Lletra menuda
Comienza la campaña de difamaciones

Alfonso Rodríguez Badal / Redacción Digital
No por esperado deja de ser reprobable. Tal como han ido sucediéndose las relaciones políticas en los últimos meses, estaba cantado que a medida que fueran acercándose los próximos comicios y fueran conociéndose las identidades de los candidatos, iría incrementándose también la campañas de bulos, difamaciones y mentiras sobre los adversarios, por parte de determinados actores políticos. Son movimientos camuflados bajo el anonimato, de autoría que en algunos casos acaba descubriéndose, para dejar a la intemperie de la incompetencia a sus inductores. Es un añadido con el que debe luchar el elector de hoy en día, aprendiendo a distinguir el grano de la paja, la verdad de la mentira, dándose cuenta de que abunda mucho lo segundo y poco lo primero.
El revuelo se sitúa ahora mismo en Calvià porque ha aparecido un vídeo falso, difamatorio y propiciador de bulos, sobre Alfonso Rodríguez Badal, el actual delegado del Gobierno que ha anunciado su intención de volver a encabezar la candidatura socialista a la alcaldía de este municipio. Tras las posibilidades que hoy ofrece el mal uso de la inteligencia artificial se sitúa en este caso un concurrido grupo de Facebook que cuenta entre sus administradores con Manuel Mas, teniente de alcalde y líder local de Vox. No es posible hallar nada a favor del Ayuntamiento en estas acciones. Tampoco cabe esperar reacción condenatoria por parte del alcalde popular, Juan Antonio Amengual, que ahora vuelve a topar con un rival socialista que seguramente ya daba por amortizado. Los residentes en las poblaciones que conforman el municipio de Calvià necesitan propuestas de solución en firme para sus necesidades y anhelos y no provocaciones de vano contenido político que les calienten los ánimos con falsedades y provocaciones. Pero eso no han hecho más que empezar y no solo en Calvià. La precampaña primero y la campaña electoral después, estarán salpicadas de contenidos falsos que solo servirán para demostrar que sus autores, en la forma que sea, no están a la altura de la demanda de gestores públicos necesarios.
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