Desahucian en Inca a un vecino de 77 años sin alternativa habitacional

Un vecino de 77 años de Inca ha sido desahuciado este lunes por la mañana de la vivienda rústica en la que residía desde hacía años en régimen de alquiler, situada en el entorno del Puig de Santa Magdalena. El lanzamiento se ha ejecutado pese a la presencia de activistas de Stop Desahucios Mallorca, que denunciaban la situación de vulnerabilidad del afectado, quien actualmente no dispone de alternativa habitacional.

Según ha explicado la plataforma, el inquilino, de origen chileno y exiliado durante la dictadura de Augusto Pinochet, accedió a la vivienda hace años cuando esta se encontraba en malas condiciones, siendo él mismo quien asumió las tareas de reparación y mejora del inmueble.

La situación se complicó cuando dos terceras partes de la finca pasaron a manos de Banca March después de que uno de los copropietarios hipotecara su parte sin hacer frente a la deuda. En diciembre de 2020, el banco y otro de los propietarios que mantenía su titularidad interpusieron una demanda contra el inquilino.

Desde Stop Desahucios Mallorca señalan que, en ese momento, el afectado dejó de abonar el alquiler, pero subrayan que no se enfrentó a un procedimiento hipotecario en el que hubiera podido defender su situación contractual. La plataforma denuncia que el vecino solicitó un abogado de oficio, pero no pudo completar los trámites telemáticos por falta de conocimientos digitales y, según aseguran, no recibió asistencia por parte del colegio de abogados de Inca. Esta circunstancia provocó que expirara el plazo para presentar alegaciones sobre la existencia de su contrato de alquiler, iniciándose así el proceso de ejecución del desahucio.

El lanzamiento se había mantenido suspendido gracias al Real Decreto-ley 11/2020, aprobado durante la pandemia para proteger a personas vulnerables, medida que se prolongó hasta diciembre de 2025. Sin embargo, en ese momento, la finca ya había sido adquirida por una nueva propietaria, familiar de los antiguos dueños, que se personó en el procedimiento judicial.

La plataforma también critica que no se haya aplicado la disposición transitoria tercera de la ley estatal de vivienda, que prevé la suspensión de desahucios para permitir un proceso de mediación con la administración autonómica. Según denuncian, esta mediación debería haber evaluado la situación de ambas partes y facilitado una solución habitacional para el inquilino, trámite que finalmente no se llevó a cabo.

El afectado ha presentado recientemente un escrito ante el juzgado reclamando dicha mediación, aunque, según Stop Desahucios Mallorca, esta petición no ha sido atendida y el desahucio se ha ejecutado sin la presencia de la letrada de la administración de justicia, lo que ha generado nuevas críticas sobre el procedimiento seguido.

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