Una sentencia frustra el proyecto de ampliar el espacio verde de Son Ferrer de Calvià

Una sentencia de una jueza de Palma ha frustrado el proyecto iniciado en el año 2021 por el Ayuntamiento de Calvià, que pretendió ampliar el espacio de la denominada zona verde de la urbanización de Son Ferrer. Una sentencia declara nula la decisión municipal que acordó apoderarse de una serie de solares particulares, acusando en algunos casos a sus propietarios de disfrutar de más espacio del que les correspondía, afirmación que se ha demostrado que era incierta.

Este proyecto de ampliación de las zonas verdes públicas se incluía en el denominado plan parcial de Son Ferrer. Fueron varios los propietarios afectados, que se habrían quedado sin sus terrenos por esta decisión. Todos ellos han demandado al Consistorio de Calvià. En algunos casos la demanda ha sido rechazada y en otros los jueces han dado la razón a los propietarios. La última sentencia corresponde a la demanda que defendió el abogado Juan Alemany Garcías, que demostró, a través de un perito, que el Ayuntamiento había utilizado datos erróneos para justificar esta expropiación.

Este expediente municipal se impulsó bajo el título administrativo de recuperación de oficio, ya que el Ayuntamiento acusó a los propietarios de ocupar un espacio verde municipal, que se encuentra ubicado en el conocido como merendero de Son Ferrer.

En la tramitación administrativa se aportaron una serie de planos y análisis de documentos que correspondían a la ordenación urbana de Calvià. El informe de la inspección técnica señalaba que se observaba que el cerramiento de la parcela que se pretendía recuperar invadía la zona de espacio libre público. Esta afirmación se basaba en los planos de obra que disponía el Ayuntamiento sobre este solar, pero que no coincidían con los datos que aparecían en el catastro, que señalaban que el terreno disponía de una superficie aproximada de unos 700 metros cuadrados. Los propietarios, que habían adquirido este terreno a través de una herencia, llevaban pagando desde hacía años los impuestos que se calculaban en función de los datos que aparecían en el catastro municipal y no en los planos que manejaba el consistorio.

El abogado de los propietarios cuestionó en esta demanda que el solar que pretendía adquirir el Ayuntamiento jamás había invadido las zonas verdes públicas, por lo que entendió que la decisión municipal era ilegal.

La jueza, para resolver esta cuestión, ha tenido muy en cuenta el informe realizado por un perito particular, que pudo demostrar que el Ayuntamiento aportó unos datos técnicos erróneos, puesto que las mediciones que se citaron en el expediente administrativo no estaban actualizadas. Y, por lo tanto, demostró que no era cierto que el solar sobre el que se centraba esta polémica había crecido, puesto que la superficie había sido siempre la misma, aunque el Ayuntamiento sostuviera lo contrario.

La magistrada señala que en los procedimiento de recuperación de oficio de estos terrenos es necesario cumplir una serie de requisitos legales, que en este caso no se han cumplido y, por lo tanto, la decisión municipal es ilegal y queda anulada. La sentencia incide en que en estas decisiones es necesario que exista un plano catrastal que responda a los datos reales. En este caso en el expediente municipal la finca ni siquiera aparece identificada y mucho menos queda demostrado que una parte del terreno tiempo atrás hubiera sido propiedad del Ayuntamiento.

La magistrada concluye afirmando que esta finca pertenece a los mismos propietarios desde hace casi 40 años, “constando inscrita en el registro de la propiedad, habiéndola poseído pública, pacífica y en concepto de dueños de forma interrumpida, habiendo abonado los impuestos correspondientes atendiendo a las dimensiones de su finca”, concluye la sentencia. La jueza impone al Consistorio de Calvià el pago de las costas de esta demanda judicial.

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