Urbanismo
Desalojado un asentamiento ilegal en suelo rústico de Sencelles tras años de denuncias
La intervención judicial pone fin a un conflicto marcado por acusaciones de estafa, sanciones urbanísticas y la precariedad habitacional en Mallorca

Imagen de archivo del asentamiento ilegal, visible desde la carretera Palma-Sineu. / J. Frau

Una comisión judicial, acompañada por la Guardia Civil, desalojó el pasado miércoles un asentamiento ilegal situado en suelo rústico del municipio de Sencelles, visible desde la carretera vieja de Palma a Sineu. La actuación pone fin a años de litigios administrativos y judiciales entre la administración insular, los propietarios de la finca y el promotor del poblado, a quien ambas partes acusan de haber cometido una estafa.
Según las informaciones recabadas, el promotor habría alquilado los terrenos para posteriormente parcelarlos y realquilarlos a personas que se instalaron en la zona en casetas prefabricadas, aprovechando la actual emergencia habitacional en Mallorca.
De forma paralela, sobre el asentamiento pesaba desde hace más de cinco años una orden de desalojo emitida por la Agència de Defensa del Territori (ADT) del Consell de Mallorca. La finca, de unos 11.000 metros cuadrados, fue dividida en ocho parcelas donde se levantaron diversas construcciones precarias.
La resolución de la ADT contemplaba la demolición de hasta 37 elementos ilegales, entre viviendas prefabricadas, piscinas, caravanas y contenedores. Asimismo, el promotor fue sancionado con una multa de 119.000 euros y ha venido recibiendo sanciones coercitivas periódicas, que habría recurrido.
El asentamiento era bien conocido por los vecinos de la zona, y el promotor había sido denunciado ante la Fiscalía tras numerosas quejas vecinales. Tras el desalojo, los terrenos deberán ser restituidos a su estado original.
Este enclave ya había sido escenario de polémicas anteriores. Hace tres años aparecieron pintadas contra el alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd, acusándolo de corrupción. El regidor denunció los hechos y ordenó la retirada de los mensajes, atribuyéndolos a un intento del responsable del asentamiento de desviar la atención y presionar políticamente, pese a que las competencias en materia urbanística en suelo rústico corresponden al Consell de Mallorca.
A escasa distancia del asentamiento desalojado existe otro núcleo similar que, según fuentes municipales, también habría sido impulsado por el mismo promotor. Todo apunta a que podría seguir el mismo camino, aunque el expediente administrativo se inició más tarde.
Durante el desalojo, algunos de los residentes expresaron su frustración y tristeza. En declaraciones a IB3, una mujer aseguraba entre lágrimas que habían invertido todos sus ahorros en el lugar: «Llevamos cinco años luchando y sembrando árboles en la zona, y ahora tenemos que irnos». Por su parte, un representante de los propietarios de la finca también lamentó haber sido «víctima de un engaño», asegurando que el promotor realquiló los terrenos sin autorización.
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