Un juzgado investiga por prevaricación al alcalde, un concejal y dos exediles del PP de Sóller

Un juzgado de instrucción de Palma investiga al alcalde de Sóller, Miquel Nadal; el teniente de alcalde, Carlos Darder; y los exediles Juan Antonio Lorente y Joan Ruiz -todos ellos del PP- por prevaricación administrativa y posible tráfico de influencias, La causa parte de una querella presentada por los propietarios de un restaurante del barrio de Santa Catalina, una de las zonas turísticas más cotizadas del Port de Sóller. En ella, sostienen que un local regentado por Joan Ruiz habría recibido trato de favor durante años frente a otros negocios de la competencia, que fueron denunciados, sancionados e incluso clausurados. La magistrada encargada del asunto, que ha admitido a trámite la querella, ha reclamado ya al Ayuntamiento de Sóller diversa documentación sobre el caso.

El principal núcleo de la querella se centra en la licencia de actividad del restaurante Can Joan, regentado por el exregidor Joan Ruiz. Los querellantes afirman que el Ayuntamiento aplicó criterios radicalmente distintos ante situaciones idénticas de hecho y de derecho. En concreto, recuerdan que dos establecimientos (Ham y Coupage) ubicados en el mismo barrio y la calle de Santa Catalina, a escasos metros de Can Joan, fueron clausurados o privados de licencia por encontrarse bajo un vial público, al considerar el propio Ayuntamiento que el planeamiento urbanístico prohibía expresamente dicho uso. Sin embargo, esta normativa no se aplica al negocio del exconcejal del PP pese a estar también ubicado bajo una calle, en su caso Sant Ramon de Penyafort.

Cuando en 2024 se solicitó la revisión de oficio de la licencia de Can Joan por los mismos motivos urbanísticos, el Ayuntamiento no admitió la petición. La querella califica la justificación ofrecida por el consistorio para rechazar esta revisión como jurídicamente aberrante y sostiene que se construyó expresamente para evitar las consecuencias legales que sí se aplicaron a los otros establecimientos. Esta diferencia de trato constituiría el indicio más relevante de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias que se atribuyen a los querellados.

Lla querella recoge otros hechos que, según los denunciantes, formarían parte de un mismo patrón de actuación: supuestas irregularidades en expedientes sancionadores relacionados con la ocupación de vía pública con terrazas, falta de ejecución de resoluciones administrativas que afectaban a negocios de Ruiz, concesión de autorizaciones presuntamente contrarias a la ordenanza municipal y modificaciones normativas que habrían resultado especialmente beneficiosas para sus establecimientos.

En un auto firmado el pasado 15 de junio, la magistrada titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma considera que los hechos expuestos en la querella permiten presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa, por lo que acuerda la incoación de diligencias previas para esclarecer los hechos e identificar las posibles responsabilidades. En la resolución, la jueza señala que todavía no están determinadas ni la naturaleza exacta de los hechos denunciados ni las circunstancias en las que se produjeron, por lo que considera necesario abrir una fase de investigación. Asimismo, se ha dado traslado a los querellados y al Ministerio Fiscal.

Expedientes

Como primeras diligencias, la magistrada ha requerido al Ayuntamiento de Sóller que remita en un plazo de cinco días documentación relacionada con la licencia de actividad del restaurante Can Joan, incluyendo el expediente original de 2007, todas sus modificaciones posteriores y otros procedimientos administrativos vinculados. También solicita la documentación correspondiente a la revisión de oficio de dicha licencia tramitada en 2024 y otros expedientes municipales relacionados. Además, reclama la parte del Plan General relativa a las actividades autorizadas o autorizables en la zona portuaria de Sóller, así como todos los expedientes sancionadores incoados contra Ruiz por ocupación de la vía pública, con especial referencia a varios procedimientos tramitados durante el año 2023.

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