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Vivienda en Mallorca

Artà encarga un estudio para evaluar si puede ser zona de mercado residencial tensionado

El municipio sigue la estela de otras localidades de Mallorca ante la creciente dificultad de acceso a la vivienda

Vista general del casco urbano de Artà.

Vista general del casco urbano de Artà. / Agustí Torres/Ajuntament

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Joan Frau

Joan Frau

Artà

El Ayuntamiento de Artà ha dado un nuevo paso para afrontar la crisis de acceso a la vivienda con la contratación de un estudio técnico que determinará si el municipio cumple los requisitos para ser declarado zona de mercado residencial tensionado.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado encargar este trabajo a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), dando continuidad a la moción aprobada por el pleno municipal el pasado mes de febrero, en la que se acordó iniciar la evaluación de los criterios exigidos por la normativa estatal y elaborar la memoria justificativa necesaria.

El estudio analizará indicadores clave como la evolución de los precios de compra y alquiler, los ingresos de la población residente o el esfuerzo económico necesario para acceder a una vivienda. También tendrá en cuenta la relación entre los precios y el IPC, así como datos procedentes de fuentes estadísticas oficiales, con el objetivo de determinar si Artà cumple los criterios fijados por la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda.

Este movimiento se enmarca en una tendencia creciente en Mallorca, donde varios municipios han iniciado procesos similares ante la escalada de precios. Localidades como Pollença, Esporles, Manacor, Santa Maria o Puigpunent han impulsado iniciativas para ser declaradas zonas tensionadas, en un intento de contener el encarecimiento del mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda.

La presión sobre el mercado residencial es una realidad compartida en buena parte de Balears, donde el aumento sostenido de los precios y el peso del alquiler turístico han dificultado el acceso a la vivienda para residentes, especialmente jóvenes y familias.

Si el estudio concluye que Artà cumple los requisitos y el Govern aprueba su declaración como zona tensionada, el municipio podría aplicar medidas previstas en la ley estatal, como la limitación de precios en determinados contratos de alquiler o la aplicación del índice estatal de referencia.

El Consistorio ha justificado la contratación de la FUEIB por su especialización en este tipo de análisis, así como por la falta de medios técnicos propios para elaborar un estudio de estas características. El contrato se ha adjudicado por un importe de 5.445 euros, IVA incluido.

No obstante, esta medida actualmente tiene pocas posibilidades de prosperar si se tienen en cuenta otros casos. El más claro es el de Esporles, cuyo ayuntamiento se autodeclaró el pasado mes de febrero como mercado residencial tensionado al aprobarse una moción del equipo de gobierno de PAS-Més que gobierna con mayoría absoluta después de que el Govern negara previamente esta posibilidad.

El alcalde Josep Ferrà justificó la medida como un "acto de autodefensa como pueblo". A pesar de la aprobación plenaria, el Govern confirmó después que los ayuntamientos no tienen competencias para declararse como zona tensionada, por lo que autodeclaración de Esporles se quedó como un acto simbólico.

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