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El alcalde de Sóller rompe su silencio por el caso Can Joan: “La querella carece de fundamento”

Miquel Nadal defiende la actuación del Ayuntamiento y asegura que colaborará con la Justicia tras la apertura de la investigación judicial

VÍDEO | Un juzgado investiga por prevaricación al alcalde, un concejal y dos exediles del PP de Sóller

Redacción Digital

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Sóller

El alcalde de Sóller, Miquel Nadal, el teniente de alcalde Carlos Darder y el exconcejal Juan Antonio Lorente han expresado su "máximo respeto por la Justicia" y han anunciado su "máxima colaboración" tras la admisión a trámite de la querella que les investiga por presuntos delitos de prevaricación administrativa y posible tráfico de influencias. En un comunicado conjunto, los tres responsables políticos aseguran que acaban de recibir copia de la querella, que está siendo analizada por sus abogados para conocer con detalle los hechos que se les atribuyen. Pese a ello, manifiestan su "absoluto convencimiento" de que los servicios del Ayuntamiento de Sóller "desempeñan su labor con pleno respeto a las normas", por lo que consideran que la querella carece "de fundamento".

El comunicado llega después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma acordara incoar diligencias previas tras admitir a trámite una querella presentada por los propietarios de un restaurante del Port de Sóller. La denuncia sostiene que el restaurante Can Joan, propiedad del exconcejal del PP Joan Ruiz, habría recibido durante años un trato de favor por parte del Ayuntamiento frente a otros establecimientos competidores.

Según la querella, el consistorio habría aplicado criterios distintos a negocios ubicados en situaciones urbanísticas similares. Mientras que otros restaurantes de la zona fueron sancionados, perdieron la licencia o fueron clausurados por encontrarse bajo un vial público, Can Joan habría mantenido su actividad pese a estar, según los denunciantes, en una situación equivalente.

Documentación

La magistrada considera que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa y ha requerido al Ayuntamiento abundante documentación, entre ella el expediente de la licencia de actividad del restaurante, sus modificaciones posteriores, la revisión de oficio solicitada en 2024, parte del Plan General de Ordenación Urbana y diversos expedientes sancionadores relacionados con el establecimiento.

Los querellantes sostienen además que existieron irregularidades en expedientes sancionadores sobre ocupación de la vía pública, falta de ejecución de resoluciones administrativas y modificaciones normativas que habrían beneficiado especialmente al negocio del exregidor.

Por el momento, la causa se encuentra en fase de instrucción y el juzgado deberá practicar las diligencias acordadas para determinar la naturaleza de los hechos y las posibles responsabilidades penales.

En su comunicado, Nadal, Darder y Lorente insisten en que colaborarán con la investigación judicial y reiteran su confianza en que el procedimiento demostrará la inexistencia de irregularidades en la actuación municipal.

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