ports IB: "Nos dijeron que, si Ports bajaba el canon, ellos podrían bajar los precios, pero con el canon actual no podían reducir las tarifas", afirma.

Silencio del Govern

El portavoz sostiene que, durante las conversaciones, llegaron a plantearse varias medidas provisionales. Entre ellas, reservar las plazas del concurso para embarcaciones de hasta 15 metros o aplicar una rebaja temporal del canon que permitiera reducir el coste para los usuarios mientras se encontraba una solución definitiva. "Ports nos dijo que lo veía bien y nos pidió un mes. Ha pasado un mes y medio y no han contestado. El 12 de junio solicitamos otra reunión y desde entonces no hemos obtenido respuesta", denuncia.

Ante el silencio administrativo, los amarristas han decidido movilizarse y este domingo realizarán una protesta en el mar. Los participantes navegarán hasta la zona del faro rojo y, posteriormente, hasta las oficinas de Ports de les Illes Balears, donde harán sonar las bocinas de las embarcaciones como señal de protesta. "El lema será 'No somos transeúntes, somos historia del Port', porque la excusa que nos ponen es que somos usuarios de paso cuando muchos llevamos años con la embarcación aquí", explica Oliver.

El portavoz advierte de que, si no obtienen una respuesta, la próxima semana acudirán directamente a las instalaciones de Ports IB para exigir que los reciban. Además, la asociación no descarta acudir a los tribunales por lo que consideran un atropello. Los amarristas sostienen que la consideración de "transeúntes" es una calificación injustificada después de años utilizando el puerto como base.

Oliver lamenta también que el conflicto afecte a la denominada náutica social. "El Govern siempre dice que apuesta por los clubes náuticos y por la náutica social, pero aquí hay llaüts de ocho metros y medio, veleros de regata y gente mallorquina a la que están dejando abandonada", critica.

El portavoz explica que, cuando el Club de Vela era la concesionaria, el puerto mantenía una ocupación superior al 100%, mientras que ahora, asegura, hay numerosos amarres vacíos. Oliver explica que la solución provisional habilitada para este verano, con dos pantalanes y boyas del club, solo permitirá aguantar unos meses. "A partir de octubre, muchos no saben dónde podrán dejar sus embarcaciones. La gente no puede estar cuatro o cinco años pagando las tarifas de la marina", concluye.

IP3M es una empresa vinculada a la figura de Joan Verger, expresidente de la Autoridad Portuaria y del Consell de Mallorca con el Partido Popular, fallecido en 2013 antes de ser juzgado en el caso Mar Blau (o caso Puertos). Verger fue socio de IP3M, aunque vendió sus acciones en 2003 al ser nombrado presidente de la APB.

Historia de la concesión

La historia de cómo IP3M se convirtió en la nueva concesionaria del puerto se remonta a 2002, en un proceso que ha atravesado distintos gobiernos de diferentes colores políticos. Ese año finalizó la concesión del Club de Vela tras 34 años y se sacó la gestión de la instalación a concurso.

Durante el Pacte de Progrés, el entonces director general de Litoral, Onofre Rullán, y la consellera Margalida Rosselló adjudicaron la concesión a IP3M, lo que marcó el inicio del conflicto. Sin embargo, apenas un mes después se celebraron elecciones autonómicas y Jaume Matas volvió al poder. El concurso no llegó a cerrarse formalmente, ya que la concesión nunca se llegó a firmar.

En 2005, la nueva Ley de Puertos de Baleares reconoció el derecho de prórroga al Club de Vela. El problema, según el relato judicial, es que Ports IB no resolvió las alegaciones presentadas por los licitadores ni anuló el concurso, lo que mantuvo abierto el conflicto durante años. Finalmente, en 2017 el Tribunal Supremo falló a favor de IP3M, al considerar que tenía derecho a la concesión del puerto, ya que la adjudicación anterior no se ajustaba al ordenamiento jurídico. En 2026 se culmina definitivamente el proceso con la confirmación de la concesión.

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