Vox obliga a la alcaldesa de Llucmajor a usar el voto de calidad para continuar las obras del polígono

El equipo de gobierno de Llucmajor, liderado por el PP con el apoyo de Vox y ASI, no paralizará por ahora las obras que se ejecutan en el polígono de Son Fosquet que son objeto de investigación por la Guardia Civil y que acumulan diversos informes técnicos y jurídicos municipales que instan a suspender el proyecto de forma cautelar por falta de título habilitante. Unas resoluciones de los técnicos de la casa que han sido obviadas por el departamento de Urbanismo con el aval de la alcaldesa Xisca Lascolas (PP), que en el pleno extraordinario de este viernes, forzado por la oposición, ha tenido que hacer uso del voto de calidad para tumbar la moción conjunta de PSOE, Més y Llibertat Llucmajor en la que se exigía la paralización de las obras y el cese de la regidora de Urbanismo, María Inmaculada Pérez, entre otras medidas. La abstención de la regidora de Vox, que ha roto la disciplina de voto del gobierno local, ha provocado un empate entre los votos favorables y contrarios a la moción que solo la intervención de Lascolas ha decantado a favor del equipo de gobierno.

Al igual que en el pasado pleno ordinario, la regidora Pérez no ha satisfecho las peticiones de explicaciones por parte de la oposición y ha reiterado que solo firmará el decreto de paralización de las obras cuando esté «segura» de que hace lo correcto y cuando disponga de «toda la información necesaria debidamente contrastada», con la novedad de que el Ayuntamiento ha encargado un informe externo a la UIB que determine si la actuación municipal cumple la legalidad.

Pérez ha insistido en que el proyecto que se ejecuta en el polígono se basa en resoluciones «aprobadas» por el Ayuntamiento, aunque el Plan Parcial se remonta al año 2006, y que «siguen vigentes». «No son obras clandestinas, empezaron en 2025 con pleno conocimiento de los técnicos y del Ayuntamiento», ha añadido antes de referirse a la existencia de «informes favorables» de otras administraciones. La regidora defiende que en este caso ha actuado «con rigor y responsabilidad», a pesar de admitir que su decisión de no paralizar las obras está siendo investigada por el Seprona.

Los portavoces de la oposición piensan todo lo contrario. Jaume J. Oliver (PSOE) ha incidido en la doble vara de medir que aplicaría Urbanismo, que por una parte permite estas obras sin licencia mientras que por otra parte mantiene a «más de mil familias del municipio» sin posibilidades de construir sus casas porque con retrasos que en algunos casos alcanzan los tres años esperan el permiso municipal. Oliver ha preguntado «qué hay detrás» de la actuación municipal y «qué nos están ocultando». «Es impresentable que se preocupen tanto por no perjudicar a una promotora y no hagan lo mismo por los ciudadanos», ha añadido el portavoz socialista, que también ha insinuado, junto al resto de portavoces de la oposición, la posible interposición de una denuncia ante la Fiscalía.

Por su parte, Alexandro Gaffar, de Llibertat Llucmajor, ha afirmado que la ley «es muy clara» cuando obliga a paralizar obras «sin licencia» y ha acusado a la regidora Pérez de «confundir el Plan Parcial del polígono con la licencia» y de rescatar «documentos antiguos que no se ajustan a la actual normativa» para justificar su negativa a ordenar el final de las obras. Gaffar ha recordado que este mes el Ayuntamiento ha sancionado a siete vecinos por ejecutar obras ilegales «sin dudar de los informes municipales», pero en el caso de Son Fosquet «no quieren firmar un decreto de suspensión de obras que les han puesto sobre la mesa en dos ocasiones». «Una empresa manda en el Ayuntamiento», ha concluido, en referencia a la promotora.

Oriol Gómez, de Més per Llucmajor, ha asegurado que el «relato del miedo a posibles indemnizaciones millonarias no es cierto» y ha criticado la decisión de solicitar un informe a la UIB «a pesar de tener informes de los técnicos de la casa con hasta seis firmas diferentes que solicitan la paralización de las obras», por lo que ha preguntado al gobierno local si «duda de los propios técnicos» o por contra cree que estos «les están haciendo la cama».

En cuanto a los socios de gobierno del PP, solamente Vox ha manifestado una cierta preocupación por la investigación y por ello se ha abstenido en la votación, obligando a la alcaldesa a usar su voto de calidad para tumbar la moción. ASI, por su parte, ha expresado su apoyo a la regidora Pérez a la espera del resultado de la investigación.

La alcaldesa Lascolas no ha intervenido en toda la sesión, aunque al finalizar el pleno ha calificado ante la prensa de «demagógico» el uso de las licencias que esperan los ciudadanos con el permiso para ejecutar las obras del polígono, que están «al 50%», según ha asegurado, y ha justificado la petición de un informe a la UIB como «entidad neutra» que puede «indicar si el procedimiento es correcto», porque «no lo tenemos claro».

Por otra parte, Lascolas ha admitido que se han producido «reuniones» entre técnicos municipales y de la promotora de las obras en las que no se ha levantado acta y por ello no figuran en los expedientes, una situación que la oposición califica de muy grave.

Suscríbete para seguir leyendo