Proyectos industriales
Pollença abre la puerta a modificar el PGOU para prohibir las plantas energéticas en suelo rústico
La corporación aprueba por unanimidad una moción para reclamar al Govern la denegación de las autorizaciones de los dos proyectos de baterías de litio que están en tramitación en el municipio

Una imagen del pleno del jueves durante la intervención de un portavoz de la plataforma. / Ajuntament

El alcalde de Pollença, Martí March (PSOE), instó en el pleno de este jueves al resto de partidos a iniciar los trámites para realizar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1991 para prohibir la construcción de plantas de almacenamiento de energía en suelo rústico como las dos que están en tramitación actualmente y que han generado una gran alarma social en el municipio del Nord. Además, March aseguró tener “indicios” de que un tercer proyecto podría activarse en la zona rural del municipio, aunque todavía no tiene “evidencias concretas” de ello.
En este sentido, toda la corporación municipal escenificó su unión contra este tipo de proyectos industriales en suelo rústico con la aprobación por unanimidad de una moción inicialmente presentada por el equipo de gobierno (PSOE y Més per Pollença) y UMP que también fue apoyada por Tots-El Pi y PP con el objetivo de crear un frente común junto a las entidades sociales y económicas del municipio que ejerza de barrera de contención contra estos proyectos que “no aportan nada” y generan un “grave impacto” en toda la comunidad ‘pollencina’.
La propuesta unánime del Ayuntaminento rechaza la instalación de centrales de almacenaje energético en suelo rústico y se suma a la oposición vecinal contra los dos proyectos presentados en Llenaire y Almadrava por su “elevado impacto paisajístico y graves efectos mediambientales”, además de solicitar al Govern la “denegación” de la autorización solicitada por las promotoras y solicitar reuniones a las altas instancias con el fin de explicar la postura municipal contra estas infraestructuras.
Además, a petición de Tots-El Pi, el pleno aceptó la incorporación de una enmienda para instar a las administraciones competentes a realizar cambios legislativos para evitar estas instalaciones en suelo rústico, ya que esta coalición considera que tanto los decretos estatales como la normativa autonómica se muestran ambiguos sobre las autorizaciones en suelo rústico.
Durante el debate, un portavoz de la plataforma vecinal pudo intervenir para “dar voz a una reivindicación colectiva” y expresar el “rechazo unánime” a los dos proyectos por parte de la sociedad ‘pollencina’. El portavoz Jaume Torrandell denunció que el último proyecto presentado ocuparía una “finca inundable” próxima a torrentes, al mar y a numerosas viviendas y explotaciones agrícolas. “No se puede mirar un plano desde Palma y decidir la ubicación de un proyecto sin escuchar a la gente que conoce el territorio”, señaló antes de cuestionar la “solvencia” de una promotora que “no ha presentado las cuentas en los últimos tres años”.

Una imagen de la finca de Almadrava donde se proyecta una de las plantas, totalmente inundada. / DM
Por su parte, David Alonso, del PP, recordó que en la pasada legislatura se aprobaron dos leyes que “dejaban claro que estos proyectos se podían hacer por interés general en zonas rústicas”, lo que ha facilitado la presentación de ambos expedientes, y expresó su preocupación porque el gobierno central ha emitido un decreto que “prioriza las plantas de baterías”. No obstante, el regidor popular anunció que votaría a favor de la moción porque las plantas previstas en Pollença son una “aberración”.
Tomeu Cifre, portavoz de Tots-El Pi, también expresó su rechazo a estas instalaciones. “En Pollença tenemos un suelo rústico totalmente atípico y diferente a lo que puedan pensar los legisladores europeos o estatales, esto no es La Mancha o los Monegros, con extensiones enormes, aquí tenemos un suelo rústico urbanizado en el que no caben estas industrias”. Cifre se mostró de acuerdo en modificar el PGOU para frenar estos proyectos.
Por último, Joanaina Campomar (Més), señaló que los dos proyectos presentados “afectan a todo el municipio” y no solo a los vecinos próximos, porque tendrán un efecto “muy negativo” sobre el entorno y además no aportan ningún valor añadido al municipio. “Solo tienen interés estratégico para los promotores que especulan”, concluyó.
El alcalde cerró el debate asegurando que el Ayuntamiento presentará alegaciones e informes técnicos y solicitará reuniones con las instituciones competentes para frenar estas instalaciones.
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